El avance de dos proyectos de oro y plata en Guatemala enardece los conflictos entre las comunidades afectadas, contrarias a la actividad minera por sus «nocivos» efectos socioambientales, y las empresas operadoras, para quienes las críticas obedecen solo a «desinformación». El último episodio de las disputas cada vez más violentas entre las dos partes ocurrió […]
El avance de dos proyectos de oro y plata en Guatemala enardece los conflictos entre las comunidades afectadas, contrarias a la actividad minera por sus «nocivos» efectos socioambientales, y las empresas operadoras, para quienes las críticas obedecen solo a «desinformación».
El último episodio de las disputas cada vez más violentas entre las dos partes ocurrió el 19 de noviembre, cuando vecinos de Mataquescuintla, en el suroriental departamento de Jalapa, incendiaron cinco vehículos de la empresa Minera San Rafael, subsidiaria de la firma canadiense Tahoe Resources Inc.
La compañía maneja desde 2008 el yacimiento El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, en el colindante y también sudoriental departamento de Santa Rosa. Desde 2014 y por 25 años prevé extraer allí plata, plomo, zinc y oro.
«Se teme que el proyecto contamine el río Los Esclavos, que recorre el departamento de Santa Rosa, la laguna de Ayarza y el manto acuífero subterráneo», dijo a IPS el representante del Consejo Diocesano por la Defensa de la Naturaleza, Moisés Divas.
Minera San Rafael proyecta invertir 325 millones de dólares en la construcción de la mina y crear unas 800 plazas de trabajo. Estos números no convencen a los vecinos, que se opusieron masivamente al proyecto en las cuatro consultas realizadas en el área de influencia del proyecto.
«En 2011 se hicieron las primeras tres consultas en los municipios de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas, según lo establece el Código Municipal, y este año se hizo otra en Mataquescuintla y 99 por ciento de la población votó en contra», precisó Divas.
Pero la empresa prosigue sus labores, ha perforado enormes túneles e interpuso acciones legales contra las consultas. «Esto molesta a la gente, que lo toma como un acto contrario a la voluntad del pueblo», dijo el activista.
La minería, dominada por compañías extranjeras, casi todas canadienses, multiplica año a año su peso en la economía de Guatemala.
En 2005 generó 8,6 millones de dólares, y en 2011 aportó 935 millones de dólares. La minería metálica contribuye con 97 por ciento del total, según el Ministerio de Energía y Minas.
Pero el Estado solo recibió 9,2 millones de dólares de los ingresos el año pasado, por regalías, impuestos y otras obligaciones, según ese ministerio.
El monto representa solo dos por ciento del producto interno bruto, en parte porque las regalías para el Estado se limitan a uno por ciento de las ventas brutas de los minerales, según la vigente Ley General de Minería, algo que incrementa el malestar de pobladores y activistas.
Así que el dinamismo del sector y la conflictividad van parejos.
Entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, a 28 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala, comenzó a explotarse en 2011 la mina de oro El Tambor.
«No hay un solo proyecto minero a nivel mundial que no sea destructivo para las comunidades. Y peor aún con la Ley de Minería de Guatemala que autoriza a las empresas a utilizar el agua y los químicos que necesiten sin control alguno», dijo a IPS un vecino de San José del Golfo, Antonio Reyes. En rechazo al proyecto, los pobladores bloquean desde el 2 de marzo la entrada a las instalaciones de la mina, que tiene en concesión por 25 años Exploraciones Mineras de Guatemala, subsidiaria de la estadounidense Kappes Cassiday and Associates y la canadiense y Radious Gold Group.
«No es una resistencia caprichosa, obedece a una respuesta a la manipulación y utilización histórica de la que ha sido objeto el pueblo», justificó Reyes. Los campesinos del área piden apoyo para un desarrollo alternativo al minero. «Apostamos a la diversificación de cultivos sostenibles que, en vez de degradar el suelo, lo reparan, lo mantienen y lo protegen. También creemos en los proyectos de ecoturismo», explicó Reyes.
Pero en lugar de alternativas, llegan ataques. Yolanda Oquelí, lideresa de la resistencia contra la explotación de El Tambor, sobrevivió a un atentado armado el 13 de junio, cuya investigación no ha arrojado resultados, aunque para Reyes es claro el vínculo con la lucha contra la mina.
Yuri Melini, director del no gubernamental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, consideró que la creciente crispación es un efecto del desarrollo minero.
«Tenemos una serie de gobiernos embobados» con el desarrollo de la industria extractiva, «pero lo que han fomentado son más impactos sociales y ambientales negativos», dijo a IPS. Desde 2005, un millón 250.000 habitantes se pronunciaron en contra de la minería en 65 consultas comunitarias en el país, y todas fueron soslayadas, precisó.
«Esto es una bomba de tiempo y el gobierno no quiere entender que la oposición comunitaria está basada en el conocimiento de los graves daños que representa la minería, especialmente para el agua superficial y subterránea», dijo a IPS el activista José Cruz, de la no gubernamental Madreselva.
Guatemala ya sabe al respecto.
En mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado suspender la operación de la mina aurífera Marlin, propiedad de Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc.
Se dictaminó que la mina era responsable de contaminar ríos y afectar el suministro de agua de 18 comunidades indígenas, en el occidental departamento de San Marcos. Pero Marlin sigue funcionando normalmente.
El estudio «Las dimensiones económicas de la actividad minera (El caso de la mina Marlin)» del Instituto de Problemas Nacionales de la universidad pública de San Carlos, cuestiona las ventajas económicas de esta industria.
«Durante 2009 Guatemala vendió a Goldcorp Inc. cada onza troy de oro en Q550.25, equivalente a unos 69 dólares, y la empresa recibió Q8,064 por onza troy de oro, unos 1.008 dólares (…). La minera se queda con las ganancias mientras se acentúan las condiciones de pobreza de la población», y los conflictos socioambientales, dice el estudio.
Magaly Arrecis, investigadora del instituto, dijo a IPS que hay que reformular la ley minera para buscar «una mejor compensación para las poblaciones circunvecinas a los proyectos y asegurar los temas ambientales».
Pero los empresarios mineros piensan distinto.
«La industria minera es probablemente la más regulada del mundo en los temas de medio ambiente y seguridad ocupacional», dijo a IPS la representante de los empresarios mineros Regina Rivera.
«Y toda empresa internacional se rige por las normas más estrictas de cuidado ambiental y seguridad de sus trabajadores», aseguró Rivera, de Gremial de Industrias Extractivas. Rivera no cree que exista una «férrea» oposición de las comunidades a la minería. «Lo que hay es mucha desinformación y muchos intereses que lograron manipular a pequeños grupos vulnerables en contra de la industria», dijo.
«En la mayoría de los casos la conflictividad es llevada a esas comunidades desde zonas o comunidades totalmente fuera del área de influencia de las empresas», señaló.
«Las empresas por lo general mantienen buenas relaciones con las comunidades donde operan y sus líderes genuinos, siempre buscando mantener un dialogo positivo que conduzca al desarrollo de las comunidades», agregó.