Traducido por Juan Vivanco
El paquete de medidas de seguridad propuesto por [el nuevo ministro del interior italiano] Roberto Maroni podría chocar con las normativas europeas. «La suspensión de Schengen es incompatible con el principio de la circulación libre, esta acción hay que justificarla, tampoco podemos cerrar las fronteras porque no nos gustan los rumanos», resume una fuente diplomática. ¿Y el delito de inmigración clandestina? «Corresponde a cada estado miembro y no a la UE decidir lo que es delito» aclara la misma fuente, «pero si Italia crea el delito de inmigración clandestina sería algo inusitado. Hasta ahora sólo existen sanciones administrativas».
Bruselas, antes de pronunciarse oficialmente, espera a conocer bien el contenido del decreto de seguridad, pero mientras tanto, aunque oficiosas, llueven las críticas. «Suspender Schengen» afirma una fuente comunitaria «es como suspender el Tratado, no se trata sólo de las fronteras. La directiva ha nacido para ampliar la circulación libre de las personas, no para limitarla». En una palabra, Europa espera con cierta aprensión un decreto que podría situar a Italia no sólo fuera de Schengen, sino también de la ley comunitaria.
«Schengen» aclara el diplomático «sólo se puede suspender con urgencia por motivos muy concretos: orden público, seguridad nacional o salud pública». Según las reglas, cada país del área Schengen puede cerrar sus fronteras (desde un solo paso, aeropuerto o puerto, hasta todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas) de forma unilateral y urgente sólo por sucesos extraordinarios, como cuando Francia las cerró justo después del atentado de Londres en 2005. Una vez tomada esta decisión, el estado tiene 30 días para explicarles a sus socios el motivo de su iniciativa. En otros casos -como las reuniones del G8 en Génova y Heiligendamm o la boda del príncipe Felipe en España-, Italia, Alemania y España habían notificado previamente su decisión. Otra cosa es restablecer los controles fronterizos, pero esta iniciativa también tiene que ser temporal y basada en motivos de peso.
Si el gobierno de Berlusconi pidiese una revisión global de la directiva sobre la circulación libre, quedaría bastante aislado. «Las modificaciones» asegura Friso Roscam Abbing, portavoz del ex comisario Franco Frattini «no se pueden hacer de un día para otro, y menos cuando parece que se trata de una demanda sólo italiana».
En el caso de la expulsión de personas concretas la cosa cambia un poco. La normativa de la UE que entró en vigor en 2006 (unos meses antes del ingreso de Rumania y Bulgaria) prevé la expulsión de «comunitarios» de otros países que hayan cometido delitos o representen una amenaza para la salud o la seguridad nacional. Y también de quienes, 90 días después de haber entrado en un estado miembro, sigan sin tener los recursos necesarios para vivir. Es un concepto tan vago que la Comisión, informalmente, aconseja a los expulsados que se busquen un abogado, ya que podrían ganar el juicio ante el Tribunal de justicia de Luxemburgo.
En cuanto al tiempo de detención en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes, la idea de Maroni de extenderlo a 18 meses es compartida por la mayoría de los estados miembros y del Parlamento Europeo. Pero la directiva sobre repatriaciones, que debía aprobarse en breve, está bloqueada porque Italia y otros países quieren endurecer varios aspectos. La discusión se reanudará la semana que viene y la directiva podría aprobarse en el verano. Después, la presidencia francesa podría echarle una mano a Italia, ya que para Sarkozy, lo mismo que para Maroni, la seguridad es prioritaria. Ayer mismo [13 de mayo], en París, invitó a sus socios a evitar nuevas regularizaciones.
Fuente: http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/14-Maggio-2008/art15.html