Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Rocío Anguiano
La crisis económica acentuada por la crisis financiera internacional afecta duramente a gran parte de los asalariados en su trabajo y en sus ingresos. Trabajadores, demandantes de empleo y jubilados son las principales víctimas de una crisis de la que no son responsables y que amenaza el futuro de los jóvenes, deteriora la cohesión social y las solidaridades, al tiempo que aumenta la desigualdad y los riesgos de precariedad.
No se pueden arreglar todos los problemas únicamente con las leyes del mercado. Frente a esta situación y considerando que debemos actuar de forma conjunta, especialmente durante la jornada del 29 de enero, para obtener medidas favorables para los trabajadores, las organizaciones sindicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires y UNAS han decidido interpelar a la empresas, a la patronal y al Estado. Superar la crisis implica medidas urgentes a favor del empleo, los salarios y las políticas públicas integradas en una política de relanzamiento económico.
1. Dar prioridad al mantenimiento del empleo en un contexto de crisis económica
Muchas empresas presionan a los subcontratistas y a los proveedores, sometiendo a sus trabajadores a congelaciones de salarios y pérdidas de empleo. Además, se imponen a los asalariados extensas jornadas de trabajo, mientras que los trabajadores temporales, eventuales o con Contratos de Duración Determinada (CDD) son los primeros en pagar las consecuencias de las reducciones de actividad. Algunas empresas aprovechan la crisis para realizar reestructuraciones y mantener las ganancias de sus accionistas.
Es intolerable e inadmisible.
Las empresas enfrentadas a las reducciones de actividad utilizan medidas de salvaguarda de empleo como el paro parcial, los días de asuntos propios o de vacaciones… Todas estas medidas deben negociarse con el fin de preservar el empleo y los sueldos. Las ayudas públicas deben respetar también estos principios. Las empresas deben mejorar la indemnización del paro parcial del que han de poder beneficiarse todos los trabajadores. Estos periodos de reducción de actividad deben dedicarse a mejorar la formación profesional y a reforzar las competencias de los trabajadores. En cualquier empresa, sea cual sea su situación, lo mejor para garantizar los resultados es invertir en formación y trabajo cualificado y reducir la precariedad. En el funcionariado y las empresas públicas, es indispensable responder a las necesidades de nuestra sociedad y de la población y proporcionarles los medios necesarios. Desde ahora, el gobierno debe renunciar a las 30 000 supresiones de puestos de trabajo. Hay que abandonar una política ciega de supresión de empleos y plantear de otra forma la evolución de los servicios públicos en los que la calidad y el empleo son un factor esencial.
La situación de los trabajadores precarios en el sector público requiere medidas de justicia social.
2. Políticas salariales: mejorar el poder adquisitivo, reducir la desigualdad
Las exigencias de los accionistas han llevado, en muchas empresas, al aumento de la desigualdad y se han traducido en una redistribución de la riqueza que privilegia el pago de dividendos en detrimento de los salarios y las inversiones.
En los ramos, las empresas, la función pública, las negociaciones salariales deben garantizar, al menos, el mantenimiento del poder adquisitivo y una reducción de las desigualdades.
Las rebajas de cotizaciones sociales deben estar condicionadas a la firma de acuerdos salariales.
3. Orientar el relanzamiento económico hacia el empleo y el poder adquisitivo.
Es responsabilidad del Estado y de la Unión Europea adoptar políticas de intervención pública coordinadas que favorezcan un relanzamiento económico. Estas deben tender al mismo tiempo a:
Un relanzamiento del consumo mediante el aumento del poder adquisitivo, priorizando los ingresos más bajos propios de muchos asalariados, demandantes de empleo, jubilados y beneficiarios de las prestaciones sociales.
Una política de aumento de la vivienda social que responda a la premura, una regulación de los alquileres y un acceso al crédito en condiciones que excluyan los intereses usurarios.
Una protección social (sanidad, jubilación…) en un marco colectivo y solidario. Inversiones específicas, especialmente en materia de infraestructuras, de equipamiento público y de servicios públicos, favoreciendo la investigación, el desarrollo, la educación y la formación.
Las inversiones públicas y privadas deben orientarse principalmente a favorecer una economía de desarrollo sostenible que aplique los principios definidos en Grenelle sobre el medio ambiente.
Cualquier ayuda que se conceda a una empresa debe ser estratégica y tener contrapartidas Debe estar condicionada a exigencias sociales, especialmente en materia de empleo. Debe ser objeto de información y una valoración previa de los representantes de los trabajadores. En el caso particular del sector bancario, el empleo de ayudas públicas debe dar lugar a un control directo del Estado.
4. Preservar y mejorar las garantías colectivas
Las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de los sectores privado y público, pasan por la mejora del convenio colectivo. Para lo que es necesario:
-Derogar los dispositivos legales que han llevado a cuestionar la reducción del tiempo de trabajo.
-Retirar la propuesta de ley sobre el trabajo en domingo.
-Respetar el diálogo social en todos los proyectos y propuestas de ley que afecten a la reglamentación del trabajo.
-Frente a la revisión general de las políticas públicas (RGPP), aplicar reformas generadoras de progreso social.
5. Regular la esfera financiera internacional
Esta reglamentación debe acabar con la especulación, los paraísos fiscales, la opacidad del sistema financiero internacional y controlar los movimientos de capitales. La Unión Europea debe ser la primera en exigirlo. También es necesario imponer el respeto a los derechos fundamentales y sociales y a las normas internacionales de la OIT en todos los intercambios internacionales. La ayuda pública al desarrollo debe mantenerse y mejorarse. Esto es lo que pide el movimiento sindical internacional.
Texto original en francés: http://www.humanite.fr/L-
Rocío Anguiano es miembro de los colectivos Rebelión y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente con fines no lucrativos, a condición de respetar su integridad y de mencionar al autor, a la traductora y la fuente.