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Perú

Nuevas medidas ante la ola de feminicidios

Fuentes: SEMlac

La cruel muerte de tres mujeres a manos de sus parejas en la última semana en Lima volvió a poner en agenda el tema del feminicidio y la necesidad de medidas complementarias que permitan prevenir estos asesinatos. El 20 de marzo, Tomasa Pozo, de 20 años, fue degollada por su pareja en la habitación que […]

La cruel muerte de tres mujeres a manos de sus parejas en la última semana en Lima volvió a poner en agenda el tema del feminicidio y la necesidad de medidas complementarias que permitan prevenir estos asesinatos.

El 20 de marzo, Tomasa Pozo, de 20 años, fue degollada por su pareja en la habitación que compartían. El homicida la dejó desangrándose y poco después intentó infructuosamente quitarse la vida.

Un día antes, Milagros Chipana fue ahorcada por su conviviente delante de sus cuatro hijos. El asesino no mostró arrepentimiento por el crimen sino por dejar abandonados a sus hijos mientras esté preso.

Y el 23 de marzo, luego de una semana de dolorosa agonía que llevó a los médicos a ponerla en coma inducido, falleció Leyla Zegarra, a quien su pareja roció gasolina y prendió fuego tras una discusión.

También en este caso, el agresor -Jairo Chacón- trató de suicidarse sin conseguirlo y fue internado en el mismo hospital que su víctima, pero será dado de alta en cualquier momento y puesto a disposición del poder judicial.

Tras estos hechos, autoridades, organizaciones de mujeres, redes sociales y el público parecen haber tomado conciencia de que no basta con tener una ley que penalice los feminicidios si paralelamente no se realizan campañas sostenidas que eviten los asesinatos de más mujeres en el país.

En lo que va del año suman ocho feminicidios y 13 tentativas oficialmente registradas. En 2011 se registraron 159 casos de asesinatos a manos de sus parejas. En tanto, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer han sumado 6.259 atenciones de violencia en los dos primeros meses del año.

Los CEM proporcionan servicios integrales y multidisciplinarios legales, sociales y psicológicos a las mujeres víctimas de violencia y a los familiares de las víctimas de feminicidio. Además, tiene un convenio con el hospital Arzobispo Loayza, de Lima, para atender de manera prioritaria los casos de violencia de género, asumiendo todos los gastos cuando ellas no pueden hacerlo.

Fue precisamente en ese hospital donde murió Zegarra, a pesar de los esfuerzos de los médicos que le hicieron varios trasplantes de piel debido a que el 70 por ciento de su cuerpo presentaba quemaduras de diversos grados, lo que a la postre la condujo a la muerte.

Sin embargo, las propias autoridades del Ministerio reconocen que solamente tres de cada 10 mujeres violentadas se animan a denunciar a sus agresores.

La presidenta de la Comisión de la Mujer del congreso, Luisa María Cuculiza, dijo que ya es momento de que el Estado diseñe y aplique políticas públicas para detener la ola imparable de violencia contra las mujeres y se quejó de que a pesar que la ley de feminicidio, recientemente aprobada, establece hasta 25 años de prisión para los homicidas solamente a dos de 20 asesinos se les ha aplicado esta condena.

«Esto no puede seguir así, es momento de adoptar medidas drásticas y ejemplarizadoras desde el poder judicial, pero paralelamente se tienen que hacer campañas para concientizar a la población a no tolerar la violencia», subrayó al ser requerida por SEMlac.

Cuculiza se quejó porque las comisarías de mujeres no toman con el debido respeto y seriedad las denuncias de maltratos de las mujeres, lo que propicia, señaló, que la violencia se acreciente pues el agresor siente que tiene «carta libre».

Además, a raíz de la cobertura periodística dada a los feminicidios recientes, muchas mujeres revelaron que cuando acuden a las comisarías a denunciar a los agresores, son los propios policías quienes las desaniman de hacerlo o les insinúan que propiciaron los golpes con su ‘mal comportamiento’.

Jeanette Llaja, directora de DEMUS (Defensa de los Derechos de la Mujer), destacó que los feminicidios son un problema real que no se resuelve solo penalizándolos.

«Se requiere todo un cambio en la administración de justicia -señaló- pero también de un trabajo articulado entre los sectores de salud para la atención a las mujeres que confrontan situaciones de violencia, de educación para no tolerar estos hechos y de enfoque de género en las autoridades», comentó.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, anunció que planteará la modificación de la ley de feminicidio para sancionar todos los asesinatos que ocurran en un contexto de discriminación de género.

«De esta manera, buscamos que se tipifique como feminicidio todo homicidio contra una mujer que ocurra en un contexto de pareja, de violencia familiar o de discriminación de género», aclaró.

Y también se mostró de acuerdo en ir más allá de la parte punitiva. «Es necesario un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad para que se internalice que no se puede tolerar ningún acto de violencia de género», enfatizó.

Pero quizás la propuesta más factible en lo inmediato sea la de la Coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca Arias. Ella propone crear una base de datos de denuncias por violencia familiar.

En su opinión, esta herramienta ayudaría a autoridades policiales y judiciales a prevenir el feminicidio y dar seguimiento a los casos.

Recordó que el estudio de las estadísticas del Ministerio Público permite descubrir que muchas de las mujeres asesinadas por sus parejas habían denunciado a sus agresores por maltratos en una o más oportunidades.

Según la funcionaria, recién cuando la mujer ha sido asesinada y se estudian los antecedentes se descubren que existían órdenes de restricción para que los agresores no se acercaran a las denunciantes o, peor aún, tenían órdenes de arresto por agresión y no se habían adoptado las medidas para hacer cumplir la ley.

«[La base de datos] permitiría que las distintas instituciones involucradas cuenten con redes articuladas y sepan cuántas denuncias han presentado las víctimas para que se puedan adoptar medidas de prevención», señaló la funcionaria, citada por la agencia Andina.

Mientras tanto, un canal de televisión se apresta a lanzar una controvertida campaña masiva contra el feminicidio con participación de personajes masculinos famosos, como artistas y futbolistas, que aparecerán disfrazados de mujeres y maquillados con golpes impactantes en el rostro y cuerpo.

«La idea es crear conciencia entre los televidentes», explicó Aldo Miyashsiro, uno de los participantes en la campaña.