El Bajo Aguán sigue siendo una deuda pendiente para el Estado hondureño. Asesinato de campesinos, hostigamiento, persecución y estigmatización, desalojos forzosos, criminalización judicial e impunidad, es la cotidianidad de quienes se organizan por el acceso a la tierra y la defensa de territorios y bienes comunes
El 17 de julio, mientras iban camino al trabajo, fueron emboscados y asesinados, por hombres armados, Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos Rivas Canales, respectivamente miembros de las empresas asociativas campesinas de producción ‘La Aurora’ y ‘Gregorio Chávez’, ambas aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
Las víctimas eran familiares de Santos Hipólito Rivas y de su hijo Javier Rivas, defensores de la tierra asesinados en 2023 y cuyo caso sigue en impunidad.De acuerdo con la Plataforma Agraria y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), son cuatro los campesinos organizados asesinados en el último mes, 9 en lo que va del año, más de 200 después del golpe cívico-militar de Estado (2009).
¡Basta ya de impunidad!
“Estas acciones son producto de la impunidad y las operaciones que desarrollan grupos criminales, para continuar con el despojo continuado de las tierras de la reforma agraria”, denuncian la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (Copa) en un comunicado.
Ambas organizaciones responsabilizan directamente al grupo criminal “Los Cachos”¹, que en los últimos meses ha venido desalojando violentamente a familias campesinas de diferentes cooperativas, que son firmantes de acuerdos alcanzados con el actual gobierno².
Plataforma Agraria y Copa advierten que dicho grupo irregular tendría vínculos directos con Corporación Dinant, empresa líder en el cultivo y procesamiento de aceite de palma, controlada por la tristemente famosa familia Facussé. tristemente famosa familia Facussé.
Además de exigir una investigación exhaustiva, inmediata y creíble sobre los asesinatos que nuevamente han enlutado al Valle del Aguán, las dos organizaciones piden que se tomen acciones inmediatas para salvaguardar la vida de quienes siguen luchando por tener acceso a la tierra y contra la expansión de los monocultivos agroindustriales y la minería.
Justicia para Juan
Tres días antes del dúplice asesinato, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa había conmemorado los diez meses del ataque mortal perpetrado contra el dirigente campesino Juan López.
López estuvo luchando contra políticas y proyectos extractivistas, especialmente contra el megaproyecto minero que amenaza el parque nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escalera”.
Los holdings que administran Inversiones Los Pinares (Grupo EMCO/Inversiones Ecotek), titular del proyecto, son controlados por Lenir Pérez Solís y Ana Facussé Madrid, hija del ya fallecido Miguel Facussé Barjum, ex presidente de Dinant.
Actualmente, hay tres personas detenidas acusadas de ser los ejecutores materiales del asesinato de López. Sin embargo, no se conocen avances en cuanto a la detección y captura de los autores intelectuales.
Cumplir el acuerdo
Además
de condenar el asesinato de Ramón y Carlos Rivas, la Oacnudh instó al
Estado de Honduras a cumplir con los compromisos derivados del
acuerdo firmado con cooperativas y empresas asociativas campesinas.
“A más de tres años de haberse firmado el acuerdo, la violencia sigue sumando víctimas, debido a la falta de un abordaje estructural del conflicto”, alertó la instancia internacional.
En especial, Oacnudh hizo énfasis en la urgente necesidad de instalar la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán, para asegurar los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Notas
¹ https://www.rel-uita.org/honduras/bajo-aguan-sin-paz/
² El 22 de febrero de 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó acuerdos con organizaciones, movimientos y empresas asociativas campesinas, con el objetivo de resolver la problemática agraria y traer la paz a la zona del Aguán. Dichos acuerdos incluían la instalación de una comisión tripartita (Comisión de la Verdad) para la investigación de violaciones de derechos humanos en la zona.
Fuente: Rel UITA