En una acción sorpresiva, el gobierno guatemalteco anunció ayer el cierre efectivo de sus «Archivos de la Paz», una de las instituciones más activas e importantes creadas a partir de los acuerdos de paz de 1996 para promover la paz, la verdad y la reconciliación. De acuerdo a medios de comunicación guatemaltecos, Antonio Arenales Forno, […]
En una acción sorpresiva, el gobierno guatemalteco anunció ayer el cierre efectivo de sus «Archivos de la Paz», una de las instituciones más activas e importantes creadas a partir de los acuerdos de paz de 1996 para promover la paz, la verdad y la reconciliación. De acuerdo a medios de comunicación guatemaltecos, Antonio Arenales Forno, Secretario de la Paz, declaró que el 29 de junio estaría «cancelando contratos [de trabajo] por los que no encuentro justificación y la función de una dirección a la que no le encuentro sentido».
El desmantelamiento de los Archivos de la Paz es un fuerte golpe a los actuales esfuerzos del país por recuperar su memoria histórica y apoyar los procesos judiciales en contra de violadores de derechos humanos. Si bien los archivos fueron fundados hasta el año 2008 (durante la presidencia de Álvaro Colom), en este breve tiempo de funcionamiento logró digitalizar alrededor de dos millones de documentos gubernamentales relacionados con el conflicto armado interno.
Los Archivos de la Paz también han publicado nueve informes relevantes sobre la desaparición forzada, el tráfico de niños, el conocido Estado Mayor Presidencia (EMP) y los archivos de la Policía Nacional. Su personal ha proporcionado informes periciales al Ministerio Público en varios casos clave de derechos humanos, incluyendo el actual juicio por genocidio contra el ex jefe de Estado, Efraín Ríos-Montt, asociado a las masacres realizadas en el área ixil en 1982-1983.
Pero Arenales Forno planteó a reporteros que estas funciones les conciernen a otros; por ejemplo, la digitalización y análisis de archivos militares por violaciones a los derechos humanos «corresponde a la comunidad de derechos humanos, y la investigación de delitos le corresponde a la Fiscalía». El Secretario de la Paz dijo no estar seguro sobre qué haría el gobierno con el extenso volumen de archivos digitales de la institución, sugiriendo que quizá se transferirían al Archivo General de Centro América.
El cierre de los Archivos de la Paz termina con una importante fuente de apoyo a las acciones judiciales por derechos humanos en Guatemala, y puede en parte reflejar el disgusto particular de este gobierno por los casos de genocidio. A pesar que el Presidente Otto Pérez Molina no ha intervenido directamente en ninguna investigación de derechos humanos, sí ha fijado una clara postura en contra de los cargos de genocidio en juicios contra antiguos oficiales del ejército del país. Su Secretario de la Paz, Arenales Forno, ha sido igualmente franco, y en febrero pasado declaró al medio escrito El Periódico «me indigna que se afirme que en Guatemala hubo genocidio».
La decisión de Pérez Molina también representa una reversión de la larga práctica del gobierno de Guatemala de acceder al desarrollo de las iniciativas de verdad y reconciliación por parte de actores no-gubernamentales, más que liderarlas por su cuenta, apoyándose en expertos de antropología forense, derechos humanos o archivos, por ejemplo, provenientes de grupos de sociedad civil nacionales o internacionales para la recolección y análisis de evidencia de la violencia estatal. Los Archivos de la Paz ha sido una de las pocas instituciones estatales dedicadas a tiempo completo para avanzar en la comprensión de lo ocurrido durante el sangriento conflicto de 36 años.
El desmantelamiento de los Archivos de la Paz es también una pérdida lamentable para las iniciativas de justicia y derechos humanos en el mundo, dado el progresivo interés sobre los «archivos de la represión» como los Archivos del Terror de Paraguay, los expedientes de la Stasi de la antigua Alemania del Este, y los archivos del genocidio de Camboya, entre otros.
En un esfuerzo por dispersar el creciente desagrado público sobre la decisión, la Presidencia emitió un comunicado el día de ayer en el que cuestiona que su acción se considere un «cierre» del archivo. En su declaración afirma que el gobierno sólo pretende «rescindir los contratos del personal que ya no tiene labores que realizar dentro de la Secretaría de la Paz (Sepaz)» y que «los Archivos de la Paz se encuentran distribuidos en varias instituciones del gobierno, entre ellas la Hemeroteca Nacional, Policía Nacional Civil (PNC), Archivo General de Centro América y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, entre otras». El comunicado plantea que los cambios se realizan en un contexto más amplio de reestructuración de los programas gubernamentales de resarcimiento, incluyendo a la Secretaría de la Paz.