Treinta años después de sus supuestos delitos, la justicia alemana exige nuevas extradiciones de integrantes de este grupo, al que no pudo condenar en su momento.
Las Células Revolucionarias (RZ, por sus siglas en alemán) nacieron en la Alemania de principios de los años ’70. Los miembros de las diferentes células actuaron desde su vida normal, es decir, contrariamente a los militantes de la Fracción del Ejército Rojo (RAF, por sus siglas en alemán), no pasaron a la clandestinidad, cosa que impidió que la saña persecutoria policial tuviera los éxitos deseados.
Uno de sus postulados principales era que la lucha subversiva nunca debía ir desligada de la práctica social. Con sus acciones e intensos debates, publicados en su revista Revolutionärer Zorn, pretendían complementar, apoyar y animar la lucha de los movimientos sociales. Contrarios a atentar contra la vida de las personas, actuaron en el campo del internacionalismo. Sus objetivos eran denunciar a la OTAN, centrales y armas nucleares. Además de señalar a explotadores y especuladores y a la política estatal con respecto a las personas inmigrantes. Por su parte, La Rote Zora, grupo formado exclusivamente por mujeres, se centró entre otras cosas en la lucha contra la biotécnica y la tecnología genética. A principios de los años ’90, las RZ pusieron fin a sus actividades por falta de estrategia revolucionaria después de la caída del Muro de Berlín.
Escurridizos a la policía
Hasta el nuevo milenio, policía y justicia alemana tuvieron que esperar para ver en el banquillo a personas acusadas de pertenencia a las RZ. Durante los últimos años tuvieron lugar varios juicios, en parte basados en dudosos testigos protegidos. Una búsqueda y captura que continúa más de 30 años después de los supuestos hechos.
En octubre de 2007, en una banlieu de París, una pareja alemana de avanzada edad se dirige a la farmacia donde habitualmente compran sus medicinas. ¿Una compra más? No. Esta vez les esperaba la policía.
Sonja S. (76) y Christian G. (67), a quienes las autoridades alemanas acusan de varias acciones supuestamente realizadas como miembros de las Revolutionäre Zellen [Células Revolucionarias], se hallaban en «paradero desconocido» desde 1978. Detenidos por primera vez, en Francia, en el año 2000, fueron puestos en libertad al rechazar el tribunal de París la solicitud alemana de extradición, dado que, según la ley francesa, las acusaciones ya habían prescrito. Sin estatus oficial, pero tolerada, la pareja vivió desde entonces cerca de París, a excepción de una breve temporada a finales de 2007, cuando fueron detenidos por segunda vez a raíz de un nuevo procedimiento de extradición, basado en los mismos motivos y ante el mismo tribunal. Pero el resultado fue diferente: el pasado 25 de febrero, el tribunal falló favorablemente a la extradición. Esta vez, la demanda se había presentado en forma de orden de detención europea, concepto legal intracomunitario, según el cual el país solicitado reconoce y acepta el contenido de la orden emitida por otro país miembro sin verificar el contenido de la misma.
Una mala novela policíaca
Lo que parece el comienzo de una mala novela policíaca no es sino una escena de un cuento de nunca acabar, un cuento de la Europa policial y penal, cuyo próximo capítulo podría ser la extradición, por parte de Francia, de aquella pareja a Alemania.
Para que Christian y Sonja también se sienten ante un juez de su país de procedencia, el Estado alemán cuenta con la ayuda del Gobierno y de la justicia franceses, fieles colaboradores del Estado español en asuntos de extradición, quienes con varios fallos contra antiguos militantes italianos también dejaron hecha añicos la doctrina Mitterrand, labor ya iniciada bajo el Gobierno de Chirac. Por su parte, las autoridades alemanas no dudan en servirse para su objetivo de muy cuestionables medios.
A Christian y Sonja se les acusa de la explosión de una bomba, en 1977, en una empresa que exportaba compresores para una instalación de enriquecimiento de uranio en la Sudáfrica del Apartheid; del ataque, ese mismo año, contra una empresa exportadora de bombas para centrales nucleares en todo el mundo; y de un incendio, en 1978, en el castillo de Heidelberg, como protesta contra la política de gentrificación del entonces alcalde. A Sonja se la acusa, además, de proporcionar ayuda logística para el ataque contra la conferencia de ministros de la OPEP de 1975 en Viena. Esta acusación se basa en declaraciones de Hans-Joachim Klein, quien resultó herido en este ataque, en el que hubo tres muertos. En 1976, Klein renunció a la lucha armada y vivió clandestinamente en Francia hasta su detención en 1998.
Declaraciones bajo sospecha
Enseguida, Klein se convierte en testigo protegido, incriminando, entre otros, a Sonja S. y Rudolf Sch. de haber participado en el ataque en Viena. En 2001, Klein es condenado a una pena-descuento: nueve años de prisión por triple asesinato, saliendo en 2003 en libertad provisional. Rudolf Sch. queda absuelto por considerar el tribunal que las declaraciones de Klein a este respecto son contradictorias y poco fiables. No obstante son válidas para la orden de detención contra Sonja.
Las otras tres acusaciones se fundan en los «interrogatorios» a Hermann F. Al explotarle una bomba prevista para una acción de protesta contra la junta militar de Argentina, en 1978, Hermann resultó gravemente herido, siendo necesaria la amputación de ambas piernas y la extracción de los ojos. Sufrió un daño cerebral con posterior epilepsia postraumática. A partir del momento de su ingreso en el hospital y hasta finales de octubre de 1978, quedó bajo vigilancia policial. A excepción de la de sus padres, sólo recibió «visitas» de policías, fiscales y algún juez. Los interrogatorios se iniciaron al día siguiente a la explosión.
Los abogados de Sonja y Christian consideran inaceptable que una orden de detención se base en declaraciones obtenidas bajo circunstancias que vulneran los derechos humanos elementales y la prohibición de métodos de interrogación inadmisibles.
Ahora parece que sólo cabe esperar. El 29 de mayo se desestimó el recurso interpuesto contra la sentencia favorable a la extradición. Una vez que el primer ministro francés firme la orden de extradición, Christian y Sonja podrán ser entregados a las autoridades alemanas.