Ante el escándalo público, el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, ha rebajado las condenas del grupo paramilitar más siniestro de la ex dictadura fujimorista, el «Grupo Colina», que realizó numerosos atentados y matanzas de opositores, incluyendo a 14 humildes limeños a los que confundió con terroristas y asesinó por error y a […]
Ante el escándalo público, el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, ha rebajado las condenas del grupo paramilitar más siniestro de la ex dictadura fujimorista, el «Grupo Colina», que realizó numerosos atentados y matanzas de opositores, incluyendo a 14 humildes limeños a los que confundió con terroristas y asesinó por error y a una agente ligada al mismo grupo, asesinada y descuartizada. Una ola de declaraciones de todo tipo de personalidades públicas ha repudiado el fallo y lo ha calificado de vergonzoso. Se anuncian recursos de apelación y denuncias contra el fallo por parte de diversas instancias. Y es que la indignación espontánea crece en el país, al mismo tiempo que el temor por el daño objetivo que el hecho trae sobre la legitimidad del propio poder judicial peruano y aún de las instituciones democráticas.
El presidente de la república, Ollanta Humala, ha declarado públicamente que lamenta el fallo y anuncia que la procuraduría pública lo apelará, dejando en un silencioso olvido sus declaraciones públicas de hace solo unos meses en que señalaba literalmente que los militares eran «guardianes socráticos… más allá del bien y del mal» y en las que avisaba que él «personalmente» «garantizaba» que ningún comando sería condenado por los asesinatos extra judiciales en la bullada toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima entre diciembre de 1996 y abril de 1997, a pesar de que los únicos acusados en el caso de la residencia son los mismos o muy ligados a este grupo Colina.
Y es que el presidente no está para más. Por estos mismos días, a través de su nuevo gabinete y un nuevo discurso, se ha visto obligado a recular en toda la línea frente al conflicto por el proyecto minero Conga, derrotada su porfiada estrategia represiva y criminalizadora de la disidencia popular en los últimos meses, para tratar de volver a su discurso inicial de diálogo y «no más muertos», dejándose sin piso a sí mismo y a los incondicionales que hasta hoy han defendido públicamente a capa y espada esa estrategia momentáneamente desechada.
Lo importante es comprender que los tumbos y virajes caóticos del presidente y sus ayayeros son mucho más que la mera expresión de falta de ética o capacidad política. La nueva rebelión ciudadana, esta vez contra el fallo Stein, muestra una vez más, y cada vez más seguido, que el país entero aparece como una especie de «Conga», esta vez frente al poder judicial. Es decir, una sucesión de hechos y choques en que la consciencia y movilización mayoritaria y activa de la ciudadanía, aunque a veces a un altísimo costo (literalmente en vidas humanas como en Cajamarca, Espinar y muchos otros lugares en el último año), simplemente no deja al poder, económico, político, mediático, y ahora judicial, hacer lo que se le da la gana, como ocurría antes.
Y esa es la exacta definición esencial de crisis. El modelo económico y político está estructuralmente en crisis y su expresión de descontento social y político no puede ser resuelta por arriba, evadiendo el debate y búsqueda democrática de soluciones, atribuyéndola a «4 activistas ideológicos radicales», o con el cada vez más desgastado recurso del psicosocial, o del «gesto» efímero de marketing político.
Algo está cambiando en el Perú y más vale hacerse consciente de ello y actuar de una buena vez «en consecuencia».