Con el nombramiento de José Manuel Durao Barroso como presidente de la Comisión Europea, es indudable que los Veinticinco no se han percatado de que iban a complicar seriamente la ratificación de la Constitución. No es Barroso el objeto de debate, es el hecho de que haya tenido que obtener la aprobación del grupo más […]
Con el nombramiento de José Manuel Durao Barroso como presidente de la Comisión Europea, es indudable que los Veinticinco no se han percatado de que iban a complicar seriamente la ratificación de la Constitución. No es Barroso el objeto de debate, es el hecho de que haya tenido que obtener la aprobación del grupo más numeroso del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE), que agrupa a la gran mayoría de democristianos y conservadores, entre ellos el PP.
A nadie sorprenderá que en una asamblea parlamentaria exista una mayoría de derechas o de izquierdas, aunque en el ámbito europeo las divergencias se dan más bien entre neoliberales y partidarios de las diversas formas de regulación de la economía y de las finanzas. En cambio, la novedad es que ahora la Comisión también tiene, y de manera oficial, un color político, puesto que su presidente es determinado por la mayoría política del Parlamento.
HASTA HOY, la Comisión, verdadero motor de la construcción europea, se ha beneficiado de la ignorancia del gran público sobre su naturaleza. Era considerada como un órgano técnico, incluso burocrático, que se designaba mediante el vago término de Bruselas. En caso de decisión impopular (tomada de hecho por los ministros), siempre era posible, para cualquier Gobierno, pretender que «la culpa es de Bruselas». Evidentemente era una impostura: por sus propuestas (de las que tiene el monopolio) en el Consejo y en el Parlamento, la Comisión hace política permanentemente, y política casi siempre neoliberal. El liberalismo económico es consustancial a la creación, el 1 de enero de 1958, de la CEE, convertida en UE en 1993.
Desde este punto de vista, la pertenencia política original de los comisarios no tiene ninguna importancia: una vez nombrados en Bruselas, se vuelven absolutamente liberales, si no lo eran ya antes. El ejemplo caricaturesco es el de Pascal Lamy, comisario de Comercio y que se ha convertido en una de las bestias negras de los movimientos sociales europeos por su integrismo librecambista. Ahora bien, ¡Pascal Lamy es miembro del Partido Socialista francés! Mientras que la Comisión podía ampararse tras el pretexto de defender un interés europeo que se consideraba por encima de las opciones políticas, aunque en realidad es la punta de lanza de la mundialización neoliberal, de ahora en adelante tendrá que asumir sus opciones ideológicas.
Las políticas trazadas a nivel europeo son profundamente impopulares, como lo han demostrado las elecciones del 13 de junio. La razón es simple: en todas partes se aplican, con algunos matices, las mismas políticas, las que se deciden a nivel europeo. A partir de la entrada en funciones de la futura Comisión va a ser posible imputar estas políticas a la derecha europea, lo que también resulta injusto, pues estas políticas han sido avaladas por todos los gobiernos, incluso por los socialdemócratas. Y todos apoyan la ratificación de la Constitución. Ahora bien, ésta constitucionaliza las políticas liberales y, teniendo en cuenta la unanimidad requerida para una eventual revisión, ¡las hace incluso irreversibles! Salvo una crisis europea importante, como el no de un gran país a la ratificación…
LA DECISIÓN de politizar la elección del presidente de la Comisión constituye un paso gigantesco, lógico pero arriesgado, hacia el federalismo. Queda por resolver el problema de la creación de un espacio público europeo. Para un ciudadano, ser políticamente minoritario en el interior de un espacio nacional democrático no plantea dificultad alguna. Pero esto es distinto para un país cuyo Gobierno se encuentre oficialmente en situación minoritaria, en términos de izquierdas o de derechas, en el seno de los Veinticinco.
¿Cómo aceptaría, la mayoría que lo ha llevado al poder, que aplicara la política de sus adversarios? ¿Para qué votar entonces?
La ausencia de legitimidad democrática de las instituciones europeas no puede más que exacerbarse. En efecto, inevitablemente llegará un momento en que unas elecciones en un Estado miembro plantearán una contradicción flagrante entre las posiciones nacionales y las europeas. La incertidumbre actual, que hacía pasar por europeas las políticas liberales, tenía muchas ventajas para los gobiernos y muchos inconvenientes para los movimientos ciudadanos.
La politización de la Comisión, aunque sea considerablemente artificial, tendrá el gran mérito de exponer a la opinión pública este funcionamiento. Cuanto más conocido sea, más difícil resultará la ratificación de la Constitución en los países en que se realice por referendo.
BERNARD Cassen es Director general de Le Monde Diplomatique.
Traducción de Xavier Nerín.