La causa abierta hace ya tres años por la empresa de tabaco Philip Morris contra la República de Uruguay constituye para la organización Redes/Amigos de la Tierra de ese país sudamericano, «un ataque frontal contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su convenio marco antitabaco». La multinacional con sede administrativa en Lausana, Suiza, […]
La causa abierta hace ya tres años por la empresa de tabaco Philip Morris contra la República de Uruguay constituye para la organización Redes/Amigos de la Tierra de ese país sudamericano, «un ataque frontal contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su convenio marco antitabaco». La multinacional con sede administrativa en Lausana, Suiza, «debería privilegiar el marco multilateral de la OMS en vez de fundamentar su causa en los acuerdos bilaterales entre Uruguay y la Confederación Helvética. Debería priorizar el interés de la salud pública al de las inversiones privadas», argumenta el sociólogo Alberto Villarreal, responsable del Programa de Comercio e Inversiones de esa organización no gubernamental uruguaya. Durante el segundo semestre de junio, el tribunal arbitral podría pronunciarse sobre la pertinencia o no de la causa.
La Philip Morris Internacional (PMI) entabló un proceso contra el Estado uruguayo en 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por entender que Uruguay viola cláusulas del acuerdo bilateral de inversiones firmado entre Suiza y Uruguay. La empresa, por su parte, entiende que ese órgano del Banco Mundial es el adecuado y que el mismo tiene la jurisdicción para tratar el caso.
En febrero de este año se realizó en París la primera audiencia entre los representantes de la empresa tabacalera y del Gobierno uruguayo. La multinacional exige una indemnización de 2 mil millones de dólares en compensación por lo que considera han sido pérdidas en la comercialización de cigarrillos en el país sudamericano a partir de la implementación de un severo programa oficial de lucha contra el tabaquismo lanzado en mayo del 2005.
Principal impulsor, el entonces presidente uruguayo y oncólogo Tabaré Vázquez -2005 al 2010-, quien enmarcó su programa de salud público en las líneas recomendadas por el convenio internacional marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigencia en febrero del 2005, y al cual adhirió el Estado sudamericano.
«Proceso a escondidas»
La causa abierta en el CIADI está enmarcada en un secretismo total, «lo que es muy preocupante e inaceptable» para las organizaciones de la sociedad civil uruguaya, enfatiza el sociólogo Alberto Villarreal durante una visita a Berna en marzo pasado.
Durante todo este tiempo ha sido prácticamente imposible conocer los argumentos del Estado uruguayo y de la empresa suiza. «Y la audiencia que se realizó en febrero no ha sido pública», subraya. El proceso se encuentra todavía en una fase preliminar. Las partes confrontadas esperan que el CIADI se exprese, en primer lugar, si tiene o no jurisdicción para pronunciarse en este litigio.
«Somos de la opinión que éste es el caso», había expresado Anne Edwards, portavoz de la Philip Morris Internacional luego de la audiencia de París. Subrayando que la empresa espera una decisión en el segundo semestre del año en curso.
Alberto Villarreal adelanta su opinión contrastada, enumerando tres de los argumentos que defiende Uruguay. «En el convenio bilateral de inversiones vigente entre Suiza y Uruguay, el artículo segundo exceptúa a las políticas de salud de la protección de los inversionistas», afirma el portavoz de Redes/Amigos de la Tierra.
Por otra parte, «antes de recurrir al CIADI debería haber existido un plazo previo de 18 meses -periodo que incluye un intento de resolución a la amigable-, que no ha sido respetado por la tabacalera».
Además, «la PMI no puede hacer prevalecer en cuanto al tema de la resolución de litigios, otros tratados bilaterales firmados por Uruguay en el cual se aceptan mayores concesiones a las empresas», explica Villarreal.
Revisar los acuerdos bilaterales
Para la sociedad civil uruguaya, «este proceso en marcha es dramático e inmoral», enfatiza el coordinador de Redes/Amigos de la Tierra. Ya que «nos parece un desacierto total que los tratados bilaterales de inversiones le confieran tantos derechos y poder a las empresas, como por ejemplo de demandar a los Estados en tribunales de derecho privado como si se tratara de dos comerciantes que dirimen una disputa».
Redes/Hermanos de la Tierra proponen una revisión del tratado bilateral Suiza-Uruguay, «ya que denigra al Gobierno a la calidad de negociante o, aún más, eleva a las empresas y les otorga calidad de Gobierno».
Villarreal recuerda también la comprometida voluntad política del ex presidente Tabaré Vázquez para disputarse con la multinacional helvética. «Cuando dejó la presidencia, el nuevo Gobierno del mismo Frente Amplio (FA) insinuó la posibilidad de una negociación…Y fue Tabaré quien denunció esta visión, creó una crisis interna de magnitud en el FA, y obligó a que se aceptara el litigio con la tabacalera, convencido de los bien fundados derechos uruguayos». En 2011, en declaraciones a este corresponsal, Tabaré Vázquez argumentó que la lucha contra el tabaco y la confrontación con la tabacalera son resultado «del ejercicio de la soberanía nacional uruguaya» y expresan la obligación constitucional de sus gobernantes de proteger la salud de la población.
«La transnacional suiza al procesar a Uruguay quiere demostrar que puede sancionar a cualquier Estado que se oponga a su poder ilimitado… Se trata de amenazas y escarmiento. Busca crear un precedente político y jurídico contra las naciones que promueven con coherencia la lucha contra el tabaquismo», enfatiza Villarreal.
Sin embargo, enfatiza, «tendría que tener mayor rango el acuerdo multilateral sobre la salud pública que el bilateral de inversiones. Sea desde el ángulo que se lo mire. Si se trata de hacer prevalecer la salud o las inversiones, la primera es determinante. Si se analiza la importancia de un marco de referencia, lo multilateral es superior a lo bilateral».
La situación internacional no es «totalmente favorable para la empresa», concluye el responsable de Redes/Amigos de la Tierra. Ya hay naciones latinoamericanas como Bolivia, Ecuador y Venezuela que se retiraron el CIADI/Banco Mundial. Sudáfrica anticipó que no firmará más acuerdos bilaterales. Y otras naciones como Australia, también rechazan la imposición de los inversionistas sobre los Estados.
Sergio Ferrari en colaboración con el *Bulletin Suisse du Cancer*
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.