Pacto por el Empleo o «luto» permanente (III)

“Para llegar a un acuerdo en beneficio de Honduras, Anabel debe apartar los apellidos “raros” de su agenda diaria y Xiomara el sombrero” (Concepción Betanco, dirigente campesina) )

En marzo de 2024, la Ingeniera Anabel Gallardo, graduada de la Escuela Agrícola Panamericana el  Zamorano,  asumió la presidencia del Consejo  Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).  En abril del mismo año, se reunió con la presidenta Xiomara Castro, y le propuso, entre otras acciones, la creación de un Consejo Nacional de Competitividad para aumentar la inversión, exportaciones y mejorar los niveles  de empleo del país.

Hizo muy poca referencia, como su antecesor, a los problemas de concentración del ingreso y desigualdad económica y social, y que,  al parecer, fue un factor causal por el  cual Xiomara Castro no dio respuesta positiva a su solicitud,  aunque desde el gobierno de Manuel Zelaya (2006-junio2009) se creó un Consejo Nacional de Competitividad que  ha sido poco funcional, pero facilita la integración de acciones de actores de cadenas de valor en el agro hondureño (a nivel del sectores, subsectores y rubros), y  ejecución de proyectos de competitividad, poco visibles en la actualidad.

La cúpula empresarial ha venido asumiendo que cualquier tipo de empleo mejora la situación socio-económica de las familias, por lo que los incentivos al sector privado en vez de disminuir con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, deben aumentarse para atraer mayor inversión privada  y  generación de empleo, lo cual fue catalogado por el banquero Jorge Bueso Arias, como una política poco creíble al revisar las cifras de empleos directos generados y  pobreza.

El COHEP con base a información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), habla de 6.7 millones de hondureños en situación de pobreza, de los cuales un 75% se consideran pobres extremos, o sea que no pueden satisfacer las necesidades básicas alimentarias.[1]El INE con apoyo de técnicos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), depuró las cifras de pobreza, una vez que las actividades económicas volvieron a la normalidad,  estableciendo que el indicador de pobreza en 2023 se sitúa en 64.1%, y la pobreza extrema de los hogares a nivel nacional en un 41.5%.

Ello genera una presión adicional sobre los recursos del Estado, en tanto la población carenciada necesita de transferencias /bonos para satisfacer sus necesidades básicas, siendo la tendencia post-golpe de Estado un mayor endeudamiento para asignar recursos a los programas de compensación social. La falta de empleo y/o empleos de buena calidad aumentan la pobreza y pobreza extrema, demandándose más recursos para la compensación social.

III. Pobreza y compensación social, apuesta permanente poco efectiva

Desde la acción pública, en el gobierno de  Manuel Zelaya (2006-junio 2009), se aprobó la creación de la Secretaria de Desarrollo Social  mediante decreto legislativo N. 193-2009 para la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza; sin embargo, no pudo concretarse la aprobación de la política social de protección como marco orientador de las acciones que ejecutan las instituciones públicas y demás actores involucrados, incluyendo a gobiernos locales y la cooperación internacional.

Esta política fue aprobada por el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2013) mediante decreto Ejecutivo PCM 008-2012 del 28 de marzo de 2012, siendo presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández (JOH).

El objetivo central de la política es “reducir gradualmente la pobreza, la pobreza extrema, la vulnerabilidad y la exclusión social de la población sujeto de la Política de Protección Social, mediante la articulación de acciones estratégicas en materia de prevención, mitigación y superación de riesgos sociales, económicos y naturales”. Aunque contempla la articulación de tres (3) componentes básicos: a) Prevención; b) Protección; c) Oportunidades y Competencias; la prioridad se centra en acciones de protección con  asistencia social  para población en situación de pobreza extrema, cuyos costos son asumidos por el Estado con carácter temporal.

El Bono 10,000, principal aporte del gobierno contra la pobreza extrema en los gobiernos de “Pepe” Lobo y JOH y parte integrante del Mega Programa Vida Mejor de Casa Presidencial,   resultó muy oneroso para las arcas del Estado y los resultados no fueron los esperados, afectados también por los fenómenos naturales y la pandemia Covid-19.

Entre 2010 y 2013, se aprobaron préstamos por un monto de 450 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales  (BID, Banco Mundial, BCIE e IDA).[2]. Se estima que entre 2013 y 2021 los fondos obtenidos de estas fuentes superaron los 700 millones de dólares, denunciando el gobierno actual mal uso de los mismos por actos de corrupción.

“El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) tienen al menos 14 líneas de investigación por el despilfarro de fondos desde la Secretaría de Inclusión Social (Sedis), informó el titular de esta entidad, José Carlos Cardona. Están instalados en la Sedis y han revisado más de 40,000 documentos y están escaneando más de cien mil documentos buscando lo que se hizo desde 2013 a la fecha..(…). Cardona descubrió que con dinero del Bono 10,000 pagaban planillas duplicadas, les daban hasta cinco o seis bonos a los Guías de Familia (activistas del partido del gobierno anterior), “pagaban personal con funciones administrativas del Fideicomiso de Vida Mejor. Eso era ilegal, según el funcionario”.[3]

El gobierno de la Republica  mediante Decreto PCM-08-2022 del 22 de mayo de 2022, dio vida al Programa de Red Solidaria, un programa ejecutado por el gobierno de Manuel Zelaya a través de la Oficina de la Primera Dama, Xiomara Castro, con resultados satisfactorios en reducción de niveles de pobreza extrema. Tiene un alcance mayor, al asignar a la Secretaria de Desarrollo Social la competencia de ejecución de proyectos de protección y desarrollo social e incluso que conlleven actividades productivas, bajo un principio de integralidad de acciones públicas y de la cooperación externa en conjunto con los beneficiarios y organizaciones sociales.

De acuerdo al artículo N. 4, El Programa “se basa en una “política integral con enfoque de activos” para la reducción de la pobreza. El enfoque de activos es el único que puede generar ingresos y contiene dos premisas básicas de acción. 1- La priorización y focalización de acciones en los grupos y regiones más pobres; 2- La necesidad de que las intervenciones focalizadas en un territorio específico se conjuguen en forma armónica e integral”[4]. Este enfoque  rescata las experiencias exitosas en países latinoamericanos, ejemplo Brasil,  pero debe abrirse a la entrega de activos productivos (tierra para producir alimentos y dar de comer a la población).

El gobierno creo también, como brazo técnico en materia de las políticas, programas, proyectos y acciones de protección y desarrollo social,  el Programa de Acción Solidaria (PROSOL), mediante decreto PCM-20-2022 del 11 de agosto de 2022. Cubre cuatro (4) ejes fundamentales: Asistencia Social, Fortalecimiento Humano, Educativo y Salud Complementaria.

Entre las funciones asignadas destacan la formulación de planes de atención a grupos vulnerables sobre información oportuna proporciona por el Observatorio de Desarrollo Social, elaborar una agenda integral para atender a grupos vulnerables y la ejecución de políticas públicas en materia social, articulando los programas y proyectos a los lineamientos de estas.[5]

En el marco de los programas de estabilización económica y ajuste estructural promovidos por el FMI y Banco Mundial, la compensación social se visualizó desde los inicios como una política temporal, mientras la economía retomaba la senda del desarrollo, lo cual no ha sucedido, atribuido a la  falta de inversión y generación de empleos de buena calidad y sostenibles,  sumado a denuncias del  mal manejo y politización de  los fondos públicos. 

La compensación social reforzada sigue siendo la principal estrategia de gobierno para reducción la pobreza extrema. Supone acceso a recursos de fuentes internas y externas, donde será mayor el endeudamiento en la medida que la resistencia por el COHEP y diputados de oposición política a que la  Ley de Justicia Tributaria sea aprobada por el Congreso Nacional, lo cual deber ser visualizado como un problema permanente por los empresarios y padres de la patria.

Si no hay recursos internos para financiar el programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), la opción es más deuda, pero tiene un límite,  y el FMI lo sabe. Otra solución de los llamados “libertarios” hondureños, es una cirugía SIN ANESTESIA a las instituciones de gobierno (fusión y cierre) y liberar recursos, unos 15,000 millones de lempiras,  para la compensación social avalada por la cúpula del COHEP y el silencio del FMI.

1. Acciones a corto y mediano plazo

Honduras sigue siendo uno de los países más desiguales de Latinoamérica, con un coeficiente de GINE de 0.55% en 2021 (INE: 2023), igual al observado en 2001 (0.56%), cuando la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza (2000-2015), estaba vigente. Las cifras del INE, después de la vuelta a la normalidad, estiman un GINE en 0.51% para 2023, todavía alto. Las políticas para generar empleos y reducir la pobreza han tenido poco impacto en reducir la desigualdad de ingresos, centrándose en objetivos inmediatos de corto plazo como aumentar la tasa de crecimiento del PIB y ajustes del salario mínimo que compensen el aumento de la inflación.

El COHEP propone acciones de corto plazo para enfrentar el problema del desempleo, pero necesita de otras intervencionesconjuntas que ataquen los problemas estructurales de país. Las  acciones propuestas incluyen:

a) Disminuir el impuesto sobre ventas de 15% a un 12%, para que el pueblo disponga de unos 10 mil millones de lempiras para comida, medicamentos y servicios.  Implica un fuerte impacto en los ingresos del Estado que afectará el financiamiento de programas de combate de la pobreza.  Curiosamente, funcionarios del gobierno se manifiestan a favor de ello, pero una vez que la Ley de Justicia Tributaria sea aprobada por el Congreso Nacional. Es una medida fuera del  proceso de negociación y acuerdo con el FMI, ya que se cuenta con esos recursos para financiar parte del gasto social, cuyos rezagos son muy visibles.

b) Se propone una estrategia para la formalización empresarial de las unidades productivas y comerciales del sector informal de la economía hondureña, buscando alianzas con la banca privada para que accedan al financiamiento blando, otorgamiento de fondos para agilizar los trámites de formalización y la vigencia de un sistema institucional ágil y menos burocrático. Son acciones que se vienen ejecutándose desde años anteriores, pero el  “cuello” de botella ha sido el acceso al crédito de la banca privada no muy acostumbrada a trabajar con este tipo de clientes. 

c) En el caso de formalización e incentivos para las Mi pymes y sus trabajadores, se propone una amnistía por el pago de sus aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), regímenes de aportaciones privadas (RAF) y del Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP), lo cual se considera no “viable”, al acelerar la descapitalización de los fondos, afectados por la creciente pérdida de cotizantes, corrupción  y una mayor inflación que genera la política de minidevaluaciones, crisis externa  y cambio climático que impacta negativamente en la producción de alimentos. 

d) Se contempla también “dar un incentivo a las empresas, hasta por un doble del salario (o trasladarlos a créditos fiscales aplicables a impuesto final a pagar con un techo máximo de rentabilidad en porcentaje de impuesto) para las empresas que “amplíen proyectos” y/o que generen “nuevas plazas de trabajo” acreditadas mediante planillas del IHSS, hasta por los primeros 5 años”.  Supone, en caso de no aprobarse la Ley de Justicia Tributaria, un aumento de los incentivos a las empresas y mayor gasto tributario para el Estado.

El Pacto por el Empleo debería considerar en la agenda de  trabajo la incorporación de acciones orientadas a reducir la desigualdad, tal como la ha hecho Republica Dominicana, lo que implica aumentar el número de actores decisorios, o sea no solo el COHEP y gobierno, sino también las Organizaciones Campesinas de Mujeres,  asociaciones de trabajadores informales, trabajadoras domésticas, migrantes, jóvenes emprendedores, academia; otros, en los diálogos a realizar bajo el liderazgo de la presidenta de la Republica.

Pensar que estos problemas tan complejos de falta de empleo, pobreza  y desigualdad,  se puede resolver en reuniones del Consejo Económico y Social (CES), conformado mediante decreto N.292-2013 de marzo de 2014, por empresarios y dirigentes obreros/campesinos “cuestionados” y funcionarios públicos, es desconocer la realidad nacional y los intentos fallidos en este campo, caso de la política de empleo aprobada en el gobierno de JOH.[6]

Se recomienda la reactivación del Fondo de Tierras para beneficio de la mujer campesina por un monto inicial de entre 200 y 300 millones de lempiras, alimentado con recursos de la cooperación internacional. El presupuesto del INA programado para 2024 supera los 555 millones de lempiras, por lo que urgente una reasignación de fondos, y no perder tiempo y recursos en “solución” de conflictos agrarios de arrastre, muchos de ellos inventados, que no benefician al campesino de tierra adentro, sobre todo las mujeres.

Hemos destacado el logro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro al reactivar  BANADESA, pero no se trata de repetir los vicios del pasado que condujeron a la descapitalización del Banco, uno de ellos otorgar créditos a políticos y productores que pueden pagar una tasa de interés mayor, y no ser efectivo en la recuperación de los créditos.

Conviene conformar un programa que debe vida a un Sistema  de Financiamiento Rural Alternativo ( SFRA) que integre las acciones de crédito, producción alimentaria, entrega de insumos, sistema de comercialización y fortalecimiento de una red de unidades de producción campesina regionales y actores; caso contrario, la mora sube y el presupuesto de cerca  3 mil millonesde lempiras del Banco no tendrá el impacto esperado en aumento de producción, productividad y reducción de la pobreza en el agro hondureño. Puede ser recomendable aprender de la experiencia de Nicaragua en este campo.

La compensación social  ocupa de una política clara de descentralización del  Estado  y fortalecimiento de los gobiernos locales y organizaciones de base social, además de un mecanismo de coordinación y decisión eficiente entre instituciones de gobierno. La reducción de la pobreza desde Tegucigalpa y por decreto e “iluminación” ejecutiva no ha funcionado.

 Hay, al menos, unas seis (6) instituciones de gobierno que ejecutan acciones que corresponden a la Secretaria de Desarrollo Socialy otras a la Secretaria de Planificación Estratégica , las cuales deben ser trasladas o eliminadas. La transparencia, rendición de cuentas y eliminación de la “filtración” debe ser parte del quehacer de la Institución, como también la participación de actores diversos en el proceso de construcción y ejecución de las intervenciones institucionales contra la pobreza.

Es urgente aprobar la nueva Ley Integral  del Sistema de Protección y Desarrollo Social  que sustituya la Ley anterior declarada inconstitucional. Hay varias áreas de intervención que deben quedar cubiertas: a) Piso de Protección Social para no contribuyentes; b) Rompimiento de techos en forma gradual; b) Ampliación de coberturas de atención por el IHSS; d) Sostenibilidad financiera del sistema de protección social.

Se ha reconocido en varios estudios, que Honduras demanda con urgencia un cambio de matriz productiva. Los sectores agroalimentario, industrial, forestal, turismo, infraestructura energética, telecomunicaciones, vivienda social, economía de cuidados y servicios estratégicos de apoyo deben ser potenciados, haciéndose más urgente después de los efectos e impactos negativos del Covid-19.[7]. En el gobierno de JOH (segundo mandato), bajo el liderazgo de la gran empresa, maquiladores y exportadores,  las prioridades eran turismo, maquila textil, manufactura de arneses o autopartes, Call Center, agroindustria y vivienda, esperando generar con el programa 20-20 unos 600,000 empleos, lo cual no se logró.

La integración y fortalecimiento de las cadenas por rubros y definir las agendas de competitividad entre actores por regiones en alimentos, productos  no tradicionales, bosque y turismo, se demanda desde los departamentos y municipios. Ya hay avances en este campo apoyados por la cooperación externa en el sector agroalimentario. El gobierno prometió una nueva política de desarrollo industrial que es acuerpada por empresarios del norte; debería haber una avance en ello, para aprobarla en enero-febrero de 2025.

La principal muleta que ocupa la Política de Estado para el Sector Agroalimentario formulada por la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), para caminar,son  programas y proyectos de inversión productiva apoyados por la cooperación externa. Una política y  plan  sin programas y proyectos de inversión de mediano y largo plazo, debilita, más que fortalece, las intervenciones de la institucionalidad pública al perder credibilidad.

Hay un interés manifestó en Mega Proyectos como el Tren Interoceánico (Amapala, Pto-Castilla y Cortes),[8] donde hay avances de cooperación con China, pero también muestran interés gobiernos y empresarios de EEUU y España, además de Corea.  Lo mismo sucede con el Canal Logístico Ceiba-Caribe y EEUU. También debe ser desengavetado el proyecto de mercados periféricos de cabecerasmunicipales manejados por los usuarios e integrados a la red de circuitos de producción local de alimentos, con una participación  creciente de pequeños productores y asociaciones de mujeres campesinas y emprendedoras.

Una experiencia que se descontinuó por el sector privado para beneficio  de las pequeñas y medianas empresas, son los llamados núcleos sectoriales de empresas, donde varias de ellas,  dedicadas a la explotación y comercialización de uno o varios rubros se integran para mejorar su desempeño y generar mayor valor agregado que beneficie a los productores (as) de base de la cadena.  Hay participación de actores como Supermercados, Cámaras de Comercio y de productores en Ferias Internacionales.

Honduras no ha podido integrar y hacer efectiva la institucionalidad en materia de competitividad e innovación con la participación de diversos actores, incluyendo la academia, después de varios intentos que empezaron con la creación de la Oficina del Comisionado de Competitividad, siguiendo con la formulación de la Política Nacional de Competividad donde la innovación es una de las puntas de lanza[9].

 Hay que actualizar dicha política y dar vigencia efectiva al Sistema Nacional de Innovación (SNI), igual recomponer las funciones del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) y de la misma Secretaria de Estado en este campo.  En el gobierno de JOH se cuestionó que el presupuesto asignado a IHCIETI era de apenas 5 millones de lempiras al año, con un aumento a 66.5 millones de lempiras para 2024, después de operar con un promedio de 10 millones anuales. 

La ENEE ocupa un objetivo/ meta de termino, o sea el monto y tiempo en que disminuirán las pérdidas técnicas y no técnicas con monitoreo de indicador aceptable, la menor presión financiera  sobre los recursos del gobierno, endeudamiento externo y el gasto de funcionamiento.[10] Estas metas deben ser evaluadas cada trimestre o semestre, y en caso de incumplimiento, ajustar o cambiar la estrategia de dirección y operación técnica y financiera de la misma. En el modelo de Socialismo Democrático como alternativa al neoliberalismo, la ineficiencia públicano es una de sus virtudes.[11]

Un nuevo Plan y Política de  Educación para Mediano y Largo Plazo se ha socializado y está  en el Congreso de Republica,  lo mismo debe hacerse en salud, agua y saneamiento, transporte, migración, vivienda,  turismo, servicio civil, tránsito.La experiencia demuestra que la práctica de formular Planes Estratégicos Institucionales (PEI) por institución y sectores es pérdida de tiempo y recursos, aumentando la burocracia improductiva.

Es una práctica que se  abandona en años políticos, dando espacio a instrumentos de mayor plazo que deberían haberse conformado a inicios de gobierno, pero que dan una idea de continuidad al desagregarse en agendas de país multisectoriales o sectoriales.  Frente a la poca receptividad a las propuestas del Ejecutivo por la oposición política en el Congreso Nacional,  es fundamental lograr apoyos y grados de consenso mínimos con otros actores involucrados, incluyendo no solo a los gremios, colegios profesionales y organizaciones de sociedad  civil, sino también de  la academia.

• Consideraciones finales

El gobierno de la Republica, contra todos los pronósticos, cerrará estos tres años de gestión con una tasa de crecimiento del PIB aceptable (3.7%, promedio anual), inflación  (6.5% promedio anual en escala de desaceleración) y manejo prudencial del déficit fiscal (1.5%/PIB promedio anual para SPNF)[12]. Hay, sin embargo, elementos desestabilizadores, caso de la presión sobre la tasa de cambio, ensanchamiento del desequilibrio externo, reservas internacionales (reforzadas recientemente) y endeudamiento[13].  La preocupación inmediata siguesiendo los rezagos en educación y salud (manifesto en problemas evidentes de gestión técnica-administrativa y uso de recursos), agua y saneamiento, vivienda popular, seguridad y transporte público, pero el problema principal es la pobreza, desigualdad económica-social y falta de oportunidades de empleo de buena calidad.

Honduras es de los países con alto gasto tributario, un 7.6%/PIB en 2022 y 7.4%/PIB como promedio para 2024-2027, que afecta la capacidad del gobierno para cumplir con las demandas sociales y pagos de la deuda.Ello, lo repiten voceros de organismos internacionales y connotados economistas,  sin que exista todavía un análisis de impacto futuro en la sostenibilidad de las finanzas públicas y  capacidad de endeudamiento, caso de seguir con esta creciente pérdida de recursos para el fisco e impactos negativos en la población.

El COHEP sigue apostando a una política de generación de empleos por hora, en su mayoría de mala calidad, caso de la Ley de Empleopor Hora, y  atribuye a su ausencia la pérdida de cerca de 42,500 empleos[14] (declaraciones de Alin Flores, expresidenta del COHEP), de los cuales 17,500 pertenecen a mujeres. En el Consejo Económico y Social (CES), los dirigentes gremiales de “abolengo” se oponen a la vigencia de una nueva Ley de Empleo por Hora, pero si están de acuerdo con un diálogo y debate franco entre sector privado y gobierno.

En el Congreso Nacional los diputados de LIBRE justifican la derogación de la Ley de Empleo por Hora, por violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y leyes conexas,  igual en la consulta realizada, donde un 70%  manifiesta estar en contra de dicha Ley.[15] Sin embargo, después de aprobarse,  hubo el  compromiso por diseñar y presentar una nueva ley de consenso amplio. En el Ejecutivo, la preocupación debe ser la incapacidad del sistema económico para generar empleos de buena calidad y las condiciones laborales de los empleados por hora y “precaristas”, incluyendo las mujeres rurales y empleadas domésticas, por lo que se justicia un estudio técnico con acompañamiento de la Academia.

Por el lado del Partido Liberal, hay una iniciativa de Ley presentada por el diputado Mauricio Villeda, para aprobar una Ley de Empleo a Tiempo Parcial (reforma del artículo 328 del Código de Trabajo), igual de diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) de una nueva Ley para Empleo en los Call Center con denuncias de aumentos de horas de trabajo no pagadas para  jóvenes contratados.

La presidenta del COHEP, Anabel Gallardo, comparte este discurso, cifras y la elaboración de una nueva Ley, pero también la preocupación sobre los rezagos para la mujer, cuyas manifestaciones escapan a la obtención de cualquier empleo.“Del total de mujeres en edad de trabajar, solo el 40 por ciento participa en el mercado laboral, y más del 60 por ciento de ellas se concentran en ocupaciones elementales como comercio, atención al cliente, limpieza o trabajos domésticos. Debemos diversificar las oportunidades laborales para las mujeres”, con un 57% de mujeres laborando si derechos sociales.[16]

El año próximo, es un año político, y los candidatos empiezan a mostrar sus propuestas  para solucionar estos y otros problemas, una vez en el poder. No hay evidencia que solo un actor puede lograrlo, sea el gobierno o las cúpulas empresariales, necesita de dialogo y consensos. Pueden servirles  las palabras de Pepe Mujica a propósito del triunfo del Frente Amplio en Uruguay, después de más de 5 años de ausencia, referidas a la apuesta siempre por el diálogo con todos, una y otra vez,  retomado por el presidente electo, Yamandú Orsi.

Notas:

[1]Ver COHEP Propuesta  Pacto por el Empleo, 25 de agosto de 2023, pág. 10

[2]Ver “Riesgos a la Integridad  en el Programa Presidencial Salud, Educación y Nutrición BONO 10,000. Asociación por una Sociedad Más Justa, Diciembre de 2013, Tegucigalpa, Honduras. pág. 14

[3]Ver a Wendy Torres “Bono 10,000 una caso de malversación con veta millonaria de financiamiento, incluso Taiwán. Tegucigalpa, Honduras, Marzo 24 de 2022, pág. 4

[4]Ver PCM-08-2022

[5]Ver PCM-20-2022

[6]Ver Decreto PCM-029-2017 que da vida a dicha política, que tiene como objetivo “Incrementar las capacidades productivas de los hondureños, especialmente las de los jóvenes, para acceder a oportunidades y empleos productivos, en condiciones de seguridad, equidad y dignidad, por medio de un conjunto de intervenciones económicas y sociales que fomenten el crecimiento económico sostenido e inclusivo, reduciendo la pobreza, las desigualdades y estableciendo las condiciones adecuadas para la generación de empleo en el sector privado”. Al juzgar por los hechos y cifras, nada de ello se logró.

[7]Ver, entre otros, Javier Suazo “Efectos de la Pandemia en Honduras” (retos y oportunidades para el desarrollo económico y social). Fundación Friedrich Ebert, Tegucigalpa, Honduras, julio de 2022.

[8]El gobierno de la Republica mediante Decreto PCM 08-2024, del 28 de febrero de 2024, creo la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico (CONFI), como entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República. Ocupa, de entrada, socios técnicos externos, sobre todo en el análisis de la competencia, caso de Nicaragua y México que avanzan más rápido.

[9] Esta Política se sustenta en doce pilares fundamentales, de los cuales el institucional, infraestructura, macroeconómico, educación primaria y salud, educación superior  y eficacia del mercado laboral son fundamentales para avanzar.

[10]Hay evidencia que el gobierno ha venido honrando las deudas de la ENEE con las empresas generadoras de energía, estimándose desembolsos por unos 5,600  millones de lempiras, según declaraciones del Ministro de Energía, Erik Tejada.

[11] Las empresas públicas son propiedad del pueblo, igual los beneficios que generan. En el primer gobierno de Evo Morales en Bolivia, la recuperación de las empresas públicas hasta llevarlas a superávit financiero fue liderado por el Vicepresidente, Álvaro García Linera, enfrentando también una  campaña mediática y promoción de la privatización de las mismas.

[12]Merece, sin embargo, especial atención el déficit de la Administración Central (AC) de 3.6%/PIB en 2023.

[13]Recién se ha cuestionado la contratación de 700 millones  de dólares, con la colocación de un bono temático o sostenible por el gobierno   a una tasa de interés de 8.625 para 10 años, donde debe  visibilizarle el destino y manejo de los fondos, ya que implica aumenta del endeudamiento.

[14]Ver Honduriario.com, 25 de Noviembre de 2024

[15]Declaraciones del diputado Juan Barahona del Partido Libre, y dirigente sindical. TN5, 30 de Noviembre de 2024.

[16]Ver Honduario, 27 de Noviembre de 2024.

Primera parte: https://rebelion.org/pacto-por-el-empleo-o-luto-permanente-i/

Segunda parte: https://rebelion.org/pacto-por-el-empleo-o-luto-permanente-ii/

Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en Ciencias Económicas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.