Desde el 5 de diciembre, en la SNCF y la RATP, el compromiso a mantener la movilización hasta la retira del proyecto que desmantela el sistema de pensiones, la huelga reconducible bloquea el transporte ferroviario en el país y el transporte urbano en la región de Paris. Junto a la dinámica en estos dos estos […]
Desde el 5 de diciembre, en la SNCF y la RATP, el compromiso a mantener la movilización hasta la retira del proyecto que desmantela el sistema de pensiones, la huelga reconducible bloquea el transporte ferroviario en el país y el transporte urbano en la región de Paris.
Junto a la dinámica en estos dos estos sectores, asistimos a una fuerte movilización, con varios días de huelga, en el sector de la enseñanza (70% de huelguistas el 5 de diciembre), en el de electricistas-y del gas, entre estudiantes y universitarios, así un número significativo de empresas en el sector privado que cesaron de trabajar para ir a las manifestaciones del 5 y 10 de diciembre. El 10, se vivió una nueva jornada de huelga y manifestaciones en respuesta al llamamiento de la CGT, FO, Solidaires, FSU y de los sindicatos de estudiantes y universitarios. Con apenas cuatro días para prepararlas, las manifestaciones tuvieron una participación inferior a la del día 5 (400.000 según la policía, 800.000 según la CGT), si bien en todas las ciudades superaban el nivel de las manifestaciones de 2016 contra la reforma laboral. Manifestaciones dinámicas y que ponían de manifiesto su carácter unitario, tanto interprofesional como intersindical y con presencia de los chalecos amarillos.
Por el momento, sólo las plantillas de la RATP y de la SNCF están en huelga reconducible, sin que se de una generalización a otros sectores incluso en la función pública. Son los dos sectores que, desde septiembre-octubre, tanto las y los trabajadores como sus familias venían preparándose para una huelga larga. Como afirmaba un ferroviario de la Estación de Montparnasse «más vale perder el salario de un mes que heredar esta mierda a nuestros hijos». Esta es la determinación y la voluntad luchar hasta el final y para ganar, y no solo para hacer el paripé, que reina entre las y los trabajadores de la SNCF y la RATP. Es esta determinación, que a través de la presión de las asambleas generales que reconduce la huelga día a día, a veces de forma unánime, la que une al conjunto de los sindicatos de estos dos sectores, incluso a la CFDT [la más proclive a la negociación con el gobierno].
Desde hace 10 días el número de huelguistas es mayoritario y esta determinación se apoya también en el apoyo mayoritario de las clases populares, incluso en la región de Paris [donde la huelga genera de la RATP genera muchas molestias]. Todas las empresas de encuestas dan testimonio de ello: dos tercios de las y los trabajadores del país apoyan la huelga a pesar de tener que esperar horas y horas para disponer de transporte, padecer los atascos en las rutas o tener que hacer largos trayectos a pie para ir y volver del trabajo. El 12 de diciembre este apoyo se cifraba en el 68% según Odoxa. El mismo apoyo que desde hace un año cuenta el movimiento de los chalecos amarillos a pesar de la matraca mediática para desacreditarlo y criminalizarlo.
Más allá de la SNCF y de la RATP, esta determinación popular se expresa también en los equipos militantes que día a día trabajan para extender la huelgas, y organizar las reuniones interprofesionales e iniciativas diversas en los barrios y pueblos. Aún a pesar de que en determinados sectores la huelga del día 5 aparecía como una simple jornada de huelga, la necesidad y la posibilidad de movilizarse a largo plazo desde ahora es una idea que va abriéndose paso. Decenas de millares de jóvenes trabajadores y trabajadoras trabajan para poner en pie, desde la base, una movilización interprofesional. La experiencias de decenas de días de jornadas de movilización con los chalecos amarillos dan el tono de las acciones de los últimos días, sin olvidar el balance de las luchas de los últimos años que hacen también muchos equipos sindicales: las y los huelguistas de la RATP y de la SNCF quieren gestionar la huelga de forma directa, y la convergencias entre los equipos militantes de diferentes empresas a nivel local se da con más fuerza que en ocasiones anteriores.
Hay una dinámica mayor que la habitual a la hora de poner en pie comités de huelga locales para organizar y dinamizar la actividad. Estamos en los albores de una nueva relación entre las y los huelguistas, entres las y los militantes y las direcciones sindicales. No una relación antagónica, sino complementaria en la que, a menudo, la iniciativas parte de abajo.
Habiendo sido marginal durante la movilización de los chalecos amarillos, el movimiento sindical se encuentra de nuevo en el centro de la actividad, con una posición unitaria por parte de la CGT, FO, Solidaires y la FSU. No existe un opinión común sobre la jornada del 5 de diciembre y sobre cómo seguir, siendo el punto de convergencia el «apoyo a los sectores y empresas que reconducen la huelga». Pero las sectores combativos que llaman explícitamente a reconducir y a generalizar la huelga están muy activos y son los que dan el tono a la movilización. Por ello existen sectores en la enseñanza, la energía y la química que también están en huelga reconducible. Aún no es suficiente para hacer que Macron de marcha atrás, pero suficiente para inquietarle y obligarle a maniobrar. El conjunto de sindicatos ha convocado una nueva jornada de huelgas y manifestaciones para el 17 de diciembre, fecha en la que ya había una convocatoria de acción nacional por parte del sector hospitalario. Esta jornada será decisiva para la relación de fuerzas que se establezca.
Por su parte, el debate sobre las pensiones cambia de naturaleza todos los días. El gobierno quería enredar el debate sobre las cuestiones técnicas y de equilibro presupuestario, de difícil comprensión para la gente normal, a fin de lograr el apoyo de la gente en base a fórmulas vacías y demagógicas como la universalidad, la igualdad y estigmatizar a la gente privilegiada que goza de regímenes especiales. Sin embargo, el debate que emerge es el debate sobre el modelo de sociedad, porque el tema del cálculo de la pensión pone en evidencia todas las injusticas sufridas a lo largo de la vida laboral por los trabajadores y trabajadoras; en primer lugar de la mujeres y de quienes viven decenas de años en la precariedad en actividades penosas.
La mayoría de la gente llega exhausta y a la jubilación y casi la mitad en situación de desempleo. Esta contrarreforma de pensiones pone al descubierto esta situación y la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras comprensa que su situación va a empeorar si el gobierno logra imponerla. Hagan huelga o no, comprenden que el ataque contra los regímenes especiales (1,4% de la población activa) va a servir de pretexto para un ataque generalizado. Transformar el actual sistema de cálculo de las pensiones basado en los años con el mejor salario hacia un sistema de puntos se va a traducir automáticamente en una reducción del conjunto de las pensiones. Este clima de debate permanente entre las y los asalariados sobre las fórmulas de cálculo, el temor a las pérdidas que pueden acarrear, nos traen a la memoria los intensos debates durante el referéndum sobre el Tratado constitucional europeo en 2005.
Y, sobre todo, destaca un elemento. Tras la reforma de los sistemas colectivos de pensiones, quienes están a la emboscada son los fondos privados de pensión. Actualmente las aportaciones a estos fondos de pensión en Francia son microscópicas: en torno a 15 mil millones, el 0,63% del PIB. En Alemania, este porcentaje del 7,76%, en el Reino Unido del 95% (2.273 mil millones), en Holanda, el 180%…
Los fondos privados de pensiones están buscando nuevos mercados. En 2015 Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía, realizó diversas declaraciones en las que deseaba que los fondos de pensiones llegaran a Francia. Cuando se instaló en el Eliseo, 2017, recibió a Larry Fink, director general de BlackRock, primer gestor mundial de fondos de pensión. Hace unos mses se votó en el Parlamento una Ley, la ley PACTE, por la que se facilita el movimiento de estos fondos con beneficios fiscales. Por otra parte, y es grave, el proyecto de ley de la reforma de pensiones establece que el tope de las pensiones no sujetas a contribución pasaría a 120.000€ contra los 324.000 actuales. Así pues, las rentas más altas, salariales o no salariales, a fin de garantizar una jubilación alta, se desplazarían automáticamente hacia los fondos privados de pensiones, que abrirían una mina que se conlleva el riesgo evidente de reforzarse, como en otros países europeos, a medida que las pensiones se reducirían drásticamente.
Como por casualidad, acaba de hacerse público que M. Delevoye, responsable gubernamental del proyecto de reforma desde hace dos años, viene siendo remunerado desde hace varios años por un instituto de aseguradoras privadas.
El proyecto del gobierno
El 11 de diciembre, tras la jornada de huelga, el Primer ministro Edouard Philippe, considerando que el movimiento se desinflaba, presentó las grandes líneas de la reforma.
Por una parte, para tratar de calmar la cólera y desmovilizar el movimiento, dio marcha atrás sobre la fecha a partir de la cual se aplicaría la reforma: sólo se aplicará a las generaciones nacidas después de 1975, mientras que las precedentes continuarán con el sistema actual. Por otra, y con una ostentosa provocación, defendió todos los elementos de su proyecto de reforma, añadiendo una nueva agresión: la edad para poder jubilarse al 100% pasa de 62 a 64 años, mediante un proceso de acumular 4 meses por años aplicable a todos los asalariados y asalariada desde 2022 (de ese modo, las personas nacidas en 1960 tendrán que alcanzar los 62 y 4 meses para jubilarse con el 100%…). No mencionó ningún elemento concreto en relación al personal de la Función Pública, en especial al de la Educación nacional, que con esta reforma sufrirán pérdidas automáticas de cientos de euros al mes [entre 500 y 600], ni al personal del transporte (RATP, SNCF), para quienes plantea una negociación sectorial sobre al cálculo del período de transición.
De forma demagógica y persistente, el gobierno avanza tres argumentos falaces para calificar su reforma de «universal y socialmente justa», en un ejercicio desvergonzado de pervertir el significado de las palabras.
-
Promete para 2022 una pensión mínima, para una vida laboral completa, de 1000 euros netos (85% del SMIC), lo que califica como un gran avance social… De hecho se trata del recicaje de una ley que se debería haber aplicado en 2008 y que en realidad representa un aumento de 30€ lo que se conoce como «mínimo contributivo». Macron ya había prometido el pasado abril a los chalecos amarillos que lo aplicaría a partir del 1 de enero de 2020. Por lo tanto, de lo que se trata en realidad es que la medida se reporta aún dos años más.
-
Afirma que la gente más precaria, con una vida labora caótica, saldrá beneficiada por el sistema de punto que establece la reforma, porque el sistema actual no reconoce como trimestre trabajado cuando se hayan trabajado menos de 150 horas al año. Un argumento demagógico porque la gente precaria seguirá hundida, con pensiones miserables, a través del propuesto sistema de pensión por puntos. Los años malos (en el conjunto de la vida laboral) no permiten acumular puntos y a la hora de jubilarse, el cálculo se hará sobre el conjunto de la vida laboral, en tanto que con el sistema actual el cálculo se hace, sobre los 25 mejores años en términos salariales.
-
Por último, se habla de que las mujeres, y sobre todo las madres, saldrán beneficiadas con el nuevo sistema. Todo lo contrario: el nuevo sistema suprime los 8 meses contabilizados por hijo o hija, y las mujeres serán las primeras afectas por el retraso de dos años en el acceso a la pensión al 100% y los efectos de un sistema que penaliza las carreras interrumpidas. A todo ello se le añade las condiciones menos favorables para acogerse a la pensión de viudedad tras el fallecimiento del o la conyugue… Todo ello a cambio de una mejora del 5% por año que seguramente beneficiará más al padre que a la madre.
Es tan evidente que se está vendiendo humo, que hasta el propio gobierno anuncia de un lado que todo el mundo ganará con el nuevo sistema y, al mismo tiempo, se compromete a no aplicarlo de golpe para reducir el malestar generado. Por otra parte, rechaza se poner a disposición de la gente un sistema simulador que permita a la gente calcular en qué quedarían sus pensiones con el proyecto nuevo y así poder compararlas con el sistema actual. Una prueba más de que todos los argumentos del gobierno son pura charlatanería.
De ese modo, con la presentación del proyecto de ley, el Primer ministro ha logrado que todo el mundo se le ponga enfrente… incluso la CFDT que, sin embargo, era su silencioso aliado desde el inicio de la movilización. No sólo la CFDT del sector ferroviario se mantiene firme en la huelga de la SNCF, sino que la confederación se ha sentido traicionada por el gobierno, dado que había planteado que no se mezclaran la reforma sistémica (pasar al sistema de puntos) y la reforma paramétrica: el número de años cotizados necesarios para acceder a una pensión al 100%, el año de partida, etc. Y en ese tema, casus belli, ¡el gobierno ha anunciado ampliar a dos años más los necesarios para ello! A todas luces, Edouard Philippe exagera con la esperanza de que la relación de fuerzas permita ganar y situar la edad de jubilación de Francia en torno a la media del resto de los países europeos.
Respuesta sindical
Como todo esto era previsible, el conjunto del movimiento sindical se posicionó abiertamente contra el proyecto gubernamental el 12 de diciembre y el movimiento huelguístico se ha reforzado. El conjunto de los sindicatos (CGT, FO, FSU, Solidaries, y también CDFT, CFTC y UNSA) se ha unido para realizar un llamamiento a huelgas y manifestaciones el 17 de diciembre, jornada que se anuncia al menos tan masiva como el día 5, con la presencia complementaria del conjunto del sector hospitalario que lleva ya varios meses en lucha.
Además, en la medida que el proyecto presentado no da respuesta a la enorme pérdida que supondrá para las y los enseñantes, o a las cuestiones pendientes para la SNCF y la RATP, esto ha reforzado la determinación de estos sectores. Otro elemento que se añade: la mitad de las refinerías de crudo están en huelga, lo que empieza a generar penuria en las estaciones de servicio.
Tras estas reacciones al anuncio del Primer ministro, el gobierno ha comprendido que lejos de desatascar la crisis, lo que ha hecho es agudizarla. Por ello, en vísperas del fin de semana, ha comenzado con toda una operación de desactivación.
De entrada, en relación a la policía. Aún cuando el nuevo régimen propuesto se dice universal, el Primer ministro y su ministro del Interior ya se han comprometido a garantizar las condiciones actuales a las «fuerzas de seguridad interior, bomberos, policías, gendarmes, guardias de prisión y militares». Si bien la cuestión parece resuelta para las y los militares (se les garantiza la jubilación al 100%, tras 17 años de servicio para soldados y suboficiales; 27 años para oficiales…), la situación no está nada clara para el resto de categorías. La policía parece que el viernes obtuvo el que se garantice su régimen particular con la jubilación a los 57 años. Para meter presión, 600 CRS se dieron de baja por enfermedad a principios de semana, antes del 11 y la policía había iniciado una huelga de celo, prometiendo nuevas acciones.
Así pues, el régimen universal de Macron ya plantea excepciones para el único sector que según él trabaja en condiciones penosas y de riesgo, el de las fuerzas represivas y militares. Por otro lado, las y los senadores conservarán sus conquistas: más de 2000 euros netos de jubilación tras un solo mandato de 6 años. En cuanto a las y los enseñantes que perderían ciento de euros por mes, el Ministro de educación ha comenzado a intentar renegociar con ellos, prometiéndoles resultados concretos… ¡a lo largo de los próximos meses! El gobierno no se compromete a financiar ninguna revalorización de sus salarios [lo que en un primer momento el Ministro de educación presentó como una posibilidad para compensar la pérdida anunciada]. Lo que es peor aún, el gobierno condiciona cualquier hipotético aumento a nuevas cargas de trabajo o a un incremento de la jornada laboral anual.
En realidad, el gobierno quiere resolver la crisis empantanando a las direcciones sindicales en discusiones sectoriales a lo largo de las próximas semanas, para entretenerles, como decía un viejo dirigente sindical, e impedir que sigan adelante con la confrontación central contra este proyecto. En lo que se refiere a la CFDT, el objetivo del Gobierno sería de realizar ciertas concesiones en aspectos como los criterios sobre la penosidad, de forma que se retire del conflicto. Si el gobierno lograra imponer esta línea, el movimiento perdería su relación de fuerzas y la reforma se implantaría.
Está claro que el Gobierno no quiere dar marcha atrás en cuanto a la prolongación de la vida laboral hasta los 64 años como mínimo ni a la puesta en pie de un sistema de pensiones por puntos. Su objetivo de fondo es quebrar el régimen de cotizaciones salariales y deslizarse progresivamente hacia un sistema de pensiones por puntos que no cubran más que una pequeña parte del salario anterior, como es el caso en mucho países de Europa. Su objetivo es no superar el 14% del PIB del gasto público que suponen las pensiones e impulsar el desarrollo de un sistema de seguros individuales a través de los fondos de pensión.
Macron ha hecho de esta reforma un objetivo político que a pesar del amplio rechazo popular que sigue cosechando le abra la vía a la reelección en 2022, apareciendo como el mejor gobierno para la derecha, la patronal y la burguesía, y bloqueando a la derecha tradicional (Les Républicans) cuyo lugar ocupa actualmente.
La contrarreforma de las pensiones constituye un ataque frontal, aquí y ahora, que impone hacerle frente sin titubeos. El meollo de la cuestión para el movimiento social está en evitar caer en las maniobras y las divisiones en los próximos días; en lograr una movilización importante el día 17 y que este día marque el punto de partida para extender la movilización con un control creciente de la movilización por parte de las y los huelguistas.
Léon Crémieux, sindicalista y militante del NPA
Traducción: viento sur