Se denomina “Patente de corso” a una constancia proporcionada por las autoridades de un lugar, y gracias la cual el dueño de una nave tiene el derecho de asaltar barcos y atacar poblaciones consideradas enemigas. Por extensión se concede ese privilegio a quienes, detentando la fuerza, pueden hacer uso de la misma con la mayor impunidad. Ergo la policía, cuando reprime manifestantes.
El jueves pasado el país supo que un muchacho de apenas 19 años había sido abatido por un disparo en la cabeza, en la región La Libertad, cuando formaba parte de un piquete que demandaba el fin de la 27360 -o Ley de Promoción Agraria- que registra un régimen salvaje de explotación en el campo. Jorge Muñoz Jiménez, se llamaba el joven que entregó su vida por una causa justa, combatiendo una norma impuesta en noviembre del 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori, en provecho de José Chlimper Ackerman, quien hoy goza de la protección y amparo de Keiko y su pandilla.
La disposición, recusada por los trabajadores, fue dictada como herramienta para alentar la agro exportación en los valles de la costa, donde empresas como Aprokasa -la del hoy dirigente de Partido de la Seora K- acumulan ingentes caudales en base a la más inmisericorde explotación de miles de peruanos, reclutados por “enganchadores” que -como en los tiempos de la edad media- recogían a famélicos y somnolientos voluntarios a las 5 de la mañana de cada día, al borde una carretera. A partir de allí, en nuestra costa desértica, se rememoraba la célebre novela de John Steinbeck, “Viñas de ira”
La Jornada se prolongaba entre 10 y 12 horas, y concluía 12 horas después, cuando las víctimas de este régimen de horror alcanzaban a retornar a sus viviendas, llevando una paga paupérrima, lograda a cambio de renunciar a sus derechos más elementales: salud, seguridad en el trabajo, tiempo de servicios, y otros. La suma, apenas les servía para llevarse un pan a la boca.
La ley -se dice hoy- debía regir temporalmente esa actividad productiva. Valer, sólo el tiempo indispensable para que esas empresas “regularizaran” su función y obtuvieran indispensable “estabilidad financiera”. No obstante, fue sucesivamente “ampliada”, y aún perdura, aunque bajo la administración Vizcarra, -Decreto 043-2019- fue ligeramente modificada, como un modo de “aliviar” la explotación despiadada. Aun así, mantuvo su esencia, a petición de la CONFIEP, a fin de perpetuar el “modelo” Neo Liberal que la inspira.
Aunque el punto gravitante de la ley, fue la costa sur –el departamento de Ica y zonas aledañas- donde japoneses convocados por AFF invirtieron “en grande”, su efecto se irradió rápidamente por el norte del país. Eso explica que las movilizaciones laborales iniciadas en el sur hace unos días, hubiesen encontrado eco, hasta topar con la sangre de Jorge Muñoz, el Inti Sotelo o el Braian Pintado de la costa norte.
Las autoridades regionales -Fernando Cillloniz fue Presidente del Gobierno Regional de Ica en los últimos años- nunca vieron el oprobioso efecto expoliador de esta modalidad operativa. Al contrario, se beneficiaron con ella y la defendieron con uñas y dientes. Al extremo, la mayoría parlamentaria de hoy –protagonista del Golpe fallido del 9 de noviembre– posterga el tratamiento de la ley, y evita derogarla. Sus tagarotes no dejan de conspirar, y usan los resortes que tienen a la mano para socavar lo que puedan en busca de un “porvenir mejor”; para ellos, claro.
Pero el tema nos vuelve a poner ante los ojos un asunto que también está inserto en el cielo peruano: el papel de los mandos policiales, atravesados por la corrupción y la violencia desmedida. Es posible que las medidas anunciadas por el Presidente Sagasti, hayan sido precipitadas, incluso improvisadas, Pero ¿Eran necesarias?. Los cambios de mando en la jerarquía y la nominación de civiles para regular las cuentas; constituían un inexcusable reto a abordar.
Y es que la estructura policial tiene el cerebro carcomido por la corrupción, pero además, luce dispuesta a usar sus armas para reprimir violentamente al pueblo. Fue por eso, que recibió el meloso apoyo de los Phillips Butthers y los Beto Ortiz, de los Rospigliossi y de los Althaus. Y, claro, hasta el aplauso de Martha Chávez, Edgar Alarcón y Manuel Merino. Todos a una, victimizaron al generalato depuesto, y exigieron la cabeza del ministro Rubén Vargas hasta obtenerla, incluso con malas artes.
Ellos, se condolieron hasta las lágrimas por la “ilegal e injusta” decisión del Ejecutivo de disponer el retiro de 18 “mandos”. Y clamaron por dejarla sin efecto. Y apenas asomó el nuevo titular del ramo, saludaron su puesto riendo a mandíbula batiente. Horas más tarde, Jorge Muñoz, el chico de 19 y muchas ilusiones, fue abatido. Sus asesinos dirán que “impusieron el principio de autoridad” y “restablecieron la paz”. La paz de cementerios, claro.
De eso se trata, sin duda. Ciertos voceros de la “prensa grande” hablan de “no denigrar” a la policía, ni “restarle autoridad”. Al contrario, se muestran dispuestos a aceptar sus prácticas, y consagrar su impunidad. Aseguran su “derecho” a hacer uso de sus armas de fuego. Negarlo -dicen siempre- es “hacer el juego a la subversión”
Ahora que busca ponerse de moda considerar “terruco” a quien sale con un polo Mariátegui, o calificar de “emerretista” a quien luce a Túpac Amaru, hay los que alientan la muerte de jóvenes como este chico de 19 abriles. Si esto continúa, -la patente de corso da para mucho- tendremos que decir como Vallejo: “Murió mi eternidad, y estoy velándola”.