El año 2012 en Panamá fue extremadamente convulsionado, tanto política como económicamente. La política oficial de gobierno se redujo a crear oportunidades de negocios para las trasnacionales que especulan con las riquezas panameñas: el Canal de Panamá y todas las actividades de transporte marítimo (e incluso aéreo), los negocios inmobiliarios, el turismo y otras afines. […]
El año 2012 en Panamá fue extremadamente convulsionado, tanto política como económicamente. La política oficial de gobierno se redujo a crear oportunidades de negocios para las trasnacionales que especulan con las riquezas panameñas: el Canal de Panamá y todas las actividades de transporte marítimo (e incluso aéreo), los negocios inmobiliarios, el turismo y otras afines. El crecimiento de las ganancias bancarias son un buen indicador de la política de despojo que aplica el gobierno en detrimento de las familias de los trabajadores, de la gente del campo, de los pequeños y medianos empresarios y, sobre todo, de la juventud, de las mujeres y de las etnias discriminadas.
Los ideólogos de los gobernantes (de todos los últimos gobiernos), hasta hace poco, decían cínicamente que mientras más rápido los millonarios se hacían billonarios, las riquezas comenzarían a «gotear» hacia abajo y favorecer a los pobres. En los últimos diez años la riqueza de Panamá, medida mediante el indicador convencional del producto interno bruto (PIB), se ha multiplicado tres veces pasando de 10 mil millones a más de 30 mil millones de dólares. Sin embargo, la pobreza sigue golpeando a cerca de la mitad de la población y el empleo informal sigue siendo la forma de trabajo más común en el país. Al mismo tiempo, los ricos se hacen cada vez más ricos.
La población panameña tiene cada vez menos oportunidades para educarse. Las tasas de deserción tienden a subir cada año. Al mismo tiempo, los servicios de salud y seguridad social se han deteriorado al extremo que la gente tiene temor de ir a los hospitales. Los servicios de agua potable, la recolección de basura, el saneamiento ambiental y otros servicios básicos han colapsado sin soluciones a la vista. (El gobierno simplemente se desentiende).
La corrupción -que los empresarios y sus clientes políticos antes trataban de tapar o, por lo menos, disimular-, en la actualidad, es una práctica abierta. A nivel de gobierno, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Nación y las otras instancias de control no actúan para detener el caos en el manejo de los fondos públicos. Un ejemplo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció este año que traspasaba al gobierno más de mil millones de dólares por concepto de ingresos que generan los peajes de la vía acuática. ¿Qué planes hay para estos fondos? El gobierno anunció que tenía una lista de proyectos que entre 2010 y 2014 demandarían inversiones por 13 mil millones de dólares. ¿Dónde están los informes sobre esas inversiones? Mientras tanto, el presidente de la Asamblea de Diputados gasta arbitrariamente 600 mil dólares del erario público en la compra de 30 mil jamones para regalarle a su base electoral (que tiene menos de 10 mil familias). La Contraloría ni la Procuraduría creen prudente realizar una investigación.
El crimen aumenta de la mano de la militarización. El gobierno movilizó en 2012 tropas para reprimir las protestas populares contra la política de despojo de las comunidades en Chiriquí y en Colón con un saldo de cinco muertes y muchos daños «colaterales». La provincia del Daríen y la comarca de Kuna Yala han sido convertidas en zonas de acceso limitado. Los estamentos de seguridad, entrenados y financiados por EEUU, realizan sus experimentos de armas, de guerra psicológica y operaciones de acción cívica con «conejillos de indias» panameños.
La política equivocada de «guerra contra las drogas», impulsada por la Embajada de EEUU, se ha convertido en una campaña para convertir a los jóvenes panameños – especialmente los más humildes – en consumidores de los estupefacientes.
El incremento del empleo informal en las ciudades, tiene su complemento en las áreas rurales donde los campesinos e indígenas son expulsados de sus tierras por intereses especulativos que juegan al «casino» del turismo, minería e hidroeléctricas.
¿Qué es lo que más le disgustó a los panameños en 2012?
En primer lugar, el alto costo de la vida. El incremento de los precios supera los ingresos informales de los trabajadores. Según las estadísticas, la canasta básica (de alimentos y otras necesidades) aumentó significativamente en 2012. Los salarios de los trabajadores, en cambio, se estancaron.
En segundo lugar, los panameños se sienten cada vez más inseguros en la calle, en sus comunidades y en sus hogares. La militarización – denominada seguridad nacional – que, en su momento, engañó a muchos haciéndolos creer que iba a acabar con la violencia, ha hecho lo contrario. Un indicador fehaciente es el número de homicidios que aumentó en 2012, igual que en años anteriores.
En tercer lugar, la corrupción que ha convertido a los empleados públicos en blancos para quienes quieren hacer negocios ilegales. Desde las posiciones más altas hasta las más bajas, «todos tienen un precio», declaró un encumbrado «servidor público».
¿Qué quieren los panameños para 2013?
Primero, un plan de desarrollo económico que ofrezca empleo estable, especialmente para los jóvenes. El empleo informal y el trabajo precario son dos características negativas de la estructura económica panameña. La mayoría de los panameños no tienen empleos fijos (y trabajan sin contratos ni seguro social) y, como consecuencia, sus familias se desintegran.
Segundo, un plan social que garantice salud, educación y vivienda a todos los panameños. Los panameños quieren programas de salud a nivel de las comunidades y centros de salud para atender las enfermedades. El gobierno tiene recursos suficientes para lograr este objetivo pero prefiere gastarlo en negocios con sus socios del sector privado y con las trasnacionales. El pueblo también quiere escuelas en las comunidades donde viven los estudiantes con educadores bien pagados.
Tercero, un plan de seguridad que ponga fin a la corrupción, que garantice la tranquilidad de las comunidades y que erradique las guerras territoriales sangrientas por el control de la distribución de drogas ilícitas.
Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.
Fuente: http://alainet.org/active/60561