Con más de 100 homicidios por cada cien mil habitantes en 2015, El Salvador es el país sin guerra más violento del mundo. «Es una realidad que afecta toda la vida cotidiana y que genera una alta tensión social. Resolver esa violencia es tal vez el principal desafío del actual gobierno del Frente Farabundo Martí […]
Con más de 100 homicidios por cada cien mil habitantes en 2015, El Salvador es el país sin guerra más violento del mundo. «Es una realidad que afecta toda la vida cotidiana y que genera una alta tensión social. Resolver esa violencia es tal vez el principal desafío del actual gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)» enfatiza Beat Schmid, agudo analista de la dinámica política y social de esa nación centroamericana.
Desde hace veinte meses Beat Schmid, economista suizo, vive en El Salvador donde colabora en tanto experto con el Gobierno Nacional en el área de gobernabilidad. Mucho antes, entre 1992 y 2004, había ya trabajado en ese país centroamericano en la esfera de la participación ciudadana, la descentralización y la reconstrucción posterior a cataclismos naturales. El actual es un momento esencial en su periplo de casi 30 años por Latinoamérica. Desde Nicaragua en los años ochenta a Uruguay, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, llegando a Cuba en 2005 para coordinar durante 8 años Oxfam/Canadá y MediCuba/Suiza.
Pregunta: ¿Cómo se origina ese fenómeno que pareciera desbordar al mismo Estado?
BS: Se ha ido gestando en las últimas dos o tres décadas y tiene que ver con pandillas juveniles que se generaron en Estados Unidos. Fundamentalmente hijos de refugiados salvadoreños que vivieron en Los Ángeles y se integraron a pandillas allá, principalmente conformadas por mexicanos. Era la población de más abajo y se organizaron como pandillas para defenderse en una sociedad que los rechazaba. Se volvieron delincuentes. Algunos de ellos regresaron deportados a El Salvador. Paradójicamente se habían ido de muy chiquitos como hijos de refugiados y volvieron convertidos en delincuentes. Ahora hay dos principales maras (ndr: bandas, pandillas) que se combaten entre si y que impactan en toda la sociedad.
P: Se habla de un proceso de gestación de hace 2 o 3 décadas. Pero el que debe ahora enfrentar el problema es el Gobierno del FMLN…
BS: En efecto. Y se ha ido agudizando ya que ni la sociedad ni el Estado han dado respuestas adecuadas. Las políticas exclusivamente represivas de los gobiernos de la derecha han fracasado y por ello, este gobierno plantea un abordaje integral con énfasis en la prevención y en la creación de oportunidades particularmente para jóvenes. Las maras se desarrollan en barrios populares – el 75 % de la población reside en ciudades– donde la gente vive en condiciones de gran marginalidad. Con estructuras familiares prácticamente destruidas por la guerra pasada, la violencia actual y la migración muy fuerte. En ese contexto hay jóvenes que piensan que la vida no vale nada. Los tatuajes habituales marcan un casi no retorno a la integración social para esta parte de una generación prácticamente criminalizada. Entonces se unen, se refuerzan entre ellos y comienzan a desarrollar la hegemonía social de las maras que implica proteger su sector y exigir el pago de una renta a los pobladores, acumulando así un poder económico producto de la extorsión. La población trata de arreglarse con esas dos maras para sobrevivir. El Estado tiene presencia débil en esos barrios. En 2015 hubo 60 policías muertos por las maras. Salen a delinquir fuera de su sector y se confrontan con el otro grupo. Una especie de guerra entre pobres. Los pobres son los más afectados por esta cotidianeidad.
P: ¿Con una salida viable?
BS: Va a ser un proceso largo, que excede el tiempo político del actual gobierno. Pienso que la única forma de resolver este drama es crear una contra hegemonía social. Ofrecer posibilidades especialmente a los jóvenes, darles oportunidades de vida. De 6.4 millones que es la población total del país hay un 10%, especialmente jóvenes, que no estudia ni trabaja. Casi el 10 % de la población, por otra parte, tiene algún tipo de relación, contacto o vive en zonas con fuerte presencia de las maras. La prevención es una política cara y con resultados sólo en el mediano y largo plazo, pero la represión no es el único camino, sino sólo el último y menos deseable. Adicionalmente, esa represión significa luchar contra sectores sociales bajos, lo que es casi dramático para este gobierno con ideales y propuestas progresistas. Las autoridades están empeñadas en encontrar esas opciones alternativas. Las que requieren una gran inversión social que no va a aportar frutos de inmediato. Todo esto en un momento de marcadas restricciones económico-presupuestarias.
P: ¿Es exagerado afirmar que el futuro del Gobierno y de la gobernabilidad están ligados a la resolución o no del tema de la violencia?
BS: Hay hoy dos temas fundamentales. La inseguridad, que es esencial. Y el del ingreso y el empleo. La caída del precio de petróleo y una cierta reactivación del mercado norteamericano generan la percepción que la economía va a ir mejor. Lo de la seguridad es más complejo. Es real que los grandes medios de información amplían los hechos creando una percepción social desfavorable. Y por eso el gran desafío gubernamental es también crear una percepción de que este problema puede resolverse. De lo contrario muchos de los logros sociales objetivos quedan eclipsados. Como los paquetes escolares para todos los alumnos y alumnas hasta el bachillerato; el programa de una computadora para cada niño o niña; los programas Casa Mujer, que benefician a miles de mujeres en situación de opresión. Y logros económicos reales: la auto suficiencia en granos básicos desde hace seis años; haberse convertido a El Salvador en el país con mayor crecimiento de las exportaciones en América Latina en el 2015; una disminución comprobada de la desigualdad medida, siendo hoy el segundo país más equitativo de América Latina; la expansión de la salud y educación públicas aunque también queda mucho por hacer en esas y otras áreas.
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