Hace 31 años un grupo de campesinos, obreros, indígenas y estudiantes ocuparon pacíficamente la embajada de España en la ciudad de Guatemala. La intención de la ocupación de la sede diplomática tenía el fin de alertar sobre la creciente represión que estaban sufriendo en el departamento del Quiche por parte de los militares guatemaltecos. La […]
Hace 31 años un grupo de campesinos, obreros, indígenas y estudiantes ocuparon pacíficamente la embajada de España en la ciudad de Guatemala. La intención de la ocupación de la sede diplomática tenía el fin de alertar sobre la creciente represión que estaban sufriendo en el departamento del Quiche por parte de los militares guatemaltecos. La respuesta del gobierno guatemalteco fue la de acallar con los fusiles la movilización indígena. En esta ocasión, a tres décadas de ocurrida, grupos indígenas del país conmemoran la masacre con la intención de terminar con la impunidad que gozan los perpetradores.
A fines de los años 70, grupos indígenas mayas denunciaban la incursión militar en sus poblados, la urgencia de visibilizar la represión progresiva condujo a una inicial movilización en la zona. De acuerdo con el caso 918 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de ese país, «en los años 75, 76 y 77 los campesinos [del pueblo] Ixil que iban a la costa sur empezaron a manifestar el mal trato, el mal salario y la mala comida que daban los finqueros.» De acuerdo al mismo documento, «cuando vieron que la gente Ixil se organizaba, para de esta forma manifestar y exigir su derecho, los finqueros se imaginaron que todos los de Ixil eran insurgentes y guerrilleros y asi lo informaron al ejército.»
Durante ese momento, el gobierno guatemaltecto se encontraba bajo el mando militar. A partir de un golpe de Estado en contra del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954, los gobiernos militares se sucedieron, con regímenes represivos más cruentos cada vez. Durante las movilizaciones en la región de Ixil, los finqueros solicitaron al presidente, el general Romero Lucas, reprimiera a estos pueblos. La experiencia de exterminio hacia los pueblos mayas guatemaltecos durante los gobiernos militares, apenas comenzaba, debido a ello el acusar de guerrilleros a los campesinos en un contexto de guerra civil en el país deslegitimaba automáticamente la lucha que llevaban.
En ese contexto, el ejército asesinó a gran parte de la población de las aldeas de San Pablo Baldío, Chimel, El Soch, El Rosario y Cholá de Uspantán y algunas comunidades de Chajul en la región del Quiché. De estos mismos poblados, algunos de los sobrevivientes se organizaron y enviaron a un grupo de representantes a la capital para denunciar estos hechos.
Diecinueve años después, en 1999, una testigo comentó que, «estos campesinos intentaron ser oídos también por la OEA y allí les cerraron las puertas… Es importante hacer notar que se tocaron las puertas del estado de derecho. Se trato hacer funcionar el estado antes de la toma de la embajada.»
Al no encontrar respuesta, la comitiva compuesta por 38 personas decide tomar la embajada de España. El gobierno sin mediar con los ocupantes, a las 4 horas de la ocupación mandó destruir y quemar la embajada. Fueron asesinados y quemados vivos 37 personas que formaban parte de la comitiva, así como personal de la embajada. En esta masacre sólo hubo dos sobrevivientes, el embajador Maximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá Xona, éste último es llevado herido al hospital. Ese mismo día, un grupo de hombres armados llegó al hospital para secuestrarlo, apareciendo al otro día muerto con señales de tortura en la Universidad de San Carlos de la capital guatemalteca.
Hoy las organizaciones mayas; el Comité de Unidad Campesina (CUC), la fundación Rigoberta Menchu, la Coordinación Genocidio Nunca Más y la Coordinación y Convergencia Maya Waquib´Kej, conmemoraron este crimen de lesa humanidad, para no perder la memoria histórica de los pueblos mayas. Los autores materiales e intelectuales de la masacre, aún impune, no han sido detenidos ni enjuiciados. El acto conmemorativo, a 31 años de ocurrido, se realizó en lo que fue la embajada de España, y participaron en un foro Domingo Hernández Ixcoy, de la Asociación Maya UK´U´X BE, quien comentó sobre la importancia de no perder la memoria histórica de los pueblos. Julio Solórzano Foppa (hijo de Alaide Foppa, desaparecida en 1980), dice que él y su hermana Silvia están abriendo los casos de sus hermanos y de su madre Alaide, para que que no queden impunes. Igualmente, Rigoberta Menchú, recordó que en ese lugar murió su padre, entres otros.
Esta masacre fue el inicio de la represión más grande que se tenga memoria en Guatemala por parte del gobierno y ejército de ese país. A principios de 1982 son desplazados de sus pueblos más de 70,000 personas, refugiándose en el estado de Chiapas, México, por más 12 años. Tanto el gobierno de México y Guatemala trataron de ocultar el arribo de toda esta población. A su llegada, era visible la condición de las personas. Debían caminar por semanas enteras entre la selva, trayendo a sus heridos en camillas improvisadas. Los niños llegaban completamente desnutridos. Todos huyendo de la política de «tierra arrasada» que el ejército guatemalteco aplicaba, donde los pueblos desaparecían bajo el fuego y destrucción de sus cultivos de maíz y frijol. En Chiapas, Campeche y Quintana Roo permanecieron hasta su retorno en 1994.
Hoy, 31 años después de la masacre, la represión de estos pueblos mayas continúa en Alta Verapaz. En esa provincia, desde el 20 de diciembre pasado, el presidente Álvaro Colom, ha declarado el estado de sitio, con el pretexto de una nueva guerra, esta vez contra el narcotráfico. El Frente Popular de Guatemala ha declarado que esta acción, «además de inefectiva contra el narcotráfico, es una medida de poder contra el pueblo y a favor de finqueros y transnacionales.»
Por todo esto el CUC, «pide que todos los guatemaltecos conozcan la verdad de lo que ocurrió el 31 de enero de 1980, para que este crimen que lastima la dignidad de la humanidad entera no quede impune y los responsables sean llevados a los tribunales de justicia para que respondan y sean juzgados por tan horrendo crimen.»
La ola represiva contra los pueblos mayas, garífunas y xincas en Guatemala no ha cesado. Como mencionamos, en la actualidad se continúa reprimendo a estos pueblos por defender su tierra en contra de la mineras, de los monocultivos, de semillas transgénicas para biocombustibles, de las empresas cementaras como es el caso de San Juan Zacatepequez, y en contra de las preses hidroeléctricas. El contexto es diferente, sin embargo, los métodos continúan.
«PARA QUE SE CONOZCA, PARA QUE NO SE OLVIDE» (CUC)