Nuevo ciclo, viejas mañas

Con pocas expectativas para el pueblo maya iniciará el nuevo ciclo, cuyas implicaciones para sus vidas están anunciadas con las decisiones de Estado que fueron asumidas en contra de derechos humanos fundamentales, entre ellos, el de libertad de expresión y de la pluralidad de voces que deben privar para la difusión de su cultura.

La Nueva Era, que iniciará este viernes 21, nos encontrará en condiciones de acrecentada exclusión de los pueblos indígenas, dada la reciente aprobación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, que amplió las frecuencias de 15 a 20 años, decisión que ni siquiera fue del conocimiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), ente técnico especializado en la materia.

Estos activos del Estado supuestamente son administrados por la SIT, que ahora estarán indefinidamente en manos privadas, ya que además de un aumento de 5 años en las concesiones, no se estableció cuántas veces podrán ser prorrogadas, lo que significa que el usufructo prácticamente se convierte en propiedad. Además del daño que se provoca al erario nacional al no contemplar dicha iniciativa ningún beneficio en materia económica, el mensaje que se envió al pueblo y al ámbito internacional es de desprecio a las demandas nacionales e internacionales.

En 2011, la Corte de Constitucionalidad instó a los diputados a reformar la legislación vigente y permitir a los pueblos indígenas acceder legalmente a las frecuencias de radio «Para promover la defensa, desarrollo y alcance de sus lenguas, tradiciones, espiritualidad y otras expresiones culturales».

Se ha dicho hasta el cansancio que el injusto acaparamiento de las tecnologías, medios y frecuencias de comunicación es un atentado contra la democracia y la libertad de expresión, que estas decisiones vulneran derechos fundamentales y que es inaceptable que grandes corporaciones sigan expoliando los recursos nacionales, que no son ni de los diputados ni de los funcionarios, son propiedad del Estado, y si la teoría no ha cambiado, la población es parte integrante del mismo.

El espectro radioeléctrico es un activo de enorme valor, muy similar a nuestros tesoros de riquezas naturales que despiertan la voracidad de las transnacionales que buscan cómo obtener colosales beneficios a costa de migajas para disfrazar el saqueo, así se ha manoseado este tema. En este caso, ni un centavo les va a costar tan jugoso negocio, pero eso sí, como dicen los diputados, los inversionistas tendrán garantizada la certeza jurídica que merecen por tan grande riesgo que implica poseer dichas frecuencias.

En el Examen Periódico Universal de 2008 solo hubo una recomendación al Estado referida al tema libertad de expresión y fue en relación con la modificación de la ley en mención para facilitar el acceso de la población y favorecer la existencia de radios comunitarias. Este año se reiteró la recomendación. Relatores de la Libertad de Expresión y la Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos han insistido en el mismo sentido.

El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Guatemala lamentó que las modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones no hayan sido el resultado de una amplia discusión con los distintos sectores de la sociedad, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos.

La igualdad que consagra la Constitución quedó aplastada en materia de libertad de expresión y, además, según se sabe, ahora quieren tipificar delitos para criminalizar a las radios comunitarias. Malos augurios.