El rumbo no es lo más grave que se puede perder, sino la huella. En parte porque el primero es recuperable o corregible. Uno de los riesgos corrientes del caminar es la posible desorientación relativa o la necesidad de realizar correcciones sobre la marcha en función de los obstáculos que puedan ir encontrándose o de […]
El rumbo no es lo más grave que se puede perder, sino la huella. En parte porque el primero es recuperable o corregible. Uno de los riesgos corrientes del caminar es la posible desorientación relativa o la necesidad de realizar correcciones sobre la marcha en función de los obstáculos que puedan ir encontrándose o de la renovación del horizonte siempre inalcanzable. Pero la huella es lo que explica cómo y por qué se llegó al terreno actual. En el rastro está la memoria que para el progresismo no podrá ser en ningún caso tentación de retorno sino una múltiple vertiente de saberes y experiencias acumuladas y opciones adoptadas. La memoria es el bastón que alivia el esfuerzo ante los inesperados repechos y nutre la voluntad escaladora. El progresismo es andar, extenuarse tal vez y recuperarse, reorientarse y volver a andar generando nuevas pisadas. Inversamente, es el conservadurismo quien, en el mejor de los casos, camina en círculos dentro de un área delimitada y conocida, quien retorna permanentemente al punto de partida, cuando no ejecuta una grosera reculada.
En América Latina, se ha generalizado la experiencia política de consolidación de formas de democracia liberal que supone la erección de gobiernos surgidos en elecciones limpias y competitivas, resultado a la vez de la vigencia de las más básicas libertades políticas (de expresión, reunión, asociación) que da lugar a la existencia y reproducción de partidos políticos y de redacción o recuperación de constituciones y leyes. No importa, a los efectos de lo que discutimos hoy aquí, la particular orientación de cada gobierno ni los matices del modelo capitalista en cada caso. Tampoco el mayor o menor respeto práctico a las cartas magnas vigentes. Cada país latinoamericano tendrá particularidades propias al respecto y en algunos casos tal vez (pensemos en Colombia) algunos de estos derechos se encuentren amenazados. Pero si nos restringimos a la región austral del subcontinente, esto parece indubitable al sentido común y casi una consecuencia eterna y «natural» del propio desarrollo capitalista. Una suerte de encarnación «racional» y única de la organización social, como si siempre se hubiera vivido así y como si no se pudiera vivir de otra manera. Sin embargo esta naturalización en la opinión pública es una de las mayores amenazas tanto para una simple y modesta consolidación institucional como para una deseable superación de sus evidentes límites fiduciarios y expropiatorios de la soberanía ciudadana, justamente porque borra la huella de la desembocadura actual.
Menos de tres décadas atrás los países del sur eran atormentados por un genocidio coordinado que tomó de rehenes a las sociedades enteras y se encarnizó con decenas de miles de sus miembros (previsiblemente más críticos y activos que la media) en un desenfreno de sangre y martirio. Apenas veinticinco años atrás estas simples opiniones llevarían más rápidamente a una celda que a una conclusión reflexiva y hasta este diario sería materialmente imposible ante la violenta censura ejercida. No obstante habrá que reconocer que el resguardo de esta memoria, cuando el contenido resulta tan traumático y ominoso, no ha sido de trámite sencillo para los pueblos victimizados, aunque nos duela reconocerlo, como retomaré más adelante.
Si algo quiero subrayar en esta introducción del problema es que este umbral político indispensable para la supervivencia de derechos elementales, que constituyen las libertades cívicas básicas, no fue producto de una gracia ni es el estado «natural» o «estable» del capitalismo en cualquiera de sus matices, desde el liberal al keynesiano. Por el contrario, el capitalismo se ha llevado muy bien con el régimen nazi, con estados terroristas, con ocupaciones militares y con muchas otras formas de suplicio social, tanto como puede convivir con formas democrático-fiduciarias.
La resultante depende de la fuerza y capacidad vigilante de la sociedad civil. Durante el terrorismo de estado de los años setenta, fue la resistencia plural y organizada, hasta donde fue posible, quién operó cambios progresivos en la correlación de fuerzas entre la opinión pública nacional e internacional y la barbarie militarizada, hasta hacer retroceder a la canalla usurpadora del poder. Cierto es que en algunos casos estos cambios se vieron además favorecidos por los propios errores y tentaciones de los criminales. Desde las bravuconadas guerreras, inclusive al interior del propio bloque coordinado entre Argentina y Chile, hasta las concesiones de vida y riquezas que al modo de dioses misericordiosos se permitían los verdugos de tanto en tanto para con alguna víctima agraciada. No le faltó sinceridad al represor argentino que sostuvo recientemente en juicio que su único error fue dejar algunos secuestrados vivos, aunque la franqueza nos revele niveles de putrefacción humana indecibles.
Lo cierto es que estos estados terroristas se vieron obligados a replegarse no sin exigir trincheras de impunidad ante posibles curiosidades investigativas o exigencias de justicia y dignidad. Los criminales construyeron un parapeto político y jurídico que aún con ciertas diferencias nacionales perdura, tal vez algo desvencijado, hasta nuestros días. En Chile a través de una absurda constitución inmunizante, en Uruguay mediante la ley de Caducidad y en Argentina (ya anuladas las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos menemistas) por medio de la lentificación burocratizada del accionar judicial y la bifurcación multiplicadora de causas y consecuentemente de testimonios. La situación es desigual en cada país aunque en ningún caso resulta estancada y la oposición irreconciliable entre verdad e impunidad y entre condena e inmunidad, emerge cotidianamente como musgo, desde el lado oscuro entre las piedras.
Así como la criminalidad estuvo coordinada en estos países a través del plan Cóndor (que excedió sin embargo a los tres casos mencionados) también lo estuvo en parte la resistencia, en ocasiones facilitada por el exilio, y las influencias fueron mutuas a escala regional e internacional, tanto en la dirección institucionalizada del horror, cuanto en la de su combate. Incluso la propia internacionalización del crimen produce hoy algunas brechas jurídicas que parcialmente están compensando algo de los grandes obstáculos que se presentan con las derrotas uruguaya (plebiscito) y chilena (balotaje).
Sin embargo estas derrotas y la compleja actualidad contradictoria y aún insoluble de este sur, no contradicen una gran mayoría de experiencias históricas previas que consagraron lamentablemente la impunidad. No hay un solo asesino del franquismo procesado en España, ni tampoco sobrevivientes de las falanges de la guerra civil. Francia no condenó a sus colaboracionistas ni a sus torturadores coloniales ni tampoco en Italia se extendieron los procesos. Los criminales de la ex Yugoslavia gozan de plena impunidad al igual que los israelíes invasores de la franja de Gaza, como los torturadores de Guantánamo o Abu Grahib. La lista resultaría interminable y sobre algunas de estas experiencias ya hemos escrito aquí. A esta debilidad o aquiescencia de los pueblos apunta el ex presidente argentino Duhalde cuando reclama un referéndum para suspender los juicios a los genocidas.
La única clara excepción parece ser la alemana que no ceja, aún en la actualidad, de buscar por los medios que sean y hasta con ayuda de ONGs como el Centro Simon Wiesenthal, a todos los que intervinieron en el holocausto en cualquier responsabilidad para encarcelarlos y procesarlos, aunque sean ancianos. En el medio, equidistantes de la impunidad española y de la firmeza condenatoria alemana, se encuentran nuestros casos. No es cierto que Argentina sea el único país que esté procesando y condenando a los genocidas como sostuvo Hebe de Bonafini en su discurso del último 24 de marzo en el día de la memoria. Uruguay viene dando importantes pasos aún con las limitaciones que le impone la ley de caducidad tristemente ratificada. La reciente condena de Bordaberry es una verdadera perla en el aún ralo collar de la justicia.
Recordar la génesis y el sustento actual de las libertades cívicas vigentes, es interrogarse también por la naturaleza y funcionalidad de las Fuerzas Armadas ya que provienen directamente de su derrota. No encuentro razones para suponer que las actuales, aquellas a las que apeló recientemente el Presidente Electo en Durazno para ayudar en el combate a la pobreza, hayan superado el reflejo corporativo de encubrimiento de hechos, documentación y personajes de la más abyecta práctica criminal y facinerosa. Si, como sostuvo Mujica, «no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo» deberán pensar en entregarla a la justicia porque su enorme peso se explica por las pruebas contenidas en su interior. Aún con la ratificación de la ley de caducidad, se puede alentar la investigación y el seguimiento de la verdad. Recién allí podrían diferenciarse las Fuerzas Armadas actuales de las del pasado terrorista aún cercano.
¿O tendrá razón Arias?
Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. [email protected]
Fuente: http://www.larepublica.com.uy/contratapa/404733-memoria-sin-indulgencia