El presidente Giammattei al sancionar las reformas aprobadas por el Congreso de la República a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, está dando paso a la violación sistemática de derechos reconocidos en la Constitución, como: el derecho a la organización, a la asociación, a la libertad de reunión, libertad de acción, manifestación, resistencia pacífica, la libertad de expresión y otros.
Si lo anterior es lo que tiene de fondo, dicha reforma, ¿entonces a quién o quiénes les conviene que se limiten estos derechos?. ¿A quién o quiénes les conviene la disposición de que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”? ¿Por qué tipificar como delito lo siguiente: “los bienes de las fundaciones y las ONG se deben emplear conforme a su destino. Si identifican un acto reñido con la ley y el orden público, presentarán las denuncias correspondientes”? ¿Por qué incluir y confundir en una ley como ésta una ONG con la organización comunitaria, cuando ésta última es propia de los pueblos indígenas y está protegida por normas internacionales como el Convenio 169 y los artículos constitucionales sobre comunidades indígenas? ¿Por qué se pretende limitar el derecho a los pueblos a su organización y reducir su organización comunitaria a la figura de ONG? Por otro lado, la organización de vecinos y otro tipo de organización comunitaria está ya reconocida en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo.
Por eso; podemos afirmar que quienes están detrás de esta ley, para lo cual operaron muy bien el binomio “Arzú y Alejos”, aprovechándose de la falta de experiencia o de la manipulación o corrupción, de la junta directiva del congreso principalmente su presidente, son a los que les estorba que los ciudadanos se movilicen contra la corrupción y la impunidad o porque ven como obstáculos para sus fines las luchas por la tierra y el territorio en contra de las hidroeléctricas, minería, mono cultivos y de aquellos finqueros que han acaparado y despojado por año las tierras y territorios indígenas.
Los argumentos que utilizó el presidente para justificar la sanción de la Ley, son a la vez ridículos, sobre todo cuando dice; que lo que lo motivó a sancionar la ley; es porque los “fondos públicos y donaciones internacionales deben ser administrados correctamente”, eso sí es cierto, pero entonces no por eso se van a violar derechos que le ha costado al pueblo. Y, que quienes están inconformes son “quienes no han hecho un bueno uso de los recursos”; entonces pregunto: todas aquellas voces que desde el congreso de los Estados Unidos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y otros más, que se pronunciaron para que no se aprobara esta ley, ¿entonces no han hecho buen uso de los recursos? Por eso, hay muchas dudas, sobre esta ley, sobre todo por lo acelerado que fue su aprobación.
Giammattei, pone de ejemplo a las ONGs del CACIF; como las que sí han “utilizado bien los recursos”, sin reconocer que estas ONGs, han utilizado la acción o asistencia social para evadir impuestos y de estos sobran ejemplos. O para criminalizar a las organizaciones sociales, comunidades, líderes y defensores de derechos humanos, incluso lanzando serias acusaciones irresponsables, al afirmar que los líderes sociales son “guerrilleros” y “desestabilizadores”; https://www.youtube.com/results?search_query=noticiero+el+vigilante. ONG que se aprovechan de la discapacidad o la pobreza de la gente, como aquellas que impulsan el llamado “emprendedurismo”, que no son más que una forma vil de engañar a la gente para que crean que son empresarios o pequeños empresarios. O las ONG vinculadas a las empresas extractivas que engañan a la gente para que avalen sus operaciones en los territorios indígenas. De estas ONG o que mal utilizan el nombre de ONG también hay muchas. Como aquellas que son fundadas o creadas por diputados para utilizar los recursos del Estado, a ellas si hay que fiscalizar.
Pero parece que esta reforma no está para controlar estas ONG. Sino en contra de aquellas que han suplido el rol del Estado con programas de educación, de salud, agricultura, alimentación y otras, que no escatiman esfuerzos para estar en lo más profundo de Guatemala.
Por eso con estas reformas o lo que se ha llamado ahora “ley de ONG”, los grupos de poder, teniendo como instrumento a este gobierno, pretenden controlar a la sociedad civil organizada que se opone a todas las arbitrariedades que hacen amparados del gobierno y del Estado. Su objetivo es limitar el ámbito de acción de la sociedad civil, ampliando el poder controlador y coercitivo del gobierno. Es decir, es una ley que abre el camino para tener un gobierno autoritario y que sería el camino para una “nueva dictadura”, tipo Bolsonaro, Bukele, Piñera, Aynez y otros; que buscan la forma de retorcer los derechos alcanzados por los seres humanos hasta el día de hoy.