No hay evidencia de una coordinación entre periodistas peruanos y bolivianos, pero sus acciones fueron muy parecidas.
En febrero de 1970, las políticas a favor de los periodistas de Perú y Bolivia, al parecer, marchaban a los acordes de un mismo tambor. En lucha contra los empresarios de los medios, los trabajadores de la prensa exigieron a sus gobiernos sancionar normas para hacer cumplir sus derechos. A los regímenes militares no les quedó otra que lanzar osadas medidas, que aún hoy generan polémica.
Las leyes que conquistaron los obreros de la información en ambos países fueron resultado de una toma de conciencia colectiva, de la unidad, de las querellas y de arduas negociaciones. Los gobiernos nacionalistas —presididos por los generales Juan Velasco, en Perú (1968-1975), y Alfredo Ovando, en Bolivia (1969- 1970)— tenían sed de respaldo social. En ese marco, hicieron concesiones a los periodistas, quienes, a su vez, estaban en pie de combate contra la explotación y la censura.
Esa particular convergencia de intereses entre militares y trabajadores de la prensa fue vista, primero, con preocupación y, luego, con odio por los tradicionales grupos de poder peruanos y bolivianos. Los editoriales y las informaciones direccionadas por sus medios son la prueba de lo que ocurrió en esa coyuntura. Los “oligarcas”, en el marco de la Guerra Fría, contaban con el respaldo de las élites de Estados Unidos y sus agencias internacionales de noticias, que no tardaron en estereotipar a los nacionalistas como “comunistas”.
PERÚ
Osmar Gonzales, en el libro Apogeo y crisis de la izquierda peruana, reconoció que el “reformismo velasquista” —que repetía que no estaba “ni con el capitalismo ni el comunismo”— tuvo logros: 1) se rodeó de “selectos intelectuales progresistas”; 2) propició el surgimiento de una “nueva izquierda”; 3) arrancó a la oligarquía del poder y la “pulverizó”; 4) debilitó las “excusas mentales de las superioridades de castas”; 5) propicio una “nueva mirada” nacional, donde “todos pertenecían a una misma comunidad”, y 6) vigorizó el poder de las organizaciones de la sociedad.
“Ese modelo apostaba por Organizaciones Permanentes de Base puestas en marcha por el mismo proceso revolucionario y cubría dos niveles: 1) el de las instituciones sociales de base sujetas al control real de quienes la forman y 2) la acción de masas o la influencia popular en momentos de rebelión”, agregó, en La revolución peruana, 1968-1975, Juan Martín Sánchez.
Es bajo esa visión que el régimen de Velasco aprobó dos normas que pusieron en jaque al bloque mediático: El Estatuto de Libertad de Prensa, el 30 de diciembre de 1969, y la “Ley del Periodista”, el 6 de febrero de 1970.
LEY
En el Estatuto se ordenó a los dueños de los medios a: 1) liquidar sus vínculos económicos con capitales extranjeros y provenientes de otros negocios; 2) reconocer a la población el uso del “Derecho de Aclaración o Rectificación”, y 3) publicar, dos veces al año, “la nómina de sus accionistas y directorio, el monto de su capital, la participación accionaria de cada uno de sus socios, cargos que desempeñan y la relación con acreedores hipotecarios (…)”.
35 días después, tras ponderar la actividad de los asalariados de la información, la Ley del Periodista declaró ilegal todo “contrato a plazo fijo”: Los trabajadores al servicio de cualquier empresa mediática “gozan de estabilidad en su empleo”; “sólo procederá la rescisión de contrato por falta grave (…) o motivo justificado” (artículos 1 y 2).
En el artículo 3 se obligó a las “empresas periodísticas” —y otras relacionadas con el sector— a cumplir con: 1) el pago de horas extra; 2) la remuneración adicional por jornada nocturna; y, 3) el pago doble por domingos y feriados, “independientemente del día de descanso sustitutorio”.
LIBERTAD
Como si todo lo anterior fuera poco, el gobierno de Velasco aprobó una medida “insólita” para los empresarios, que ese mismo mes también fue establecida en Bolivia. Obligó a las empresas periodísticas a difundir un contra-editorial elaborado por los obreros de la prensa.
“Artículo 4. Los periodistas tienen derecho a publicar o propalar, en los órganos de información escrita, hablada o televisada donde laboren, artículos de opinión de interés general o nacional, bajo su responsabilidad”.
Para el cumplimiento de lo dispuesto, los medios debían “ceder” en cada edición una columna en la página editorial o su equivalente en tiempo en la radio y la televisión: “Si el Director (…) se niega a publicar un artículo de opinión, el Juez lo sancionará”.
UNIDAD
No existe evidencia sobre una coordinación entre asalariados de la información peruanos y bolivianos para exigir y hacer aprobar dichas normas. Sin embargo, las acciones periodístico-sindicales fueron muy parecidas.
En Bolivia, el 17 de febrero de 1970, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP) envió una carta al ministro de Informaciones, Alberto Bailey, planteándole: 1) un decreto que “prohíba” la circulación de todos los periódicos los lunes, a fin de publicar su propio semanario; 2) el “alquiler” de la imprenta del ex-periódico La Nación; 3) la “concesión” del 50 por ciento de las páginas editoriales a los periodistas asalariados; 4) la “inamovilidad” de los obreros de la prensa por razones de discrepancias ideológico- políticas, y 5) la creación de un “impuesto” del 1% sobre el avisaje, con destino a los Comités Sindicales de los periódicos.
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Ante ello, el gobierno de Ovando aprobó el Decreto Supremo 09113, el 19 de febrero. La disposición legal concedió a los sindicalizados un espacio equivalente a un editorial para que puedan expresar libremente sus opiniones; otorgó el descanso dominical, que permitió a los periodistas editar semanarios que circulen, de modo exclusivo, los lunes, y prohibió a las empresas periodísticas sancionar a sus dependientes a causa de la emisión de sus opiniones.
La unidad tuvo sus frutos.
CÓNDOR
Así surgió la Columna Sindical, que aún es legal en el país. Esas regulaciones sancionadas en Perú y Bolivia tensionaron las relaciones entre el gobierno, los obreros de la información y los “magnates” de los medios, que eran formidables aparatos de guerra ideológica.
En 1971, los periodistas buscaron ampliar la unidad sectorial y empezaron a construir una organización sindical regional. Empero, el Plan Cóndor, dirigido por militares liberales, cortó de raíz ese intento y derogó las normas que estaban a favor de los asalariados de la prensa.
Miguel Pinto Parabá es periodista
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