Miles de personas convocadas por la izquierda extraparlamentaria se han manifestado en Roma contra la política del Gobierno que encabeza el primer ministro, Silvio Berlusconi. A la vez, el partido Italia de los Valores (IDV) organizó un mitin para recoger firmas para celebrar un referéndum que derogue la ley que garantiza la inmunidad a Berlusconi. […]
Miles de personas convocadas por la izquierda extraparlamentaria se han manifestado en Roma contra la política del Gobierno que encabeza el primer ministro, Silvio Berlusconi. A la vez, el partido Italia de los Valores (IDV) organizó un mitin para recoger firmas para celebrar un referéndum que derogue la ley que garantiza la inmunidad a Berlusconi.
Unas 300.000 personas, según los convocantes y menos de 100.000 según la policía municipal, han desfilado por el centro de Roma, convocadas por los partidos Refundación Comunista, Comunistas Italianos, Izquierda Democrática y Verdes -todos ellos sin representación parlamentaria- para protestar por las medidas «antipopulares» del Gobierno conservador y la patronal empresarial.
Los manifestantes criticaron también la prevista reforma de la escuela pública, un día después de que miles de estudiantes salieran a las calles de Roma para protestar por una reforma, que entre otras cosas prevé que la nota de conducta cuente para aprobar y la supresión de 100.000 empleos.
Los líderes de izquierda criticaron asimismo al progresista Partido Demócrata (PD), el más importante de la oposición al que acusaron de «no hacer oposición y haberse convertido en amigo del Gobierno», según manifestaban dirigentes de Refundación Comunista.
Paralelamente a la manifestaciones, el líder de IDV, el ex juez anticorrupción Antonio Di Pietro, convocó a miles de personas en la céntrica Plaza Navona de Roma, donde instaló decenas de carpas de recogida de firmas para pedir un referéndum que derogue la conocida como ‘Ley Alfano’ (por su autor, el ministro de Justicia, Angelino Alfano), que contempla la inmunidad para los cuatro cargos más importantes del Estado.
Esta ley fue aprobada el pasado 22 de julio y según la oposición está hecha a la medida para salvar a Berlusconi de sus problemas con la justicia.
La suspensión de los procesos penales
La medida prevé la suspensión de procesos penales – incluidos los que hubieran sido incoados antes de acceder al cargo- contra el Jefe del Estado, el presidente del Gobierno y los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado.
En los casos del Jefe del Estado y del presidente del Gobierno quedan excluidos de esta inmunidad los posibles delitos cometidos durante el ejercicio de su función.
Por tanto, continuará aplicándose los artículos 90 y 96 de la Constitución, que establecen que el Jefe del Estado puede ser procesado por alta traición y atentado a la Carta Magna y el presidente del Gobierno por delitos cometidos durante su mandato, previa autorización del Parlamento.
Según Di Pietro, que se bate desde entonces para que sea abolida la norma, «los ciudadanos tienen derecho a saber si el presidente del Gobierno es o no un delincuente, ya que saberlo después (de que haya acabado su mandato) no sirve para nada».
Sin embargo, el PD no está de acuerdo con Di Pietro en la convocatoria del referéndum al considerar que no se combate a Berlusconi en el plano político a base de consultas populares.