Si estamos de acuerdo en que la crisis del régimen político-legal-económico actual, por su complejidad (originada en el sistema de dominación legal), es histórica, duradera, tiene elementos de desborde de los poderes fácticos, y con tendencia a expresarse en el proceso electoral, pues, tendremos que concluir también que la salida a la misma por parte […]
Si estamos de acuerdo en que la crisis del régimen político-legal-económico actual, por su complejidad (originada en el sistema de dominación legal), es histórica, duradera, tiene elementos de desborde de los poderes fácticos, y con tendencia a expresarse en el proceso electoral, pues, tendremos que concluir también que la salida a la misma por parte de la Elite, tiene que ser bien pensada de tal manera que recupere la confianza de los dominados en su propio sistema legal de dominación y explotación.
En este marco, se desarrolló una estrategia de crear un escenario de polarización política, que se ejecutó post Lavajuez, al romper Vizcarra con el aprofujimorismo, y apuntalar un eje de «lucha contra la corrupción», para hacer pasar la ofensiva antipopular como el DS 345 y su alineamiento con Trump en la guerra contra el proceso bolivariano. Esta cuestión se expresó con la formación de un equipo estratégico dentro de la fiscalía en alianza con IDL y los mass media afines que a la vez desarrolló la estrategia de las prisiones preventivas y el referéndum con aires bonapartizantes (de poder personal de Vizcarra y su intervención como árbitro en la crisis).
Como observamos, la manipulación no solo implica distraer la atención de la opinión pública, sino desarrollar un gran proyecto político amplio de recambio burgués (captando el voto del aprofujimorismo), que le permita a la patronal recuperar estabilidad (con José Domingo Pérez o alguien con la aureola de incorruptible), su tasa de ganancia a través de los planes de ajuste estructural y a la vez descomprimir la consigna radical «Que se vayan todos y Asamblea Constituyente (con poder)» y en ese sentido «arrebatarles» a las masas cualquier desarrollo de conciencia política independiente que pueda desembocar en una gran rebelión social como lo fue el Paro Nacional de 1977 o la Marcha de los 4 Suyos.
Para esta tarea estratégica, el gobierno, tiene experimentados cuadros políticos y sociólogos que vienen de la izquierda como Jorge Nieto Montesinos, Carlos Basombrío, Fernando Tuesta Soldevilla, además del apoyo de la embajada yanqui, el capital financiero y transnacional, las FF.AA., entre otros.
Prisiones preventivas con criterio político. ¿Y Toledo, G y M y los banqueros?
Es así como las prisiones preventivas son utilizadas bajo un criterio político. A pesar que a Toledo se le abrió proceso judicial en el 2013, este sigue libre y celebrando como «Pedro en su casa». Y es que a diferencia de los demás «fusibles políticos», Toledo tiene al apoyo del partido republicano y demócrata norteamericano (según el literato Gore Vidal, son un solo partido: El de la propiedad privada). Fue entonces que el establishment decidió meter preso preventivamente, en julio del 2017, al más débil: Ollanta Humala (y su esposa Nadine Heredia).
Al caer PPK (por su debilidad, indulto a Fujimori y como subproducto de las movilizaciones populares), el ascenso de Vizcarra al poder se da en medio de estas contradicciones y de su debilidad intrínseca de legitimidad. Y es entonces cuando deciden meter presa a Keiko el 31/10/18 «saltando» la popularidad del mandatario de 22% en abril a 65% en noviembre. Pero cuando a Vizcarra le toco gobernar en serio en el 2019 (reconstrucción del norte, Las Bambas, conflicto en Loreto, anemia, etc.), su popularidad comenzó a derrumbarse hasta llegar al 44% en abril. Fue cuando decidieron encarcelar a PPK, pero no surtió efecto en la «encuestocracia», así que optaron por detener al político más odiado: Alan García. Sin embargo, no contaron con que éste se iba a suicidar, lo que generó una nueva crisis, que obligó a Vizcarra a cuestionar públicamente las prisiones preventivas, para finalmente, a regañadientes, detener también a Susana Villarán, por lo escandaloso de su caso y no correr el riesgo de que todo el Plan se caiga.
Todo esto en contradicción con el cuestionamiento de las sedes judiciales internacionales y la declaración de la ONU que demandó la libertad de Lula en Brasil y esperar una sentencia condenatoria final. No obstante, el alegato que esgrimió la fiscalía es que hay «peligro de fuga». Cuestión curiosa que no rige ni para Toledo (en el sentido de un proceso de años y la diletancia en su extradición), ni los poderosos grupos económicos y socios de Odebrecht como G y M, JJC, IGGSA, (que estuvieron presos 6 meses para luego dejarlos libres como si ya hubieran cumplido sentencia firme), y los banqueros, por donde se realizaron todas las transferencias de dinero. Esto a pesar de la cantidad de pruebas y colaboradores eficaces. Y sin haber citado a los auditores de los poderes fácticos involucrados en el affaire. En otras palabras, midiendo con diferente vara a los poderes fácticos.
Pugna judicial
La pugna judicial, luego de la caída de Chàvarry, ingresó a una nueva fase de control de todo el poder político semibonapartistamente para darle equilibrio al régimen en derrumbe, y ponerlo al servicio de una salida política pro capitalista que supere los conflictos sociales (por eso acusan a Vizcarra de ser débil), y la ralentización de la economía. En esta dinámica del movimiento y contradicción, la mafia aprofujimorista, que resiste en el poder judicial, acaba de ceder el liderazgo al verse arrinconada contra la pared, a Zoraida Avalos, una fiscal que es evangélica y devota del movimiento «Con mis hijos no te metas» (con el cual el fujimorismo tiene vínculos relativamente sólidos desde que llegó al poder en 1990), pero que está alineada al Ejecutivo y que necesita por tanto encarcelar al ex fiscal porque es éste el que está llevando el juicio por corrupción al presidente.
Así las cosas, el factor judicial, juega un rol importante ya que es de éste que se vale el gobierno para plantear la cuestión de confianza por la elitista reforma política al Congreso de la República. Vizcarra, en verdad, quiere cerrar el Congreso. Esto le permitiría bonapartizarse más y controlar todo el poder del Estado de tal forma que el establishment pueda dar una solución más efectiva a la profunda crisis que le aqueja. En este sentido apunta la adhesión a la colaboración eficaz de los grupos capitalistas embarrados con el affaire Odebrecht como G y M, JJC, IGGSA, anunciando un segundo round de prisiones preventivas. Y si Vizcarra no disuelve el Congreso, quedaría debilitado políticamente, pudiendo ser vacado después por sus enemigos (que, a pesar de tener mayoría en el Parlamento, hasta ahora han sido incapaces de formar un Frente de oposición férrea al Ejecutivo, sin poder evitar la cárcel de Keiko y el suicidio de Alan).
El impasse que tiene Vizcarra es que, a pesar de tener el apoyo de los arriba mencionados, la encuestocracia y los gobernadores regionales, la declaración en contra de la cuestión de confianza, de Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC), de un grupo de abogados con prestigio, la presidenta de la CONFIEP y de ex generales, le «quita piso» a su aventura bonapartista. A esto hay que agregar que el movimiento popular apoya el cierre del Congreso, pero sin cheque en blanco.
Las investigaciones de los fiscales celebrities Domingo Pérez y Rafael Vela basaron su argumento de prisiones preventivas, entre otras cosas, en que estos líderes y sus partidos se convirtieron en asociaciones ilícitas para delinquir. Y en parte es cierto, con una observación: El Perú ha sido manejado por partidos corruptos como el aprofujimorismo y demás partidos, incluido el vizcarrismo, en alianza con la burguesía nacional e internacional, desde el sello de la independencia de la República.
Y en efecto, en un contexto superior, las prisiones preventivas como estrategia de manipulación de la opinión pública, apuntan, a desplazar a las constructoras locales y las inversiones chinas, en beneficio de las internacionales (sea a través de APPs o a través de la extorsión directa), como las de EE.UU. (en plena guerra comercial con China por la hegemonía mundial). Por eso no es casualidad que el affaire Odebrecht haya surgido desde el propio Departamento de Justicia yanqui.
César Zelada. Director de la revista La Abeja (teoría, análisis y debate).
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