El 4 de agosto, durante una parada militar en Caracas, un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 cargados de explosivos contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha proestadunidense no ha podido conseguir en una veintena de elecciones […]
El 4 de agosto, durante una parada militar en Caracas, un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 cargados de explosivos contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha proestadunidense no ha podido conseguir en una veintena de elecciones ni tampoco a través del golpe de Estado de 2002;1 el sabotaje petrolero de 2002-2003 de la gerontocracia de PdVSA, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Coordinadora Democrática, la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados; las sanciones y la guerra económica, y la guerra no convencional del Comando Sur del Pentágono, desplegada en su última fase de 2015 a la fecha mediante campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos cipayos del Grupo de Lima.
Uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita (sustancia como la que causó la explosión del Boeing 747 de PanAm sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, con saldo de 270 muertos) y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado por agentes de la CIA para derribar la nave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976, donde murieron 73 personas, y en el asesinato de Orlando Letelier, el excanciller de Salvador Allende en Washington, ese mismo año; el favorito para las operaciones de bandera falsa de la red Gladio de la OTAN, y el que derribó la torre II de Pemex, en México, en 2013). Ambos drones fueron dirigidos a la avenida Bolívar con el fin de que uno explotara en la parte superior de la tarima presidencial y el otro en la zona frontal, para asegurar la muerte de Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, miembros de su gabinete y los mandos de los institutos armados. Los equipos inhibidores de señales del anillo de seguridad presidencial hicieron que los drones se desorientaran y los explosivos detonaron fuera del perímetro planificado por los terroristas.
Los dos grupos operativos fueron detenidos el mismo día. Uno, integrado por el sargento retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Monasterios, y Argenis Valero Ruiz, en flagrancia; el otro mientras huía hacia Colombia. Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, en Colombia; allí aprendieron a manejar drones. Se les ofreció pagar 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos.
De los audios de las conversaciones que los autores materiales mantuvieron entre sí mientras ejecutaban el atentado y posteriores declaraciones ministeriales de Juan Carlos Monasterios, jefe operativo del acto terrorista, se estableció que dos de los autores intelectuales fueron Rayder A. Russo, quien reside en Colombia y entrenó a los sicarios en la finca Atalanta, y Osmán Delgado Tabosky, financista venezolano que vive en Miami, Florida, quien advertido por sus cómplices que los drones habían perdido el control, detonó uno de manera remota a miles de kilómetros del lugar de los hechos. Monasterios, Russo y Delgado habían participado en el ataque al fuerte Paramacay en 2017, y eran buscados por la justicia venezolana.
El ex jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, refugiado en Colombia desde febrero último, y su correligionario de Primero Justicia, Juan Requesens, detenido en Caracas, también participaron en la trama fallida. El gobierno de Venezuela giró el viernes una orden internacional de captura («código rojo» de la Interpol) contra Delgado, Russo y Borges, implicado en el caso por Requesens y Monasterios. Maduro también acusó al coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo de ser el «jefe de los asesinos» y de intentar captar militares para derrocarlo.
Asimismo, el 6 de agosto, el presidente de Venezuela dijo tener «pruebas suficientes» de la complicidad en ese acto de barbarie del mandatario saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ha mantenido múltiples reuniones con Julio Borges. En vísperas de culminar su mandato Santos declaró «veo cerca la caída de Nicolás Maduro (…) ojalá mañana» (mismo terminara su gobierno de) «forma pacífica».
El 9 de agosto, durante un encuentro a puerta cerrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Bogotá, el nuevo canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, le expresó a Borges el «apoyo incondicional» del gobierno de Iván Duque para «rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela».
Señalado por sus adversarios como un «títere» del expresidente Álvaro Uribe −sindicado por sus vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico y acusado de genocidio−, Iván Duque ya tiene una estrategia para negociar con la administración Trump una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: tomar las riendas de la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.
A principios de julio, ya designado presidente electo, Duque corrió a recibir instrucciones en Washington del aparato de seguridad de la administración Trump. Allí se reunió con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y con el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.
Del encuentro con Pence, Duque sacó particular ventaja al aprovechar la preocupación del vicepresidente de EU sobre la «amenaza» que supone para Colombia la «dictadura» de Maduro, y solicitó apoyo estadunidense en materia militar, de inteligencia y seguridad. Y como dijo entonces el presidente colombiano entrante, el lenguaje común con EU «es el de los resultados» -verbigracia, el fin justifica los medios, lo que no lo exime de que en cualquier momento Trump le dé una patada en el trasero−, por lo que se puso a trabajar para que lleguen rápido: el 10 de agosto, tres días después de asumir el cargo con el alborozo de las estructuras paramilitares, anunció el retiro «irreversible» de Colombia de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela. Ya antes, había prometido llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, donde su patrón, Uribe, está acusado por crímenes de lesa humanidad, y esperan turno los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Creada en 2008, la Unasur auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales tuvo consolidar a Sudamérica como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de alineamiento y adoctrinamiento. En ese contexto, en mayo de 2018, el «pacifista» Santos introdujo a Colombia como «socio global» de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas, después de la guerra fría. Con lo que Colombia, con siete bases militares de EU en su territorio, se convirtió en un peón del Comando Sur del Pentágono y la OTAN en el hemisferio.
Ahora, monitoreado por el embajador de EU en Bogotá, Kevin Whitaker −quien en 2014 patrocinó los intentos de golpes blandos guarimberos y magnicidas liderados por María Corina Machado−, Duque, continuador del «fascismo social» de Álvaro Uribe, aspira cumplir un papel relevante en el llamado «Golpe Maestro» diseñado por el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, quien dijo que el gobierno bolivariano solo puede ser derrocado a través de una «operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general, Luis Almagro». La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix – 2018, del que Colombia será anfitriona en septiembre próximo.
Es en ese contexto que desde junio pasado llegaron misiones de los «Cascos Blancos» de la Cancillería argentina a las poblaciones colombianas de Cúcuta y Maicao, fronterizas con Venezuela. No llegaron a atender a niños colombianos −en una región abandonada por el gobierno desde el punto de vista sanitario y donde cada año fallece un número considerable de menores de 5 años por hambre−, sino a asistir a migrantes venezolanos.
¿Tendrá eso que ver con el agradecimiento del Departamento de Estado por el trabajo que esa organización hizo bajo el patrocinio de EU en Siria en el sonado caso de las «armas químicas», utilizado para justificar los bombardeos del Pentágono en ese país?
La respuesta a esa interrogante la dio el extitular de los Cascos Blancos argentinos, Gabriel Fucks, cuando dijo que la misión en la frontera colombiana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra Venezuela, en sintonía con la posición subordinada del gobierno de Mauricio Macri en la OEA, quien sigue la ruta de Uribe y Santos, y ha aceptado desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadunidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con «ayuda humanitaria» (sic), y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.
La patota de Lima
Tras la escaramuza fallida con drones, dirigida a provocar un asesinato en masa de líderes civiles y militares en Venezuela que hubiera generado un caos social y desembocado en una guerra civil, el Comando Sur seguirá buscando generar divisiones al interior de las instituciones armadas bolivarianas, y el eventual levantamiento de alguna guarnición castrense, como la ocurrida hace unos meses en el Fuerte Paramacay, a fin de asegurar que el poder sea transferido sin demora a las «autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional» presidida por Julio Borges, para lo que se estaría evaluando «liberar» una zona del país en donde instalar un «gobierno paralelo» que pueda ejercer funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y la patota del Grupo de Lima.
Como señaló el 6 de agosto el editorial principal del diario La Jornada, el presidente de México, Enrique Peña Nieto y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, guardaron inicialmente un «silencio inexplicable» ante el atentado terrorista, lo que «denota un doble rasero basado en la animadversión ideológica contra Maduro».
Ese silencio fue roto el sábado 11 por el canciller mexicano Luis Videgaray, quien con otros ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, exhibiendo una doble moral, en un comunicado conjunto, consideraron el hecho criminal como un simple «evento» o «incidente», que estaría siendo utilizado por Nicolás Maduro para «manipular» a la opinión pública y «perseguir y reprimir a la disidencia política» venezolana. Desde sus redes sociales, Videgaray envió un «abrazo» a Borges y todos los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, con lo que ratificó su papel de «yes-man» al servicio de la administración Trump.
Igual papel asumieron los medios hegemónicos cartelizados, reproductores de lo que Umberto Eco denominó «Ur Fascismo» −el fascismo latente en la sociedad moderna−, quienes minimizaron (incidente con drones), relativizaron (supuesto atentado) o silenciaron (censuraron) la tentativa de magnicidio y el acto de terrorismo, y cuando no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo calificaron como un «montaje», «autoatentado» o «maniobra» para ocultar la represión, con lo cual en los hechos están validando el asesinato como práctica política tan cara a la CIA.
Por toda respuesta, durante un acto con la cúpula militar el sábado 11, el presidente Maduro abrió la posibilidad de que el FBI (Buró Federal de Investigaciones de EU) coopere en las indagaciones del caso en Caracas, si Washington acepta que también investigue los vínculos de las células terroristas con sus patrocinadores en Miami, Florida, en particular con Osmán Delgado Tabosky, quien activó a distancia la carga explosiva del dron frente a la tarima presidencial.
A diferencia de los «pájaros metálicos» Predator y Reaper fabricados por General Atomics en California y armados con misiles Hellfire producidos por Lockheed Martin, que han sido utilizados por Barack Obama y Donald Trump en operaciones de muertes selectivas en Yemen, Somalia, Pakistán, Libia y Siria, los drones DJI M600 de última generación, con un rendimiento de vuelo mejorando y una mayor capacidad de carga, son utilizados con fines industriales y profesionales de diversos rubros, incluidos, como en el caso de Caracas, militares.
El Pentágono y la CIA, instrumentos punitivos y letales del «gobierno en las sombras» de Estados Unidos −país donde cuatro presidentes fueron asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, y ocho más sobrevivieron a intentos de magnicidios, el último Ronald Reagan en 198−, han hecho del magnicidio uno de los recursos de agresión planificada, en sus intentos por imponer a sangre y fuego una nueva fase de restauración neoconservadora en Nuestra América.
Nota:
1 Cabe recordar que durante una conferencia dictada el 8 de octubre de 2014 en el Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI), Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá , Lawrence («Larry») Wilkerson (jefe de gabinete del secretario de Estado, general Colin Powell), dijo: «¿Creen ustedes que nosotros no tuvimos nada que ver con el intento de golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez? Claro que tuvimos que ver; yo estuve allí.»
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