Los socialistas españoles admiten que el acuerdo «no es perfecto» aunque ponen en valor que Canadá es «un socio necesario para regular la globalización»
Los socialdemócratas europeos acuden divididos a la votación en la Eurocámara, que es la última etapa del recorrido parlamentario del tratado.
Los eurodiputados socialistas españoles votarán este miércoles a favor del controvertido tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) en su ratificación definitiva en la cámara de Estrasburgo. Los socialdemócratas se reunieron en la tarde de este martes para fijar una posición ante la votación definitiva en el plenario. Según las fuentes consultadas por infoLibre 75 miembros -entre ellos, los de la delegación española- se pronunciaron a favor de avalar el tratado y 39, en contra.
Entre los que no se mostraron favorables a ratificar el texto están representantes franceses, belgas, polacos y alemanes. A pesar de haber pactado una posición común es muy posible que no todos los socialdemócratas se posicionen a favor del tratado, pues no existe la obligación de acatar la disciplina de voto. Sí respetarán el sentido de la opción mayoritaria los eurodiputados del PSOE, que apostarán en bloque por ratificar el tratado.
La portavoz de la delegación socialista española en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, asegura que Canadá es «un socio necesario de la Unión Europea para regular mejor la globalización». Aunque admite que el acuerdo «no es perfecto» sí entiende que supone dar «un gran paso adelante», pues es el acuerdo «más moderno y progresista» que hasta ahora ha firmado la UE.
Sí admite que al proyecto le falta un mecanismo de sanciones que se pueda poner en marcha si no se cumple lo estipulado en relación a los estándares en materia de derechos laborales, sociales y medioambientales, aunque asegura que sí existe el compromiso de ambas parte de ponerse a trabajar ya y de presentar propuestas sobre cómo se podría articular a medio plazo ese mecanismo de sanciones. Rodríguez-Piñero también pone en valor la posibilidad de que la sociedad civil pueda participar en la comisión de seguimiento permanente del tratado.
No obstante, la europarlamentaria asegura que entre de los aspectos que han llevado a los socialistas españoles a posicionarse a favor de este acuerdo es que acaba con el actual sistema de Arbitraje Privado (ISDS por sus siglas en inglés). Este se sustituye por el Sistema Público de Inversiones (ICS), basado en los principios de la Corte Internacional de Justicia. «El arbitraje privado tal y como estaba funcionando sí que ha sido un modelo que ha beneficiado única y exclusivamente a las grandes multinacionales y eso no puede ser. De hecho, cuando ya estaba cerrado, dijimos que no lo apoyaríamos si no se cambiaba esta cuestión y se abrieron las negociaciones», señala.
También votarán a favor de ratificar el tratado los eurodiputados del PP, que defienden que la supresión de los derechos aduaneros posibilitará que los productos españoles sean más competitivos en Canadá. En el mismo sentido se expresará el representante de Ciudadanos Javier Nart, que entiende que el acuerdo supondrá una «multiplicación de oportunidades para Europa», no desprotege al consumidor y supone una mejora en el sistema actual de arbitraje. La otra eurodiputada de la formación naranja, Carolina Punset, no participará en la votación por un problema de salud. De haber acudido, no obstante, habría optado por la abstención.
Por contra, han manifestado su clara oposición a este tratado tanto los eurodiputados de Podemos como los representantes de IU y Equo. De hecho, los grupos en los que se integran, Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes, intentaron que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciara sobre la compatibilidad del proyecto con la legislación comunitaria. Los votos en contra de conservadores y socialistas impidieron que saliera adelante esta moción.
Recorrido parlamentario
Tras haber sido ratificada por los Veintiocho, el paso por el plenario es la última etapa del recorrido parlamentario de este proyecto de tratado. La Eurocámara, que tiene derecho de veto sobre los acuerdos comerciales desde la entrada en vigor en 2009 del Tratado de Lisboa, ya echó por tierra en 2012 otro proyecto de tratado comercial, el ACTA. Sin embargo, en esta ocasión, los equilibrios parecen diferentes.
Los defensores de este acuerdo aseguran que favorecerá a las empresas de la UE que quieran expandirse hacia el mercado canadiense, que lo tendrán ahora más fácil y podrán beneficiarse de procedimientos simplificados. Por ejemplo, las empresas de la UE podrán optar a contratos públicos a todos los niveles de la administración canadiense, incluida, por primera vez, la administración provincial, responsable de gran parte del gasto público. Sus partidarios creen también que el CETA es la mejor de las respuestas a la «salida» de Trump, porque no es un simple acuerdo de libre comercio al uso, sino un texto, en su opinión, más ambicioso y protector.
Sus detractores, sin embargo, no creen que las disposiciones sobre protección de los inversores incluidas en el tratado respeten el derecho de los países a regular en defensa del interés público, por ejemplo, para proteger la salud, la seguridad o el medio ambiente. Este lunes activistas y eurodiputados contrarios a este proyecto entregaron en la Eurocámara 3,5 millones de firmas a los vicepresidentes del Parlamento Europeo Ulrike Lunacek (Verdes) y Dimitros Papadimoulis (Izquierda Unitaria).
Si los eurodiputados dan su consentimiento final en esta sesión plenaria, el acuerdo podrá aplicarse de manera provisional en abril. No obstante, al haber sido declarado además acuerdo mixto, requiere de la ratificación por los parlamentos nacionales y regionales, lo que en la práctica supone que tendrá que superar un proceso de profundo escrutinio.