Si estamos de acuerdo en que el acceso a la cultura es uno de los derechos humanos que debemos proteger y promover, nos resultará pertinente tener en cuenta que el proceso de formación de subjetividades capaces de apreciar -en su más amplio sentido y en sus diversas expresiones- los entramados de la complejidad del pensamiento humano, es un punto de encuentro entre las políticas culturales y educativas. Es allí donde nos jugamos en buena medida la efectiva puesta en práctica de los derechos culturales de nuestros ciudadanos.
La cultura y la educación no pueden ser concebidas sino como derechos humanos fundamentales, como los caminos capaces de construir una ciudadanía sustentada en la autonomía intelectual, el pensamiento crítico, los valores deseables de fomentar y circular en una sociedad (convivencia, tolerancia, respeto, empatía, responsabilidad, otredad y cuidado de sí mismo, capacidad de dialogo y escucha, capacidad de argumentación, resolución pacífica de los conflictos, entre otros).
Una adecuada política en territorios de la cultura debe rescatar tanto los valores culturales de una sociedad, presentando sus logros materiales e intelectuales (entendiéndose esto en su más amplia acepción), como fomentar su desarrollo. La construcción de la identidad cultural, por su parte, implica potenciar tanto aquello que nos diferencia de los demás, como los elementos que nos integran, que nos unen y nos dan un sentido de pertenencia, aunque concibiendo lo identitario en términos dinámicos, en un mundo de permanentes cambios, de transformaciones vertiginosas. Los espacios educativos con sus diversos actores, la formación docente tanto a nivel de grado como de posgrado, constituyen ámbitos propedéuticos en relación a la consecución de esta tarea.
El vital papel de la ANEP
Cuando uno revisa el organigrama de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se encuentra con una importante omisión, anclada desde el fondo de su historia: no existe una Dirección, una Secretaría, un Departamento o siquiera una Oficina de Cultura. En Uruguay, tenemos un Ministerio de Educación y Cultura (MEC), tenemos Direcciones de Cultura en cada una de las Intendencias departamentales, pero no contamos con tal esencial área en el seno del campo educativo, que es donde, en definitiva, se juegan los momentos centrales del partido por la cultura. En el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP, por ejemplo, se cuenta con diversas y vitales Direcciones, entre las que podemos encontrar Gestión Humana, Información para la Gestión y la Comunicación, Infraestructura, Integración Educativa, Planificación Educativa, Programación y Presupuesto, Comunicación Institucional, Políticas Lingüísticas, Derechos Humanos, Relaciones Internacionales y Cooperación, etc. Siendo todas absolutamente necesarias, fundamentales para el mejor desarrollo de nuestra educación, lo cierto es que la cultura no aparece siquiera nombrada como anexada a algún otro espacio sectorial. Está presente, en todo caso, difuminada y fragmentada en diversos ámbitos, sin estatus propio alguno. Urge subsanar tal circunstancia, quizás (por aquello de no seguir creando paredes con escritorios antes que ideas concretas a desarrollar) a partir de líneas de acción que, en los hechos, instalen una dirección cultural, una política institucionalizada y legitimada en el seno de la ANEP respecto de la cultura.
Esta nueva administración de la educación tiene la oportunidad de cambiar el panorama y de marcar un rumbo claro, de subsanar ese déficit histórico que venimos arrastrando en cuestión de políticas culturales de la educación pública. Si la educación es una prioridad cultural, la cultura debe ser concebida como una prioridad educativa. Las señales que, en tal sentido, emergen desde el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 presentado recientemente por la administración encabezada por Robert Silva, son muy auspiciosas. La lectura del Tomo I del citado documento (que es de acceso público, pudiéndose descargar desde la web institucional de la ANEP), particularmente del Capítulo 6, titulado Políticas educativas transversales, nos abre una razonable esperanza. Las referencias que, por ejemplo, allí aparecen en relación a los derechos culturales como derechos humanos fundamentales y a la importancia de rescatar el pensamiento uruguayo, se enmarcan justamente en lo que venimos señalando como una imperiosa necesidad en materia de políticas educativas.
Como se señala desde el título, los gobiernos pasan, la cultura queda. Y es deseable que los que nos quede sean políticas consolidadas, que vayan más allá del período actual, que representen una efectiva proyección hacia el futuro, un sello de identidad y reconocimiento positivo de la gobernanza de la educación y que impliquen, sobre todo, un aporte al debilitado entramado cultural de nuestra sociedad. Si nuestra crisis antes que económica es profundamente educativa y cultural -como lo reflejan los aspectos cuantitativos y cualitativos con que contamos para evaluar nuestra situación (para repasar este aspecto, los invito a leer el capítulo 1 del documento de la ANEP citado líneas arriba)- lo que se realice en tales terrenos será finalmente el sello de distinción del gobierno.
Nuestra cultura republicana, nuestra democracia fundada en el respeto por el otro, el cultivo del diálogo y el debate de ideas, más allá de las diferencias ideológicas, es un sello de nuestra identidad, una de nuestras mejores cartas de presentación como sociedad. Cuidar este elemento esencial del acervo uruguayo resulta imprescindible. Las instituciones escolares han sido, desde siempre, un espacio de construcción de ese valor, tan intangible como vitalmente efectivo. Retomar marcadamente esa tradición, con anclaje en las grandes figuras de nuestro pensamiento, en la vida y obras de uruguayos que conforman el soporte del patrimonio cultural de nuestra sociedad, es un punto de partida que debemos proponernos en lo inmediato.
Es necesario y posible pensar desde nuestro lugar en el mundo, desde nuestra vasta y rica tradición intelectual, como un modo de integrarnos debidamente en el mundo globalizado. La cultura, concebida como un eje transversal de nuestras sociedades, en momentos donde bajo su égida asistimos a un permanente diálogo entre lo local y lo global, conforma una variable estratégica central de los gobiernos. Este es el principal desafío que nos presenta el siglo XXI, en el marco de la sociedad del conocimiento. Es un imperativo ético retomar la construcción del Uruguay como el de un espacio de la sensibilidad hacedor de ideas a tener en cuenta, como bien lo diría nuestro principal filósofo.
En el país de Carlos Vaz Ferreira, de José Enrique Rodó, de José Batlle y Ordoñez, de Arturo Ardao, de Carlos Quijano, de Pedro Figari, de José Pedro Varela, de Carlos Real de Azúa, de Antonio Grompone, de Alberto Methol Ferré, de José Luis Rebellato, de Domingo Arena, de mujeres que trazaron el camino en el campo educativo como Luisa Luisi, María Espínola, María Stagnero de Munar, Alicia Goyena, Enriqueta Compte y Riqué, Reina Reyes, de escritoras como Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Idea Vilariño, Marosa di Giorgio, Circe Maia, entre tantos otros que podemos nombrar recurriendo a su enorme aporte y talla intelectual, no podemos darnos el lujo de seguir formando generaciones enteras fuera del ala central de nuestra mejor tradición, aquella que les puede dar el amparo y el sentido de pertenencia a una cultura tan sólida como valiosa. Como bien lo sabemos, se siembra lo que se cosecha.
Fuente: http://diarioeldia.uy/sitio/educacion-y-cultura/los-gobiernos-pasan-la-cultura-queda/