A Eduardo Luis Duhalde que tuvo la rara virtud de sostener desde el cargo lo que pensaba en el llano Luego de dos décadas de primacía de las democracias formales (restringidas, burguesas, de control de la dependencia, verdaderas «democraduras» al decir de Galeano) en la aplastante mayoría de países de América Latina, el […]
que tuvo la rara virtud
de sostener desde el cargo
lo que pensaba en el llano
Luego de dos décadas de primacía de las democracias formales (restringidas, burguesas, de control de la dependencia, verdaderas «democraduras» al decir de Galeano) en la aplastante mayoría de países de América Latina, el debate sobre los orígenes y legitimidad de la violencia política popular, retorna de la mano de dos iniciativas aparentemente desligadas por completo en Argentina y Colombia.
El debate sobre la violencia política popular en la Argentina volvió de la mano del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad contra una parte importante de la cadena de mandos y algunos de los responsables civiles del Terrorismo d/e Estado que perpetró un genocidio en la Argentina de los setenta del siglo pasado y de las reacciones que la derecha militar y civil consiguió articular luego de una década de derrotas parciales en el terreno jurídico y cultural. Luego de un largo rodeo por los senderos de «la inseguridad», el «garantismo» y la «falta de equilibrio» en el proceso de juicio y castigo, la derecha recuperó la palabra y salió a reivindicar el genocidio como una respuesta, exagerada acaso, desmesurada si se quiere, pero respuesta al fin a las provocaciones que la violencia popular, el otro terrorismo, el otro «demonio» en el lenguaje que los intelectuales retornados del exilio (y de vuelta de sus convicciones revolucionarias de los 70) al servicio del gobierno de Ricardo Alfonsín (1983/1989) popularizaron desde aquel famoso prologo que el escritor Ernesto Sábato estampara al informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), conocido por las palabras con que el fiscal Strassera cerró su alegato en el juicio a la Junta de Comandantes en Jefe (causa 13): Nunca Más!
En cambio en Colombia, que sufre un conflicto social, político y militar ininterrumpido desde 1948, año del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán que desencadenó una serie de levantamientos y enfrentamientos armados que derivaron en un interminable conflicto entre los campesinos y la oligarquía que pretendía (pretende) apoderarse de todas sus tierras cultivables y/o susceptibles de explotación minera. De acciones de auto defensa primero por parte de los campesinos que no aceptaron el pacto de liberales y conservadores y sucesivas y crecientes acciones militares que obligaron a que una parte de los agredidos se organizara en fuerzas insurgentes se pasó a sucesivos planes de exterminio, con la supervisión, financiamiento e intromisión directa del Comando Sur del Ejercito de los EE.UU. que generaron la mayor tragedia latinoamericana del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Allí también los debates ha seguido las líneas de ascenso y descenso de las resistencias populares: cuando la hegemonía estatal y burguesa se torna ostensible y omnipresente, se impone el relato macartista, típico de la guerra fría, de que Colombia sufre un ataque despiadado de fuerzas terroristas, ayer títeres del imperialismo ruso hoy instrumentos del narco tráfico apátrida; pero cuando las relaciones de fuerzas cambian y se instalan escenarios de disputa política, como lo es claramente el proceso de diálogos entre las fuerzas insurgentes, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, aparece el mismo discurso de «equiparación de responsabilidades» entre dos bandos armados, que cometieron toda clase de tropelías, en un conflicto irracional que debe terminar ya!, aunque no se resuelvan los problemas económicos sociales en debate, «que podrán tratarse más luego». Así como el presidente Santos trata de vestir las prestigiadas máscaras de la integración latinoamericana y del Mercosur para velar su rol de conductor militar del último intento de aniquilación de la insurgencia[1], era el Ministro de Defensa de Uribe, así cambian los discursos con el tiempo. Es que es en el terreno de las palabras, en las disputas por el sentido de las palabras es que primero se explicita la disputa por la hegemonía cultural, que no es otra cosa que uno de los modos principales en que se realiza la discusión por la direccionalidad de los proceso sociales tal como lo anticipaba Antonio Gramsci: «toda vez, que de una manera u otra aflora la cuestión de la lengua, significa que se está imponiendo una serie de otros problemas: la formación y ampliación de la clase dirigente, la necesidad de establecer relaciones más intimas y seguras entre los grupos dirigentes y la masa popular nacional, es decir de reorganizar la hegemonía cultural».
En mi opinión, la teoría de los dos demonios es siempre la segunda opción del discurso del poder. Si fuera por ellos, utilizarían el discurso duro de los yankees contra el terrorismo, reacondicionado luego del 11S norteamericano con el Acta Patriótica y la ofensiva integral que llevó a la legitimación social de la tortura y el control casi absoluto de la vida de los ciudadanos so pretexto del peligro terrorista. Así ocurrió en el periodo de auge del dominio dictatorial en la Argentina (1976/1981) y en la borrachera exitista y sangrienta de Álvaro Uribe en el poder (2002/2010), prolongada en los primeros meses del gobierno Santos, cuando estaban convencidos del aniquilamiento de las F.A.R.C. y la eliminación de toda forma de resistencia popular, pero cuando la impunidad tambalea y las sombras de la Verdad, la Memoria y la Justicia se perfilan en el horizonte, invariablemente el Poder Real, apela a formas variadas de la teoría de los dos demonios. Pareciera, a la distancia pero desde el mismo territorio latinoamericano y la misma dinámica de confrontación entre la impunidad y la verdad, la memoria y la justicia que en Colombia se preserva como virginal la labor de exterminio del Ejercito (y sus aliados de EE.UU. e Israel) pero se demoniza a los paramilitares en contraposición de las fuerzas insurgentes. Así, no solo han sido «juzgados» (cierto que de un modo muy particular, siguiendo el esquema sudafricano de «canjear» supuesta información por un perdón casi Papal) sino que ahora reclaman ser parte de las conversaciones para concluir el conflicto, cuando una de las medidas imprescindibles para que el dialogo no sea burla es que sean finalmente desarticulados y no puedan «renacer» como lo hacen continuamente bajo nuevos nombres que designan a lo mismo de siempre.
En la Argentina, fueron los partidarios de Raúl Alfonsín los que sentaron las bases de la supuesta teoría: primero con dos decretos presidenciales por los que se ordenaba la captura de los jefes de las organizaciones guerrilleras PRT/ERP y Montoneros por un lado y de la Junta de Comandantes en Jefe por el otro (decretos 157/158) que luego el afamado escritor Ernesto Sábato, el mismo que se había entrevistado con el dictador Videla [2] sin reclamar por la vida de ninguno de los cientos de intelectuales desaparecidos, estampara con cierto brillo literario en el Prologo del Nunca Más: «Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda» para continuar «a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24/03/1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a los miles de seres humanos».
El discurso fue un justificativo ético y teórico para la claudicación moral y política de Alfonsín ante los genocidas que se alzaron en la Semana Santa de 1987 y obtuvieron las leyes de Punto Final y de Olvido que clausuraron la vía jurídica del reclamo, impunidad que se pretendió remachar con los indultos presidenciales hacia los pocos condenados por el Juicio a la Junta. Vinieron entonces casi quince años de dura impunidad en que el discurso de los dos demonios se convirtió en hegemónico mientras se descalificaba a las víctimas que no se subordinaban al mandato de los aparentes vencedores y seguían reivindicando su identidad política revolucionaria y no abjuraban del pasado militante. Debe quedar claro que como parte de la resistencia al menemismo y las «relaciones carnales» con el imperialismo yanqui, hubo que combatir hasta derrotar la teoría de los dos demonios en los dos terrenos donde se había impuesto: el político cultural, que afectaba la resignificacíón del pasado reciente y el jurídico. Esa batalla cultural, que se dio en términos clásicos de las disputas culturales [3], no se resolvió en el terreno cultural sino en el terreno de la lucha de calles. Fue el Diciembre Popular Insurreccional contra De la Rúa, la Alianza con el FrePaSo (que expresaba la continuidad del posibilismo intelectual que había abrazado la teoría de los dos demonios) el que generó las condiciones -con el descalabro del neoliberalismo en el plano teórico y del gobierno de De la Rúa en el plano práctico- para la superación de la equiparación de victimas y victimarios. Fue en el proceso de los juicios conquistados que se fue probando (y no solo con el testimonio de los sobrevivientes sino con documentos secretos de la Junta Militar que se iban consiguiendo) el Plan de Exterminio largamente preparado por una Doctrina de Seguridad Nacional que desde 1968 (mucho antes que comenzara cualquier forma de lucha armada de las organizaciones populares) ya preveía el aniquilamiento de los militantes, la tortura y la desaparición de los compañeros. Esos avances fueron reflejados en dos documentos oficiales claves: el prólogo que el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde [4] escribiera para la reedición del Nunca Más, como parte de la conmemoración del treinta aniversario del 24 de marzo y el dictamen que el entonces Procurador General de la Nación Dr. Esteban Righi [5] firmara en noviembre de 2007. Decía Duhalde: «es inaceptable pretender justificar el Terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables. Por otra parte el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976 cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el status quo porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculdas». [6]
Y agregaba Righi desde la perspectiva jurídica y la aplicación del Derecho Internacional: [7] al hacer suyo un dictamen de los Dres. Pablo Parenti y Jorge Auat de la Unidad Fiscal por Delitos de Lesa Humanidad al analizar la causa abierta en la ciudad de Rosario por la muerte en 1975 del Tnte. Coronel Argentino Larrabure, atribuido al Ejercito Revolucionario del Pueblo: «Estos antecedentes demuestran que el elemento de contexto, que distingue los delitos comunes de los crímenes contra la humanidad según la práctica existente hasta la década de 1970, se apoya en que los actos forman parte de una política del Estado. Ello se desprende con claridad de la circunstancia de que los hechos a los que se aplicó esta categoría de delitos en todos los casos fueron crímenes cometidos a gran escala y con la participación o la tolerancia del Estado. En suma, los actos fueron cometidos por funcionarios del Estado o por agentes no estatales actuando de conformidad con la política de un Estado.» Para agregar luego: «Es claro que las categorías jurídicas pueden modificarse, pueden variar su alcance y también sus fundamentos. En cierta medida ello ha sucedido con la categoría de los crímenes contra la humanidad, especialmente a partir de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, pues se observa una tendencia a ampliarla hacia actores no estatales que, sin embargo, tienen un gran poder lesivo y pueden actuar a gran escala desplazando al poder del Estado.
Uno de los supuestos que se han aceptado es el caso de organizaciones que ejercen de Jacto el poder en determinado territorio y, por ello, reemplazan de hecho al Estado. En este sentido puede citarse la definición de la categoría que realiza Alicia Gil Gil: son crímenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de Jacto» con la aclaración necesaria de Para Ambos y Wirth: «[e]n la actualidad no existe duda de que la entidad que opera tras la política no tiene que ser m Estado en el sentido del Derecho público internacional. Es suficiente con que sea una organización que ejerza de Jacto un poder en un territorio dado». Pero agregan, luego de mencionar la jurisprudencia del Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia, que en la categoría de los crímenes contra la humanidad «[…] no están comprendidas organizaciones que, siendo capaces de ejercer cierto poder, no son la autoridad de Jacto sobre un territorio, en virtud de que existe una entidad mas elevada o mas poderosa que la domina». La autoridad en cuestión es más bien la que ejerce la autoridad más alta de Jacto en el territorio y puede, dentro de ciertos límites, dominar a todos los que tienen poder y a todos los individuos. Así, una organización criminal en un Estado que todavía ejerce el poder sobre el territorio (por ejemplo, mediante las fuerzas policíacas normales) donde está activa la organización, no entraría dentro de la categoría de la entidad que se oculta tras la política. Si tal organización, según sus planes, comete múltiples delitos, esto, como tal, no hará que tales crímenes lleguen a ser crímenes contra la humanidad, En relación con los últimos desarrollo de la figura debe decirse que la necesidad de un vínculo entre los actos y un contexto determinado fue expresamente contemplada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al momento de tipificarse la figura de los «crímenes de lesa humanidad».
En el artículo 7 del Estatuto se entiende por «crimen de lesa humanidad» cualquier acto de los enumerados en el párrafo 1 de esa norma (asesinato, tortura, desaparición forzada de personas, etc.) «cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». Este es el particular contexto requerido para que cierta conducta pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad. Ahora bien, el Estatuto introduce el llamado policy elemental al disponer que por »’ataque contra la población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política».
Tal como se ha visto en este apartado la figura de los crímenes contra la humanidad aparece asociada a la criminalidad de Estado. De esta evolución surge claramente que a la fecha de los hechos de la causa no existía una práctica que avalara el empleo de la categoría de los crímenes contra la humanidad para hechos cometidos por organizaciones no vinculadas al Estado, como fue el caso del ERP. Tampoco resultaría aplicable la categoría aún si se tomara su formulación posterior, que admite la intervención de organizaciones no estatales pero con un poder similar al del Estado o que de Jacto ejerzan el poder. Contrariamente a lo que se sostiene en el dictamen del Fiscal de Cámara de Rosario, no existen elementos para afirmar que el PRT-ERP o alguna otra organización armada de la década de 1970 haya tenido control territorial o un poder tal que pueda dar lugar al uso de la categoría de los crímenes contra la humanidad, ni siquiera tal como se la entendió a partir de la década de 1990 (cf. punto III -B-).
De todos modos, es evidente que la aplicación de una noción más amplia de los crímenes contra la humanidad surgida con posterioridad a los hechos del caso violaría la prohibición de retroactividad (nullum crimen sine lege praevia) dado que implicaría la adjudicación a estos delitos de una categoría que importa consecuencias penales más severas que las que acarreaban al momento de su comisión (imprescriptibilidad, por ejemplo). Esto fue claramente señalado por la CSJN en el caso Lariz Iriondo. Allí se explicó que los hechos por los cuales se requería una extradición no podían ser considerados crímenes contra la humanidad al momento de su comisión. En ese fallo los jueces Maqueda y Zaffaroni afirmaron que «[…] esta Corte considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la ratificación de las convenciones respectivas cuando el derecho internacional consuetudinario los consideraba tales también con anterioridad a las convenciones, pero no puede adoptar igual criterio respecto de aquellos que antes de las convenciones respectivas no eran reconocidos en esa categoría ni con esas consecuencias en materia de imprescriptibilidad por el derecho internacional consuetudinario; pues en este último supuesto estaría haciendo aplicación retroactiva de la convención».
Lo señalado por estos jueces plantea correctamente la cuestión atinente al principio de legalidad. Sabido es que el derecho penal internacional admite fuentes distintas que las exigidas tradicionalmente en el derecho penal común de raíz europeo-continental. Básicamente, en derecho penal internacional se admite el uso de la costumbre internacional Sin embargo, ello no implica admitir la retroactividad. Por el contrario, en el derecho penal internacional también rige la exigencia de «expraevia, sólo que ley previa bien puede ser una norma consuetudinaria». El dictamen del Procurador General de la Nación fue receptado por la Cámara Federal de la Rosario en el fallo sobre Larrabure, Argentino del Valle s/su muerte (nº 18/07) y transformado en Instrucción General para los Fiscales que deberán utilizarlo como parámetro al momento de analizar situaciones similares y así contriburi a cerrar el paso a los recurrentes reclamos de equiparación en el juzgamiento de los crímenes de uno y otro bando que no dejan de realizar los genocidas, sus abogados e intelectuales.
En el ciclo de luchas populares abierto con el Diciembre Popular Insurreccional del 2001; en la nueva situación política e institucional que se genera con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y la conocida serie: entrada a la Esma, bajada de los cuadros del Colegio Militar, anulación de las leyes de impunidad por el Poder Legislativo primero y el Judicial después, la reapertura de los juicios y el consiguiente castigo a un número creciente de represores y asociados civiles, se fue consolidando una resignificacíón de la historia reciente que dio por tierra los fundamentos de la teoría de los dos demonios; pero en la medida que la derecha recuperó fuerzas y se decidió a reinstalar algunos de sus valores culturales fundamentales, también se volvió a cuestionar la legitimidad de los testimonios de los sobrevivientes y asoma en el horizonte un nuevo modo de la teoría de los dos demonios.
Conviene prestar atención a dos hechos recientes: al escándalo mediático so motivo de la reedición del Nunca Más por la editorial universitaria Eudeba y a la media sanción legislativa (aprobada en Diputados, giró a Senadores y se tratará en el 2013) de un subsidio para familiares de víctimas de un combate entre el Ejercito y Montoneros en octubre de 1975 en Formosa, al noreste argentino, en la frontera con Paraguay[8]. En el primero, los medios hegemónicos (Clarín y La Nación en primer lugar) destacaron de todos los modos posibles la contradicción existente entre el prologo de Ernesto Sábato y Eduardo Luis Duhalde, so pretexto de que en una reedición del libro se omitía la firma del prologo, tal como había ocurrido en todas las anteriores versiones dado que Sábato lo firmó a nombre de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y que Duhalde si lo firmó por ser una presentación de la reedición, lógicamente externo al Informe tantas veces publicado, puntualmente en el tema de los Dos Demonios, reeditando los argumentos justificativos del genocidio en la «culpa» de los terroristas de ayer, «hoy en el gobierno» según los medios citados. La votación del subsidio es aún más perverso porque involucra a buena parte del oficialismo y de sectores que habían acompañado el proceso de Juicio y Castigo que sucumben ante la presión de la derecha o abjuran de sus principios en aras de un falso concepto de «gobernabilidad» que, en cuanto se basa en acordar y conciliar con la derecha, se convierte en su contrario.
En los años 60, la Revolución Cubana, con su accionar liberador puso más de manifiesto el carácter reaccionario y deshumanizante de la dependencia de los pueblos hacia los Estados Unidos abriendo o profundizando todo tipo de debates, incluido el de la violencia. Pretender pensar aquellos años, y sus consecuencias mediatas al margen de aquellas discusiones no solo es metodológicamente incorrecto, sino básicamente erróneo. La propia Iglesia de Roma, conmovida por las tensiones desatadas convoca a un Concilio: el Vaticano II que transcurrió en cuatro sesiones realizadas entre 1960 a 1965, iniciada por un Papa y concluido por otro que en 1967 da a conocer la encíclica Popolurum Progressium donde estampa una frase que hoy causaría espanto en el Vaticano del siglo XXI (y también en las jerarquías eclesiales argentinas y colombianas): «la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es la llamada violencia estructural, la injusticia de las estructuras sociales, sancionada por un orden legal injusto y orden cultural ideologizado, que como tales constituyen la institucionalización de la injusticia». Préstese atención al concepto de que «la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es la llamada violencia estructural» lo que no pocos interpretaron como un asumir la posición desarrollada por Carlos Marx en colaboración con Federico Engels a fines del siglo XIX que se podría resumir en la sentencia contenida en el Antidhuring: «el poder, la violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin», sabiéndose que los fundadores del comunismo como corriente política y pensamiento filosófico sostenían que para conquistar la igualdad real, ya no la formal proclamada por la Revolución Francesa de 1789 en su Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, reivindicaban la lucha de clases hasta lograr el poder popular que acabe con las condiciones materiales que permiten «la ventaja económica» y por ende «el poder, la violencia» como medio de sostenimiento.
Entrevistado por la revista Marcha en 1965, el sacerdote colombiano Camilo Torres brindó su interpretación del surgimiento de las FARC que a la distancia nos resultan convincentes y coherentes con el pensamiento crítico de la época y de las nuevas ideas que crecían en la Iglesia Latinoamericana: «Las guerrillas en Colombia son mucho más que un problema policial o un problema político. Son un problema social que toca las raíces mismas del país. Por eso no sirven las calificaciones morales para condenar la lucha guerrillera. Es lo mismo que el ejército: no podemos aprobarlo o condenarlo con calificaciones morales abstractas. Hay que ver a qué fines sirven unos y otros, guerrillas y ejércitos. Cuando todos los canales de ascenso social parecían cerrados para el campesinado y la estructura opresora de la sociedad colombiana inconmovible, las guerrillas vinieron a abrir, bien o mal nuevos canales de ascenso, y a través de su existencia decenas y cientos de miles de campesinos adquirieron conciencia de seres humanos capaces de decidir en la historia de Colombia, por primera vez. Quienes en nombre de la conservación social condenan el fenómeno, deben antes explicar por qué las viejas estructuras no pudieron satisfacer esa necesidad».
No pretendo en estas líneas recorrer el discurso descalificatorio que el Poder ha ensayado contra la insurgencia colombiana. En general, me animaría a afirmar que ha recorrido el camino que va de la metáfora de «instrumentos del comunismo internacional» a «narcotraficantes», incluyendo la insinuación de que si alguna vez fuera legitima la lucha insurreccional en la Colombia de los 60/70, con la caída del Muro de Berlín, el fin de las ideologías y las utopías la guerrilla perdió razón de ser y se lumpenizó transformándose en una banda de delincuentes que solo buscan enriquecerse por medio delincuenciales. Pienso que ese fue el discurso justificatorio de la etapa penúltima en que Uribe y Santos se empecinaron en el aniquilamiento total de las FARC invirtiendo millones de dólares, toneladas de explosivos y miles de hombres armados y equipados al más alto nivel mundial. Pero con el fracaso de los planes militares que prometían la «solución final», en las condiciones en que Colombia no puede permanecer al margen del Mercosur (por estrictas y razonables intereses comerciales de la misma burguesía colombiana), frente a la ofensiva popular y el reacomodamiento táctico militar y político de las FARC que logró contactar y ser parte del proceso de reanimación del movimiento social y popular, se abrió paso un proceso de diálogos que ha declarado el objetivo de la solución del conflicto. Es entonces que cobra nuevo sentido la insistencia en calificar a las FARC como terroristas: para negar toda razón social y legitimidad a los reclamos sociales. Aunque muchos actores no lo perciban todavía, hay entre la descalificación ética y política de las luchas históricas de la insurgencia colombiana (y no solo de las Farc, también de las de Camilo Torres y el primer Ejercito de Liberación Nacional y otras experiencias similares) y el programa de reformas y exigencias éticas que levanta el movimiento social y popular colombiano una intima relación de hermandad en la que se juega buena parte del futuro del gran país fundado por Bolívar, cuyo derrotero es clave en el rumbo de toda nuestra América.
Porque, como bien decía George Orwell en su magnifico «1984»: «Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado.» Y claro que es el futuro de nuestros pueblos lo que está en juego cuando se discute sobre violencia popular, guerrillas, terrorismo de Estado, genocidios y demonios varios.
Que el sueño eterno de la libertad no se abrazó nunca a los monstruos de la razón, sino a los genios de la imaginación, bellos como la verdad, desde aquel Don Quijote de Cervantes que una y otra vez, contra toda razón y despertando la ira burguesa de la «normalidad» arremetía contra los molinos de viento. Igual que nosotros.
[1] Alentados, asistidos y financiados por el formidable aparato militar y de inteligencia norteamericano, Plan Colombia y otros, lograron exterminar buena parte de la conducción histórica de las FARC: Alfonso Cano, Raúl Reyes y el Mono Jojoy entre los de mayor jerarquía en la organización; pero contra toda previsión las FARC no solo mantuvieron capacidad combativa sino que incrementaron notablemente su relación con el movimiento popular y político colombiano y latinoamericano.
[2] La entrevista fue el 19 de mayo de 1976, en plena orgía represiva
[3] Tengo a la vista una recopilación de Herman Schiller sobre el tema del año1986, ¿Hubo dos demonios?, Ediciones Reencuentro; facilitada por el Dr. Carlos Zamorano, quien siemrpre resulta un consultor imprescindible en esta temática.
[4] Fallecido el 3 de abril de 2012, fue reemplazado por el Dr. Martín Fresneda
[5] Renunció a su cargo el 10 de abril de 2012, fue reemplazado por la Dra. Alejandra Gils Carbó
[6] Edición del Nunca Más de ls Secretaría de DDHH de la Nacíon, con motivo del 30º aniversario del Golpe
[7] http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/RES-PGN-158-07-Larrabure.pdf
[8] Ver declaración de la Liga http://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/2012/12/03/contra-la-vuelta-de-la-teoria-de-los-dos-demonios-declaracion-de-la-liga-argentina-por-los-derechos-del-hombre/
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