Traducido por Juan Vivanco
El 15 de mayo de 2007 una alianza mayoritaria de los partidos europeos de derechas PPE, ADLE, UEN e ITS (este último de ideología fascista, capitaneado por Jean-Marie y Marine Le Pen) logró, por un voto de diferencia y contra el parecer de los demás partidos, que una «Resolución del Parlamento Europeo sobre Venezuela» se incluyese en el orden del día.
Esta resolución afirma que no renovar la licencia para emitir en abierto a la televisora RCTV significa condenar a esta operadora, con 3.000 empleados, a la desaparición; que el «cierre de este medio» atenta contra el derecho de la prensa a ejercer su función de contrapoder; que el gobierno venezolano debe garantizar una información pluralista y hacer que se respete la libertad de expresión; y hace un llamado al diálogo entre el gobierno y RCTV.
Por último, pide al Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anule lo antes posible el decreto que dispone el fin de la licencia de difusión de RCTV.
– Esta resolución de la derecha y extrema derecha parlamentaria europea (grupos mayoritarios) está plagada de errores, porque RCTV no va a desaparecer (sólo dejará de emitir en abierto), los trabajadores conservarán su empleo y en Venezuela el pluralismo informativo está garantizado como en ningún otro país latinoamericano. Además, los incesantes llamados al diálogo de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) en 2005 y 2006 han sido desoídos por RCTV.
– Esta resolución sólo tendría sentido si se aceptaran tres postulados:
1. Una cadena privada de televisión que ha obtenido una licencia para 20 años disfruta, de hecho, de una licencia perpetua.
2. Una cadena privada de televisión que incita a un golpe de estado contra un presidente elegido por el voto popular, que vulnera las leyes (publicidad encubierta, fraude fiscal, incumplimiento de las cuotas de producción nacional, inclusión de imágenes subliminales en programas juveniles [1], etc.), y se niega a dialogar con las autoridades, puede EXIGIR la renovación de su licencia.
3. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano no debe pronunciarse con arreglo a su criterio y su conciencia, como organismo independiente (también de Europa), aplicando la legislación de su país, sino «anular» la decisión de no renovación.
– Esta moción es engañosa, porque RCTV puede emitir libremente por cable, por satélite o por internet. En todo el mundo hay cientos de cadenas que emiten así y NO ESTÁN CERRADAS.
– Esta resolución revela un interés de la derecha por unos hipotéticos despedidos venezolanos que brilla por su ausencia cuando se trata de despedidos europeos de empresas que cierran DE VERDAD, por decisión de sus dueños.
– Esta resolución nos recuerda el silencio del parlamento europeo cuando, durante el golpe de estado de abril de 2002, varios medios venezolanos, cuya licencia no había caducado, fueron cerrados manu militari, sin previo aviso, y sus periodistas detenidos e incluso torturados; ni cuando, más tarde, la información desapareció de las pantallas para ocultar el fracaso de la asonada.
– Esta resolución nos hace preguntarnos qué pasaría si una televisora francesa llamara al ejército a derrocar a Sarkozy, propagara toda clase de bulos, organizara una marcha sobre el Elíseo, se conchabara con francotiradores que disparasen contra la multitud, aplaudiera a quienes disolvieran el gobierno, el parlamento y casi todas las instituciones del estado, prohibiera los sindicatos, destituyera a todos los altos cargos y persiguiera a los periodistas que no apoyaran el golpe. Si algo así ocurriera, ¿defenderían nuestros parlamentarios firmantes el derecho de esa televisora a demostrar, durante 20 años más, su peculiar apego a la democracia? De no ser así, quedaría en evidencia que lo que admiten para Venezuela les parece indigno para Francia, en una clara muestra de mentalidad neocolonial.
– Esta resolución nos sugiere que, como nuestros medios y televisiones se escoran hacia una tendencia política (el director adjunto de campaña de Sarkozy, por ejemplo, ha sido nombrado a dedo director de TF1 [la primera cadena francesa]), sería conveniente votar otra, igual de celosa de la libertad de expresión y el pluralismo, pero destinada a Europa.
– Esta resolución se inspira en las informaciones transmitidas en Estrasburgo por Marcel Granier, el dueño de RCTV, respaldado por Robert Ménard, de Reporteros sin Fronteras.
El socialista francés Jean-Pierre Cot, ex presidente del grupo socialista, fue quien hace dos meses invitó a Marcel Granier a dirigirse al parlamento europeo. Al principio los socialistas europeos apoyaron la iniciativa; luego, divididos, vacilaron hasta pronunciarse contra la inscripción de esta moción entre los asuntos urgentes de derechos humanos, y al final se sumaron al compromiso de la izquierda de votar contra la moción de la derecha.
Jean-Marie Cavada [eurodiputado de ADLE y antiguo presidente de Radio France] hizo intensas gestiones ante las instancias del parlamento europeo para que el caso de RCTV se incluyese en el orden del día de asuntos urgentes de derechos humanos (en pie de igualdad con las matanzas, las desapariciones forzosas o la tortura).
El 21 de mayo el diputado verde Alain Lipietz presentó una moción, más matizada que la del PPE, pero en contraste con sus declaraciones posteriores a un viaje a Venezuela, durante el cual había visitado varios estudios de televisión (entre ellos los de Vive TV) y había podido formarse un juicio ponderado, sinceramente reflejado en dichas declaraciones. Su moción lamentaba que esta decisión sentara «un precedente» y pedía que las delegaciones y comisiones competentes del parlamento europeo examinaran el caso RCTV.
Desde París el senador socialista Jean-Luc Mélenchon, amigo de Venezuela, informaba a los parlamentarios socialistas franceses y europeos. Desde distintos ámbitos, otros amantes de la verdad y la libertad interpelaron a los responsables socialistas (entre ellos a Fabius, que no soltó prenda).
El grupo de izquierda IUE/IVN (que agrupa a los comunistas y los verdes nórdicos) presentó una resolución que recordaba el derecho soberano del gobierno venezolano a regular su espacio radioeléctrico y su obligación de no tolerar monopolios ni concentraciones de medios.
Al final, gracias a la intensa actividad de este grupo, se firmó un compromiso sobre una moción alternativa entre IUE/IVN, el PSE (grupo del Partido Socialista Europeo) y los verdes.
Este compromiso considera que la decisión tomada por el órgano regulador del espacio radioeléctrico venezolano de no renovar la licencia de difusión en VHF de RCTV ha estado justificada por el apoyo de esta operadora al intento de golpe de estado militar de 2002 y al paro petrolero de 2003, y por su comportamiento parcial durante el referéndum revocatorio de 2004, así como por sus repetidas vulneraciones de las leyes de protección de la infancia y protección de la imagen de las mujeres y los indígenas en televisión;
señala que la cuestión del pluralismo y la libertad de expresión en América Latina y (nótese la picardía) también en la Unión Europea debería tratarse en el ámbito de un diálogo constructivo con las estructuras de cooperación parlamentaria entre la UE y América Latina, y con los representantes de los gobiernos y la sociedad civil; por consiguiente, pide a las delegaciones y comisiones competentes del parlamento europeo que se ocupen de esta cuestión.
Insta a las autoridades de Venezuela, en nombre de la imparcialidad del estado, a impedir la concentración de medios y velar por la calidad y el pluralismo de la información, así como por el respeto a las normas vigentes.
Hace un llamado a los medios venezolanos privados y públicos para que hagan un tratamiento objetivo e imparcial de la vida política venezolana; respalda a los medios que garantizan el pluralismo y la legalidad democrática.
Dado que el gobierno venezolano ha anunciado su intención de respetar escrupulosamente los fallos del poder judicial acerca de RCTV, insta a todas las partes a hacer lo mismo.
Este último punto es importante: el 23 de mayo el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado inadmisible el amparo interpuesto por RCTV. De modo que en Venezuela la supresión de uno de los canales de emisión de una televisora golpista es no sólo legítima, sino legal. Se distingue entre la función de contrapoder y la de encarnación del poder.
Temiéndose lo peor, los grupos de derecha habían modificado in extremis su resolución en un «compromiso final» que en vez de instar al tribunal a fallar contra el gobierno, declara de antemano nula su decisión so pretexto de que «no ha respetado el plazo legal para estatuir».
Otra versión es la de Reporteros sin Fronteras, cuyo comunicado «deplora» la decisión del Tribunal porque «la licencia es válida hasta 2022», patraña inventada por Marcel Granier que no ha sido tomada en serio por ningún parlamentario europeo. RSF añade que ha enviado representantes a Venezuela para apoyar a RCTV y entrevistarse con los medios y las autoridades implicados.
Este fallo judicial debería callar la boca a nuestros europarlamentarios, que bien cerrada la tuvieron cuando el CSA francés (Consejo Superior de lo Audiovisual) retiró la licencia a TV6 en 1987 y a Al Manar en 2004, o cuando el mismo CSA intimó a Eutelstat a dejar de difundir Al Yazira, o cuando en España se revocó la concesión de TV Laciana en 2004 y de TV Católica en 2005, y se cerró TeleAsturias en marzo de 2007, o cuando el Reino Unido retiró la licencia a One TV, Actionworld y StarDte TV.24 en 2006 y a Look 4 love 2 en 2007.
Pero si se trata de ejercer una vigilancia especial sobre Latinoamérica, la parcialidad es clamorosa: en abril de 2007 Perú cerró dos cadenas de televisión por infringir la reglamentación. En 2003 El Salvador revocó la concesión de Salvador Network.
¿Y más al norte, en el continente americano? En 1999 Canadá revocó la concesión de Country Music Television (CMT). En 1969 Estados Unidos revocó la concesión de WLBT-TV, en 1981 la de WLNS, en 1998 la de Daily Digest y en 1999 la de FCC Yanks Trinity License.
La resolución de la derecha del parlamento europeo contra Venezuela se votó solapadamente el 24 de mayo, sin quórum, abusando del procedimiento de urgencia en materia de derechos humanos, pensado para asuntos consensuados de defensa de las libertades fundamentales.
De los 785 diputados sólo asistieron 65. La moción se aprobó con 43 votos a favor y 22 en contra.
Jean-Marie Cavada no se dignó a bajar de su despacho al hemiciclo para asistir al debate o participar en la votación de las resoluciones… Entre los pocos diputados franceses presentes, cabe mencionar a Pervenche Bérés (PSE) y el comunista Francis Wurtz (IUE/IVN).
Tal como reconocían sin tapujos algunos parlamentarios de derecha en los pasillos de Estrasburgo, se trató de «un voto político».
Su finalidad, en efecto, era castigar a un país que trata de recuperar sus riquezas naturales, ayudar a los demás países de la región y librarse de la miseria y del Imperio, un país que acaba de retirarse del FMI y del Banco Mundial y quiere crear un Banco del Sur.
A la cabeza de este país está un hombre que gana una elección tras otra, aupado por su pueblo, a pesar de la violencia de unos medios que en su mayoría pertenecen a la oposición.
Posdata
La resolución final de la derecha y la extrema derecha ya no hablaba de «condena», sino de «riesgo» de desaparición de RCTV.
Largo es el camino que culebrea ante las verdades evolutivas.
En el momento de escribir estas líneas (25 de mayo, 10 de la mañana en Caracas), todavía no conozco los nombres de los eurodiputados que han votado esta moción. Los lectores, sin duda, los conocerán y podrán añadir comentarios a este artículo.
[1] He podido comprobar personalmente, en fragmentos pasados a cámara lenta, la presencia de esas imágenes. Entre junio y diciembre de 2006 RCTV cometió 652 infracciones de todo tipo.
He aquí el texto de la resolución propuesta al Parlamento Europeo por:
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Resolución del Parlamento Europeo sobre Venezuela
El Parlamento Europeo,
– Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,
A. Considerando que el pluralismo de los medios de comunicación y la libertad de expresión son un pilar indispensable de la democracia,
B. Considerando que la libertad de los medios de comunicación es de fundamental importancia para la democracia y el respeto de las libertades fundamentales, teniendo en cuenta su función esencial en la garantía de la libre expresión de opiniones e ideas y su contribución a la participación efectiva de las personas en los procesos democráticos,
C. Considerando que la no renovación de la licencia de difusión del grupo audiovisual privado Radio Caracas Televisión (RCTV), que expira el 27 de mayo de 2007, puede poner en peligro de desaparición a este medio de comunicación, que emplea a 3 000 trabajadores,
D. Considerando que la no renovación de la licencia de este medio de comunicación, uno de los más antiguos e importantes de Venezuela, priva a gran parte del público de una información pluralista y es contraria al derecho de la prensa de desempeñar su función de contrapoder,
E. Considerando que el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha anunciado que no va a renovar la licencia de difusión de una de las principales cadenas de televisión del país, Radio Caracas Televisión (RCTV) y que la licencia expira el 27 de mayo de 2007,
F. Considerando que Radio Caracas Televisión, a la vista de las declaraciones del Gobierno venezolano, es el único medio de comunicación afectado por esta decisión de no renovación de la licencia,
G. Considerando que la Constitución venezolana garantiza en sus artículos 57 y 58 los derechos a la libertad de expresión, de comunicación e información;
H. Considerando que Venezuela ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
I. Considerando que el Tribunal Superior de Justicia, ante el que RCTV ha presentado un recurso, no ha respetado el plazo para dictaminar,
J. Considerando que la actitud que se reprocha a la dirección de RCTV debe dar lugar, si las autoridades lo consideran necesario, a un procedimiento judicial ordinario,
K. Considerando que el propio Jefe de Estado anunció públicamente esta decisión a finales de diciembre, estableciendo un precedente alarmante para la libertad de expresión en el país,
1. Recuerda al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que es su obligación es respetar y hacer respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa, obligación establecida en su propia Constitución, en la Carta Democrática Interamericana, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que es parte signataria;
2. Pide al Gobierno de Venezuela que garantice, en nombre del principio de la imparcialidad del Estado, un trato jurídico igual para todos los medios de comunicación, públicos o privados, con independencia de toda consideración política o ideológica;
3. Llama al diálogo entre el Gobierno y los medios de comunicación privados de Venezuela, aunque lamenta profundamente la nula predisposición al diálogo en general mostrada por las autoridades venezolanas, y en el caso de RCTV en particular;
4. Pide, por tanto, a las delegaciones y comisiones competentes del Parlamento Europeo que se ocupen de esta cuestión;
5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Asamblea EuroLat, al Parlamento de Mercosur, así como al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Original en francés: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=2802&lg=fr
El periodista independiente francés Maxime Vivas también ha escrito sobre el caso RCTV: Venezuela : Chávez, les putschistes, la télé et le peuple
Juan Vivanco es miembro de Cubadebate, Rebelión y Tlaxcala. Este texto se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a sus autores y la fuente. URL de este artículo: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=51392