El inicio de las sesiones del 137 periodo de ordinario de sesiones de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado día 2 de noviembre de 2009, ha desentrañado que este órgano de la OEA viene colaborando con la campaña ideológica contra las naciones del ALBA, particularmente contra Cuba y Venezuela, desde hace varios […]
El inicio de las sesiones del 137 periodo de ordinario de sesiones de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado día 2 de noviembre de 2009, ha desentrañado que este órgano de la OEA viene colaborando con la campaña ideológica contra las naciones del ALBA, particularmente contra Cuba y Venezuela, desde hace varios años.
La parcialización de la CIDH contra Cuba y Venezuela se ha puesto de manifiesto en el «Informe Anual» de la misma para el año 2008, en que evalúa y critica supuestas violaciones a los derechos humanos y al desempeño democrático en estas dos naciones, desvirtuando la realidad existente en esa materia.
La legítima reacción del representante de Venezuela ante la CIDH, Germán Saltrón, en las sesiones que lleva a cabo la misma, puso al desnudo cómo Venezuela se ha ubicado en el punto de mira de las maquinaciones desestabilizadoras de la contrarrevolución interna, apoyada por Estados Unidos y subvencionada por sectores de la derecha internacional, a los que se encuentra haciendo juego la CIDH.
Saltrón exclamó airado: «¿Por qué la comisión admite tantos casos contra Venezuela? No podemos concluir otra cosa que la comisión está parcializada en contra de nuestro país».
Las difamaciones contra Venezuela y su comportamiento democrático, producto de falsas acusaciones provenientes de la oligarquía desplazada del poder político y fabricadas por las ONG que sirven de pantalla a la actividad desestabilizadora de Estados Unidos e Israel, aceptadas de manera apresurada por la CIDH, de muestran que en el trasfondo existe una campaña anti bolivariana y antichavista, mantenida desde hace seis años. Prueba de ello fue el que la CIDH bendijo el golpe de estado de 2002 en Venezuela.
Por su parte, las sesiones actuales del CIDH dieron cabida a infamias de organizaciones terroristas y contrarrevolucionarias de origen cubano, que acusan a Cuba y tratan de denigrar su sistema social con manidas falacias y mentiras. Las imputaciones sobre supuestas torturas, ejecuciones extrajudiciales y la violencia por parte del estado cubano, fueron el centro del venenoso discurso ante la CIDH de la leguleya Janisset Rivero, Secretaria de la agrupación miamense Directorio Democrático Cubano (DDC). Sin sonrojo, sabiendo lo falaz de sus argumentos, expresó: «El régimen de La Habana aplica de forma sistemática métodos de tortura y aniquilamiento contra los cubanos desde hace 50 años y, en muchos casos, la represión, las amenazas y la tortura sicológica impiden a los sobrevivientes o familiares de víctimas salir ante la luz pública a denunciar estos hechos».
La contrarrevolucionaria no vaciló en casi comparar a las cárceles cubanas con la prisión de Abu Grahib, endilgando al gobierno acusaciones sobre torturas deshumanizadas contra los detenidos y declarar que cincuenta de ellos han sido asesinados en prisión. Estoy seguro de que su voz acusadora nunca se levantó para condenar a los Estados Unidos, nación que financia su actividad difamatoria, por los crímenes cometidos contra los pueblos afgano e iraquí, ni tan siquiera levantó su voz para denunciar la represión que padece el pueblo hondureño a manos del régimen golpista e inconstitucional de Micheletti.
Cuando exclamó Janisset Rivero ante la CIDH: «Pedimos justicia y reparación para el pueblo de Cuba, sumido en el ostracismo y la dominación totalitaria por demasiado tiempo», nunca se refirió a que ese pueblo que pretende defender sin autoridad moral ha padecido centenares de atentados terroristas y ha sufrido muerte, mutilaciones y pérdidas materiales, provocadas por extremistas y criminales que conviven con ella.
LA CIDH ARREMETE CONTRA VENEZUELA
Venezuela se opone firmemente a una visita requisitoria de la CIDH y exige la sustitución de su actual Secretario General Santiago Cantón.
Los ataques contra la República Bolivariana de Venezuela se iniciaron el mismo día 2 de noviembre, cuando se presentaron cuatro denuncias contra ella por parte de grupúsculos contrarrevolucionarios disfrazados de ONG. La primera de las acusaciones partió de Provea y arguye un supuesto proceso de criminalización de la protesta en Venezuela, en relación con la respuesta del gobierno bolivariano a la provocación montada por grupos estudiantiles dirigidos por agentes del Mossad y en contubernio con la contrarrevolución venezolana.
Baste reproducir algunos fragmentos del Informe anual para 2008 de la CIDH, repudiado por Chávez, para conocer el carácter parcializado de este organismo de la OEA, expresado en las conclusiones del Capítulo IV de dicho informe:
438. Por otra parte, entre los principales aspectos que la Comisión considera afectan de manera general el disfrute efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela se encuentran la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, el señalamiento u hostigamiento a organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos humanos, (…) la existencia de obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes, que en su aplicación, pueden afectar el goce de los derechos y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.
Algunas de las recomendaciones, hablan por sí solas:
● Adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos, absteniéndose de fomentar todo tipo de represalia al disenso ideológico.
● Implementar mecanismos adecuados a fin de prevenir las violaciones del derecho a la vida e integridad personal y garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes de Venezuela.
Otro ataque difamatorio contra el gobierno bolivariano provino de William Echevarria, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y representante activo de la labor de zapa y desestabilización interna contrarrevolucionaria. A sus embustes se sumó Mercedes Freitas, miembro de la provocadora Transparencia Internacional, quien acusó a Venezuela de limitar trabajo de medios independientes entiéndase los medios al servicio de la desestabilización y de la oposición contrarrevolucionaria, y de someterlos a diversos atropellos y persecución.
La verdad es que la CIDH, haciendo oídos a las campañas desestabilizadoras, a la desinformación mediática y a difamadores profesionales y mercenarios de la derecha oligárquica venezolana, ha colocado injustamente a Venezuela y a Cuba, de manera indigna y premeditada, en sus informes anuales de 2002, 2003, 2005, 2006 y 2008, como países violadores de los derechos humanos, incluyendo igualmente a Haití y Colombia en este grupo.
PRETENDEN SATANIZAR A BOLIVIA DENTRO DE LA CIDH
El 137 periodo de ordinario de sesiones de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha presentado también como el marco propicio para arremeter contra el gobierno progresista de Evo Morales. La maniobra, en este caso, procede del presidente del Senado de Bolivia, Oscar Ortiz, y de los senadores Luis Vásquez y Roger Pinto, quienes como reconocidos saboteadores de las legislaciones progresistas promovidas por Morales, asumen el papel de víctimas, denunciando supuestos atropellos y restricciones a la actividad de los órganos legislativo y judicial en Bolivia.
La acusación, esgrimida también por el opositor Willman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, acusa al gobierno boliviano de violar los derechos humanos y de imponer sus reformas por sobre la voluntad del Congreso Nacional.
Usando un sinnúmero de falacias que incluyen las ejecuciones sumarias, destituciones de miembros del aparato judicial, atentados y agresiones contra diputados opositores, Oscar Ortiz persigue que el caso boliviano sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos ataques, sin lugar a dudas expresión de la burguesía boliviana opuesta a las radicales transformaciones sociales en Bolivia emprendidas por Evo, se han sumado a los ataques mediáticos emprendidos contra el presidente por la USAID, la OTI y la Voz de las Américas.
La respuesta a las falsas acusaciones no se hizo esperar, esta vez en boca de Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, quien argumentó que los representantes de las fuerzas de derecha en el Congreso Unidad Nacional y Plan Congreso para Bolivia Convergencia Nacional, lanzaron esas calumnias y detracciones con vistas a parcializar a la opinión pública internacional en la venideras elecciones generales en Bolivia, a realizarse el próximo 6 de diciembre y donde el presidente Evo Morales se erige como favorito para un segundo mandato por encima de su contrincante Manfred Reyes Villa. En el día de ayer, este representante de la oposición contrarrevolucionaria, asociado con los detractores de Bolivia ante la CIDH, prefecto de Cochabamba y aspirante a la presidencia, Manfred Reyes Villa, fue acusado de manejo dudoso de fondos públicos incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Para Llorenti, los ataques de los parlamentarios y otros miembros opositores al gobierno, es un «intento de instrumentalización de la CIDH, de electoralización y de defender los intereses de latifundistas y separatistas».
Según Llorenti, en toda la historia de Bolivia no ha habido un Gobierno «tan abierto» a la presencia de organismos de derechos humanos, algo que evidenció en el hecho de que ha invitado a la Relatoría para la Libertad de Expresión al país.
MANIOBRA CONTRA NICARAGUA EN LA CIDH
Nicaragua tampoco está exenta de los ataques de las fuerzas contrarrevolucionarias, que encuentran en la CIDH el marco propicio para calumniar a las naciones progresistas del Continente. En este caso, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentó una denuncia sobre la existencia de fuerzas de choque empleadas por el gobierno en Nicaragua para reprimir el reclamo de la oposición sobre la violación de las libertades de expresión y manifestación. Según este organismo al servicio de la desestabilización, las expresiones de apoyo popular al gobierno de Daniel Ortega y sus enfrentamientos a las actividades provocadoras y desestabilizadoras de la derecha, constituyen una amenaza para la libertad de expresión.
Las recientes protestas de los seguidores del FSLN ante la embajada yanqui en Managua, ante las declaraciones injerencistas del embajador norteamericano Robert Callahan, parecen haber asustado a Vilma Núñez, presidenta de CENIDH, quien declaró tan infundadas acusaciones: «A los órganos oficiales de justicia y orden se han incorporado miembros de patrullas juveniles, que tienen la bendición del gobierno, del presidente y de su agitador principal, el diputado Gustavo Porras».
La maniobra de la presidenta de CENIDH fue ripostada por Denis Moncada, embajador nica ante la OEA y quien puso al desnudo las verdaderas razones del infundio promovido por la organización de Vilma Nuñez. En este sentido, declaró: «Nicaragua no es una dictadura, y ni la policía ni el Ejército reprimen a los ciudadanos» (…) «Lo que hay en el país es un incremento de la lucha política de la derecha, que procura desestabilizar al gobierno del presidente Daniel Ortega. Dentro de esa lucha se producen confrontaciones, que no tienen que ver con la política del Estado».
Moncada destacó que hay una clara guerra mediática contra el gobierno, capitaneada por los dueños de los medios de difusión, quienes distorsionan los avances del gobierno sandinista en el plano económico y social, limitándose a crear conflictos con las masas sandinistas y a desestabilizar al gobierno mediante una guerra ideológica y desinformativa.
Según Moncada, «Decir que no hay libertad de expresión es una afirmación desacertada que se hace con fines de propaganda política antigubernamental».
Otra maniobra para satanizar a Daniel Ortega dentro de la CIDH se puso de manifiesto por parte de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, afiliada a la opositora Confederación de Unidad Sindical (CUS), quienes le acusan de haber cesanteado injustamente a 11 mil 702 trabajadores, hecho que responde a programas de racionalización del aparato estatal, abultado por los gobiernos anteriores y su injustificado apego a un enorme entarimado burocrático.
¿QUÉ ES REALMENTE LA CIDH?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, es junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el instrumento establecido para la protección de los derechos humanos en el continente americano.
Aunque sus integrantes son personalidades de reconocida trayectoria en Derechos Humanos, elegidos electos a título personal y no en representación de gobierno alguno, ha sido minada históricamente por representantes apegados a las derechas tradicionales latinoamericanas y han adoptado cuestionables acusaciones contra los movimientos de izquierda y naciones progresistas del continente. Por supuesto, jamás ha levantado, de manera enérgica y firme, contra el principal violador de los derechos humanos en el continente: Estados Unidos.
Como un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), siempre se ha prestado a representar y validar las posiciones de la misma, respaldando el aislamiento a Cuba y dando puerta abierta a cualquier creada por sus detractores internos y externos.
El escandaloso manejo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en la ciudad de Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, a favor de las derechas y su bajo nivel de exigencia ante sus atropellos, así como su agresividad permanente contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, han puesto en serio cuestionamiento su imparcialidad y eficacia.
Aunque el SIDH se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en la Carta de la OEA (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978, nunca se ha pronunciado firmemente contra los constantes golpes de estado que han padecido nuestras naciones en décadas anteriores. En este caso, ha sido amiga de las medias tintas.
Tampoco el SIDH ha acusado alguna vez a los Estados Unidos por sus agresiones militares a Granada, República Dominicana y Panamá, por su papel en el creciente armamentismo en América Latina, por la guerra sucia diseminada en el continente y desatada contra Cuba, la Nicaragua Sandinista en los 80 y actualmente contra otras naciones progresistas. Tampoco el SIDH ha denunciado con energía el criminal bloqueo contra Cuba y los actos terroristas promovidos por Estados Unidos. Para ellos, con evidentes pruebas de la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y la dictadura militar de Pinochet, no hubo la más mínima declaración de repudio por el atroz crimen de Barbados cometido por Orlando Bosch Y Luis Posada Carriles.
ARREMETEN CONTRA ECUADOR EN LA CIDH
Ecuador ha sido también acusado dentro de la CIDH por arremeter supuestamente contra la libertad de expresión, valiéndose para ello los denunciantes del encarcelamiento de los provocadores Giancarlo Zunino y Félix Pilco, quienes fueron encausados por incitar al separatismo en Ecuador y promover la desobediencia civil contra el gobierno de Rafael Correa.
Tal vez el más álgido aspectos de las denuncias contra Ecuador ante la CIDH lo representa la demanda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) contra el gobierno, en relación con la interpretación que éstos le han dado al proyecto de ley de Recursos Orgánica de Recursos Hídricos en debate en la Asamblea Nacional de este país.
Manipulado por sectores de la burguesía, la labor desinformativa de varias ONG al servicio de Estados Unidos y las apetencias de protagonismo que de manera individual muestran algunos dirigentes dentro de la CONAIE, el movimiento indígena ha protagonizado varias protestas contra leyes que, según ellos, ponen en peligro la vida de sus comunidades.
Mientras el CONAIE reclama una participación vinculante con respecto al empleo del agua y la legislación al respecto, el gobierno reconoce la participación de los mismos de manera consultiva con respecto a la formulación y discusión de la Ley de Aguas.
La disposición del presidente Correa de dialogar con los representantes de CONAIE ha sido un paso positivo, pues permite eliminar desacuerdos artificiales con sus bases de masas en el gobierno, a la par que esclarece la manipulación mediática y desestabilizadora que se ha dado al asunto. Desde luego, como medida preventiva ante el diálogo, se postergó el plazo para la aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos para enero del 2010.
El asesinato del maestro de origen indígena Bosco Wisum durante las protestas contra la Ley de Aguas inicialmente endilgado a la policía fue realizado por provocadores dentro de los manifestantes, interesados en minar la alianza del gobierno con su base de masas de los pueblos indígenas, que responden a los intereses del ex mandatario Lucio Gutiérrez..
Mientras el gobierno llama al diálogo, dirigentes de la CONAIE se apresuran a crear un ambiente desestabilizador. Correa les llamó a la sede de su gobierno, el Palacio de Carondelet, con estas palabras: «Bienvenidos hermanos. Este gobierno es de ustedes, de los pueblos indígenas, el Palacio de Carondelet es de ustedes. Ahí nos hemos reunido antes, me da un gran gusto y nos dará un gran gusto recibirlos nuevamente».
Por su parte, instigados por sectores opositores y enmascarados en ONG al servicio de la CIA, los dirigentes de la CONAIE han dado un peligroso paso al solicitar la fiscalización de organismos internacionales como la OEA y el CIDH, de dudoso compromiso con la verdad, para que actúen como observadores en su diálogo con el gobierno.
No fue raro entonces, que la Voz de las Américas (VOA) entiéndase instrumento al servicio de la CIA, se apresurara en entrevistar a los dirigentes de la CONAIE durante su arribo a Washington para participar en el 137 Período de Sesiones de la CIDH.
No puede negarse, sin embargo, que en muchas ocasiones los pueblos indígenas han sufrido en carne propia las decisiones de gobiernos anteriores en América Latina en general y en Ecuador, en particular. El recelo y la desconfianza justificada están arraigados en la idiosincrasia del indígena explotado y discriminado durante siglos, pero la renuencia a confiar en el gobierno de Correa y la búsqueda de alianzas con quienes le atacan, es un acto reprobable.
El tinglado acusatorio montado contra el gobierno de Rafael Correa no beneficia directamente a los pueblos indígenas y sí contribuye a la campaña desestabilizadora promovida por Estados Unidos y la extrema derecha ecuatoriana.
LA CUBA ATACADA POR LA CIDH DURANTE DÉCADAS
Los informes anuales de la CIDH constituyen una continuada expresión del papel parcializado de este organismo y cómo el mismo ha respondido directamente a los onerosos intereses de la OEA y a los designios imperiales de Estados Unidos.
Las falacias han sido sistemáticas, la detracción reiterativa y los infundios fabricados desde las oficinas de los especialistas en guerra mediática de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana y sus servidores como la USAID, la VOA, la mafia de Miami y sus servidores de la quinta columna contrarrevolucionaria dentro de Cuba.
Observemos, por ejemplo algunos fragmentos difamatorios sobre la situación de los derechos humanos expuestos en el Informe Anual de la CIDH, emitido el 16 abril 2001, donde se expresa:
19. La Comisión observa que a pesar de sus reiteradas recomendaciones al Estado para que reforme su sistema legal vigente a fin de lograr una irrestricta vigencia de los derechos humanos en Cuba, las autoridades no han variado su práctica de violaciones sistemáticas a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni las disposiciones constitucionales y penales en que se apoyan.
Las restricciones de Cuba sobre los derechos humanos estaban ancladas en la estructura legal e institucional del país. Los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y de prensa estuvieron estrictamente limitados por la legislación cubana. Al criminalizar la propaganda enemiga, la divulgación de noticias no autorizadas, y el ultraje a los símbolos de la patria, el gobierno reprimió la libertad de expresión bajo la apariencia de la protección de la seguridad del Estado.
Desde luego, este informe tendencioso recibió la respuesta adecuada del entonces Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, quien luego de devolver el informe: «en nombre del Gobierno de la República de Cuba, nuestro país no reconoce la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto no acepta lo expresado en el texto de este informe».
La explicación a la respuesta cubana tiene su fundamentación histórica en el indecente papel desempeñado por la OEA contra Cuba, cuyos ataques tuvieron inicio en agosto de 1959 apenas ocho meses después del triunfo revolucionario en la Isla, en la Quinta Reunión de Consultas de los Ministros de RR. EE. de la OEA, celebrada en Santiago de Chile, donde se acusó a Cuba de injerencia en los asuntos internos de otras naciones.
Esta agresividad se repetiría sistemáticamente en los años subsiguientes, tal como ocurrió por citar un ejemplo, en la VII Reunión de Consulta de San José, Costa Rica en agosto de 1960. La nueva maniobra anticubana de la OEA fue fabricada por EE UU y empleó a Perú como peón acusatorio, endilgándole a Cuba el papel de amenaza para la paz en la región. Una vez más brilló nuestro extinto Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, cuando concluyó su enérgica intervención ante el plan falaz de la OEA: «Me voy con mi pueblo, y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos de nuestra América».
Cuba también respondería a esta maniobra cuando el pueblo adoptó la Primera Declaración de La Habana, rechazando la sucia maniobra de la OEA y las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos.
La ofensiva anticubana alcanzó su colofón en dos eventos posteriores de esta organización:
● En la Octava Reunión de Consulta de la OEA, celebrada Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, se excluyó a la Isla del Sistema Interamericano.
● La Novena Reunión de Consulta de Ministros de RR EE de la OEA, celebrada en julio de 1964, en Washington, en la que se adoptaron injustas sanciones contra nuestro país, tales como la prohibición a las naciones miembros de mantener relaciones diplomáticas con Cuba, cese del intercambio comercial con Cuba, ampliando el bloqueo norteamericano que ya padecía la Isla. También se prohibió la interrupción del transporte marítimo entre los países de la OEA y Cuba.
Con la honrosa excepción de México, todos los miembros de la OEA rompieron relaciones con Cuba.
No por gusto se creó en esta misma Novena Reunión de Consulta la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasaría a ser escenario de falacias y groseras acusaciones contra Cuba en materia de democracia y derechos humanos.
Los ataques reiterados de las CIDH y de la OEA contra Cuba fueron respondidos por el canciller Raúl Roa el 4 de noviembre de 1964, al responder a una comunicación de la CIDH, estableciendo la política cubana con respecto a las denuncias de estos engendros del sistema de dominación norteamericana en América Latina: «Cuba fue arbitrariamente excluida de la OEA… Ni jurídica, ni factual, ni moralmente la OEA tiene jurisdicción ni competencia sobre un Estado al que se ha privado ilegalmente de sus derechos.»
Los ataques de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido sostenidos, así lo demuestran los informes especiales sobre la Isla emitidos en los años 1962, 1963, 1967, 1970, 1977, 1979 y 1983. Actualmente, han emitido infundadas acusaciones contra Cuba en sus informes anuales de 2002, 2003, 2005, 2006 y 2008.
Un problema crucial en el papel de intromisión de la CIDH en los asuntos internos de Cuba es que siempre ha pretendido poseer, mediante artilugios legales, cierta competencia en lo referido a materia de derechos humanos en la Isla, lo que ha sido siempre rebatido e ignorado por la parte cubana. Sin embargo, la CIDH ha mantenido sus ataques difamatorios, tal como se evidencia en los siguientes fragmentos del Capítulo IV, Epígrafes 243 y 246, contenidos a las conclusiones del informa anual, en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Año 2008:
Tomando en consideración lo antes expuesto, la Comisión vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones y la falta de independencia del poder judicial, configura una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos e insta al Estado a realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, la Comisión insta al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar las distintas formas de hostigamientos contra quienes ejercen el derecho de asociación con fines humanitarios y sindicales y contra quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos.
En estos días sesiona, como señalamos al inicio de este artículo, la CIDH, comprometida hasta los tuétanos en prestarse al juego desestabilizador contra los países del ALBA. El supuesto informe titulado «Tortura, ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho a la libertad de expresión en Cuba», elaborado por los detractores de la Revolución Cubana y quienes encargaron al Directorio Democrático Cubano el bochornoso papel de difundir falsedades en un teatro lleno de supuestos defensores de los derechos humanos, basándose en las calumniosas declaraciones de mercenarios y apátridas al servicio de Estados Unidos y de la mafia de Miami.
Cuba y el ALBA seguirán adelante a pesar de las calumnias y las mentiras.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.