Un proyecto de directiva europea pretende ampliar hasta los 18 meses el tiempo de encierro de inmigrantes ilegales, pese a que no hayan cometido delito alguno, sino una infracción administrativa: no tener papeles. El rechazo a la «directiva de la vergüenza» y el cierre de los CIE o Centros de Internamiento para Extranjeros son las […]
Un proyecto de directiva europea pretende ampliar hasta los 18 meses el tiempo de encierro de inmigrantes ilegales, pese a que no hayan cometido delito alguno, sino una infracción administrativa: no tener papeles.
El rechazo a la «directiva de la vergüenza» y el cierre de los CIE o Centros de Internamiento para Extranjeros son las reivindicaciones centrales de la manifestación internacional convocada en Bruselas el 19 de enero por colectivos de inmigrantes y de defensa de los derechos humanos. Culmina así una campaña contra la aprobación por parte del Parlamento Europeo del proyecto de Directiva de Retorno sobre detención y expulsión de extranjeros.
Dicho texto, en teoría, apunta a una regulación común de las legislaciones pero sólo aborda, a la baja, cuestiones sobre el encierro, la retención y la expulsión de las personas sin papeles junto con cuestiones como el fondo económico para el retorno, los vuelos compartidos, etc. El proyecto establece una prohibición por cinco años antes de volver a Europa para toda persona expulsada. Fija, además, un periodo de encierro de hasta 18 meses en los CIE para hacer efectiva la expulsión. Según sus detractores, supone la generalización del encierro prolongado como vía normal para la gestión de las poblaciones migrantes irregulares y el alejamiento forzado, y su consiguiente estigmatización, como castigo al derecho de libre movimiento.
Todo ello en el marco de constantes denuncias, a nivel europeo, contra los CIE. Sin ir más lejos, el pasado 27 de noviembre, 30 internas en el CIE de Carabanchel, en Madrid, hacían pública una carta a la Comisión Europea en la que denunciaban que se las encerrase por no tener los papeles en unos espacios en pésimas condiciones y sufriendo malos tratos. Afirmaban, por ejemplo: «Nos tienen aguantando hambre y cuando nos dan comida, se encuentran pelos, gusanos, excrementos de ratas y restos de cucaracha».
Los CIE no son centros penitenciarios, es decir la gran mayoría de los ingresos en ellos no resulta de la aplicación del Código Penal, sino que son centros de retención de sin papeles. Teóricamente, se entra en ellos por decisión judicial, a petición de la policía o de otro juez (en ejecución de una sentencia como alternativa a la cárcel en condenas penales inferiores a los cinco años). Y se sale, tras un máximo de 40 días, para ser expulsado, o en libertad por no haberse podido aplicar la expulsión. Para José Maria Trillo, abogado que lleva procesos de expulsión, en la práctica, la entrada en el CIE «es bastante arbitraria. En Madrid, se entra cuando hay plaza. No hay realmente un criterio claro y definido, es una lotería».
Los CIE son zonas oscuras, «no es habitual que los abogados vayan: cuando el extranjero entra en él, generalmente hay poca cosa que hacer», afirma José, «salvo casos que flagrantemente contrarían la ley». Para este letrado, lo peor es «hay un vacío legal que impide la materialización de los derechos humanos de las personas internas. Se viene denunciando desde hace años la arbitrariedad que genera su no reconocimiento como centros penitenciarios. No hay una legislación que regule el régimen disciplinario: se depende del policía o del director de turno. Han salido casos de agresiones sexuales a mujeres por parte de policías, como ocurrió en Málaga» (reconocidas en tres sentencias, en los años 1995, 2005 y 2006). Y remacha: «Al no existir el equivalente a la figura del juez de vigilancia penitenciaria, los internos se ven desamparados a la hora de denunciar».
Mucho frío
Según declaraciones a DIAGONAL de M.R., encerrada en el CIE de Carabanchel en noviembre: «El lugar está dividido en celdas y en calabozos para quien se porta mal o mira mal a los agentes. Hombres y mujeres están separados e incomunicados. Para las mujeres, hay ocho celdas, con 44 camas. Cuando yo estuve, éramos más de 40, pero el mes anterior había 60 mujeres. Si las camas no alcanzan, pues a dormir en el suelo». Insiste en el frío que pasó: «No había agua caliente ni calefacción, hacía mucho frío, nos daban sólo una manta. Había mucha humedad, había fugas de agua… Ahora, con el frío que hace, no quiero imaginármelo». M. describe una dura vida cotidiana: «Nos levantamos a las 7.30h. de la mañana, desayunamos a las 8.30h. regresamos a las celdas, y esperamos la hora de la comida, a las 14h. después hacemos llamadas a las familias. Éstas no pueden superar los cinco minutos, luego nos vuelven a meter en las celdas, hasta el momento de las visitas, de 16h a 18h, cada persona tiene derecho a 5 minutos de visita, que se realiza en una sala, sin poder tocarte y con un policía vigilando.
M. recuerda un ambiente muy tenso: «Se pelea por el teléfono, por ejemplo. Hay que hacer cola para llamar, si una se pasa de los minutos, para las otras no alcanza. También hay peleas porque falta la comida. Eso sí, después de comer, todas al baño con dolor de estómago, diarrea o a vomitar». En cuanto al trato policial, M.R. resalta que «depende de cada agente: hay algunos que comprenden que estar allí es suficiente tortura como para volvernos a maltratar, pero hay policías que son unos… Había uno que te tiraba el jabón al suelo y te decía ‘recógelo’, por no dártelo en la mano, y nos decía que éste lugar era para eso, para hacernos cumplir la ley».
Además, M. se queja de falta de información: «No te informan de nada cuando entras, vas viviendo al día. No hay documento que diga cómo son las cosas, simplemente pasan. Tampoco te avisan cuando te van a deportar, así que no puedes dormir tranquila, ni puedes avisar a la familia. Te despiertan a la hora que haya un vuelo, y te dicen ‘prepárese, que se tiene que ir’, y te echan con la ropa que lleves». La falta de información es extensible a las familias, relata M. Nadie les informa ni comunica nada: «Ni cuando entras, ni cuando sales. Eso se supone que lo hacemos nosotras. La familia hace cola desde las 14h de la tarde, algunas se quedan sin poder visitar, aunque vengan de Murcia, porque no alcanza el tiempo, somos mucha gente.
Y M. concluye su historia: «Mucha gente no sabe que existen estos lugares. Yo lo supe cuando entré. Hay gente enferma, embarazadas, mujeres con hijos españoles, casadas o que se iban a casar con un español, enamoradas… Simplemente, eres una inmigrante, te tienes que ir».
Denunciados desde su nacimiento
Los CIE, dependientes de la Dirección General de Policía, son actualmente diez, situados en Valencia, Murcia, Barcelona, Málaga, Madrid, Algeciras, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, muchas veces se habilitan CIE improvisados en almacenes, lonjas de pescado, etc., sobre todo en Canarias y Andalucía. Muchos de estos centros ‘informales’ han tendido a consolidarse. La inexistencia de un reglamento de funcionamiento interno preciso se debe a que los CIE nacieron de una orden ministerial de 1985. Dadas las constantes denuncias de vulneración de derechos, en 1999 una nueva orden ministerial reguló su régimen interno. Pero las denuncias continuaron entre otras cuestiones porque correspondería a una ley orgánica restringir derechos fundamentales como la privación de libertad. La reforma de la Ley de Extranjería de 2003 define el régimen de los CIE -los derechos y deberes del ‘interno’ por ejemplo- en respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo, pero la orden de 1999 sigue definiendo aspectos del régimen interno.
Huelgas de hambre en Francia y Bélgica
A mediados de diciembre, en el Centro de Retención Administrativa (CRA, el equivalente francés a los CIE) de Mesnil-Amelot, los internos empezaban una serie de protestas: presentación de quejas y denuncias, reivindicaciones escritas sobre la ropa, negativa a volver a las celdas… El 27 de diciembre, varios ‘sin papeles’ se ponían en huelga de hambre y sed. Enseguida, la rebelión se extiende al CRA de Vincennes. Las reivindicaciones son: cierre de los CRA, regularización para todos, y fin de las expulsiones y de la persecución policial. La respuesta ha sido la intervención de los antidisturbios en diversas ocasiones, saldada con varios heridos, el aislamiento de parte de los internos y la acelerada expulsión de los ‘cabecillas’. Pese a ello, según colectivos de solidaridad, el 31 de diciembre, unos 130 internos estaban en huelga. En su apoyo, se han realizado marchas, concentraciones ante los CRA y demás movilizaciones. Por otro lado, en Bruselas, Bélgica, 150 sin papeles se pusieron en huelga de hambre el 1 de enero para exigir su regularización y denunciar los CIE.
‘Pegan a los internos’
«Pegan a los internos. Y una compañera que ha salido ha visto cómo una mujer policía pegaba a una brasileña. Cuentan que después de pegarles, les hacen desaparecer, supongo que expulsándolos a sus países. Cuando yo estaba, he visto cómo le pegaban a un chico. Después, el funcionario que lo hizo me amenazó con la deportación al día siguiente si lo denunciaba. Me dijo ‘tú no has visto nada’, y me mandó castigada a la celda. Cuando van a pegar a uno, nos encierran a todos para que no lo veamos. Yo lo vi porque acababa de entrar en el CIE, oí unos gritos, fui a ver, y estaban pegándole», declara M.R.