El Congreso de Perú aprobó este lunes 14 de marzo de 2022 admitir a debate la “moción de destitución” contra el presidente Pedro Castillo, por “permanente incapacidad moral”, misma que se llevaría a cabo el 28 de marzo, aunque podría adelantarse para este viernes 18 a solicitud del ultraderechista Montoya, esto según el periódico “El Comercio”.
La noticia es ampliamente difundida por la prensa de ese país que viene generando opinión pública y consenso entre la población en favor de esta medida, demás está decir cuál es la inclinación político-ideológica de los medios de comunicación del Perú, medios completamente mercerizados en favor de la rancia derecha peruana.
Lo cierto es que los argumentos para dicha moción tienen como base el nombramiento de un gabinete “cuestionable y a la sombra”; es decir, un gabinete conformado por personas que no son de agrado de la derecha fujimorista; o declaraciones sobre un “referéndum para una posible salida al Océano Pacífico para Bolivia”, cuya aseveración fue descalificada no por un tema de soberanía, sino porque Castillo “ignora la política y la Constitución peruana” según parlamentarios opositores; otro argumento seria por supuesto “tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares”; así como las denuncias de una empresaria que ha vincularía a Pedro Castillo con una “red de corrupción”.
Según la legislación peruana, se requiere “cruzar el umbral de 87 votos” de un total de 130 para conseguir la destitución (el oficialismo cuenta con 44 y la oposición con 86 parlamentarios respectivamente); la abrumadora mayoría, máxime fujimorista tienen el control total del Congreso y siendo que existen fricciones en la bancada de coalición oficialista desde hace meses existe una posibilidad de que sea efectiva una posible destitución, aunque opinadores y analistas dicen que es poco probable tal escenario; empero, la derecha peruana en los últimos años a la hora de velar sus intereses, no escatimó en recurrir a cualquier artilugio con tal de imponerse, por lo que no sería extraño que ahora también recurra a esa “experiencia institucional” para utilizar mecanismos constitucionales y así frenar un proceso popular – al menos en su origen – más aún cuando la brecha para alcanzar el objetivo solo es de un voto.
De darse ese escenario, constitucionalmente corresponde que la o el primer Vicepresidente reemplace a Pedro Castillo y ello recaería en actual Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la abogada Dina Boluarte Zegarra de tendencia moderada tipo centro izquierda, quien en los últimos meses estuvo deslindando posiciones respecto de Vladimir Cerrón, así como en diversos medios de comunicación mostró una postura conservadora respecto de un proceso constituyente y la sensatez de mejor un proceso de reforma en el parlamento solo a temas económicos antes de la conformación de una Asamblea Constituyente por ejemplo.
Tampoco son desconocidas las concesiones a la derecha, sea por consenso o por presión que Castillo vino realizando en meses pasados como en el caso de los diferentes gabinetes conformados hasta ahora; tampoco se avanzó en una posible convocatoria a Asamblea Constituyente más cuando hace diez días le aseguró a Hernando de Soto que “no llegó a la presidencia para convocar una Asamblea Constituyente para instalar un modelo chavista o comunista”; también se anunció una segunda reforma agraria consensuada e inclusiva. En consecuencia, podría pensarse en una salida mediocre de consensos para su permanencia aún a costa del rechazo de la señorial y colonial clase dominante peruana que desprecia que sea gobernada por un maestro.
A más de ello, lo principal es que a pesar de ser un gobierno elegido por voto popular (50,172%), sobre estos antecedentes, al parecer las aspiraciones de un Perú que se vea y esté al servicio de las grandes mayorías, que se vea hacia adentro como pensaba el amauta Mariátegui hace un siglo y que era promesa del actual gobierno, parece no estar aún visible o se va diluyendo de a poco; por lo que será el pueblo de ese “Perú profundo” que ante la posibilidad de verse traicionado, rompa treinta años de amordazamiento reaccionario y neoliberal para alzar nuevamente su voz en defensa de sus intereses por medio de la movilización popular que reconduzca el sendero de su emancipación.
Agustín Tarifa Camacho. Sociólogo. Exdirector general de Justicia en Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores (2012). Responsable de Gestión Institucional en Educación Superior Técnica y Tecnológica (2014-2019). Ex Director General de Educación Superior Técnica y Tecnológica (2020-2021). Experto en Educación Técnica. Investigador en Sociología del Trabajo.
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