Un ataque artero La madrugada del 2 de marzo del 2008, aviones de la fuerza aérea colombiana, dirigidos por el ejército de los Estados Unidos desde la base de Manta, bombardearon en territorio de Ecuador un Campamento Guerrillero. La intención manifiesta era acabar con el comandante de las FARC, Raúl Reyes, quien encabezaba las negociaciones […]
Un ataque artero
La madrugada del 2 de marzo del 2008, aviones de la fuerza aérea colombiana, dirigidos por el ejército de los Estados Unidos desde la base de Manta, bombardearon en territorio de Ecuador un Campamento Guerrillero. La intención manifiesta era acabar con el comandante de las FARC, Raúl Reyes, quien encabezaba las negociaciones para la liberación de algunas personas que el grupo insurgente tiene retenidas hace tiempo.
Luego del bombardeo, soldados colombianos ingresaron en Ecuador y terminaron el operativo: es decir, ejecutaron a los sobrevivientes, con excepción de tres mujeres: Las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, y la mexicana Lucía Morett Álvarez. Durante 12 horas fueron sometidas a presiones psicológicas, que terminaron cuando se hizo presente el ejército ecuatoriano. Fueron 25 los asesinados por órdenes de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos cuatro mexicanos: Juan González del Castillo, Fernando Franco, Verónica Velázquez (estudiantes de la UNAM) y Soren Ulises Avilés (egresado y trabajador del Instituto Politécnico Nacional).
Los jóvenes que se salvaron de la masacre en Quito (donde Lucía Morett fue torturada por el ejército ecuatoriano), recibieron asilo político en Nicaragua. La mexicana salió legalmente de Ecuador. Tanto los asesinados como ella fueron acusados de «terroristas», por el gobierno colombiano, lo cual justificaría el daño que se les causó.
Mientras el gobierno ecuatoriano rompió relaciones diplomáticas con Colombia, el de Felipe Calderón consideró que el asunto quedó saldado cuando Álvaro Uribe «pidió perdón» por haber invadido un país amigo y ordenado el bombardeo.
De parte del régimen mexicano no existió una reclamación formal, ni mucho menos una demanda en tribunales internacionales, por el homicidio de cuatro mexicanos y las lesiones y torturas contra Lucía Morett.
Distanciamiento entre Ecuador y Colombia
Luego del ataque a Sucumbíos, la relación entre Colombia y Ecuador se tensaron. Hoy están en su punto más álgido, a partir de que el segundo país reclama la extradición de los responsables materiales del bombardeo.
Rafael Correa había decidió no renovar el convenio para la base de Manta; también demando a Uribe una satisfacción por el ataque a Sucumbíos. Calderón, por su parte, profundizó sus lazos militares con los norteamericanos, al ratificar la ASPAN y operativizar la Iniciativa Mérida, que antes se llamó «Plan México», gemelo del «Plan Colombia». Asimismo, reforzó su alianza estratégica con Álvaro Uribe para plantearse como la barrera de contención las derechas ante los planteamientos renovadores que se viven en Venezuela, Bolivia y el mismo Ecuador.
El tema de Sucumbíos evolucionó con una lógica propia en ambos países andinos. En Ecuador se abrió un juicio contra Lucia Morett, imputándole haber violado el artículo 147 del código penal al atentar contra la integridad del Estado. También se abrió juicio en Colombia, pero acá por terrorismo. A más de un año de los hechos, ambos países han dicho que Lucia es delincuente, aunque sólo Ecuador ha pedido a México la extradición de la universitaria mexicana.
La situación no podía ser más compleja para Morett: es testigo de los ilícitos cometidos por los soldados colombianos por órdenes de Álvaro Uribe y está en medio de un conflicto internacional que involucra no sólo a los países sudamericanos, sino también a México y a los Estados Unidos.
Siete Puñaladas en el Corazón de América Latina.
Como Ecuador no renovó la autorización para la base de Manta, el gobierno norteamericano pactó con Uribe el manejo de 7 de esos establecimientos en Colombia. Siete puñales en el corazón de América Latina los denominó Fidel Castro. Se ubican en Malambo, Palenquero, —-, Bogotá, Tolemaida y Larandia. La renta será por diez años, los gringos tendrán en ellas 800 militares y 600 contratistas (mercenarios) y un objetivo será apoyar a Uribe para acabar con la insurgencia (El comercio, Quito, 16 de agosto del 2009, P.3).
El gobierno de Barak Obama declaró que USA debe dejar de ser el policía del Mundo, pero eso no le impide instalar siete bases castrenses en territorio colombiano. Quiere cercar a Venezuela, a cuyo gobierno cataloga la prensa dominada por el imperio como «amenaza a la democracia». Obviamente, es una imputación falsa, pues ningún gobernante de América se ha sometido a la cantidad de pruebas electorales que Hugo Chávez ha superado.
Al alinearse con esa estrategia, el impuesto Felipe Calderón, ha sepultado cualquier posibilidad de reclamar justicia por los asesinados en Sucumbíos, y no ha protegido a nuestra compatriota Lucía Morett. Es inconcebible que haya recibido más apoyo del gobierno de Nicaragua que del de México.
Obviamente, el de las 7 bases no es un asunto bilateral entre Colombia y Norteamérica. La peligrosa presencia de militares y mercenarios (eufemísticamente llamados «contratistas») estadounidenses en el territorio andino, es una grave amenaza para toda la región.
Calderón Quiere ser Mediador
Al iniciar un segundo período presidencial, Rafael Correa aceptó la segunda petición de perdón que le presentó Álvaro Uribe por la agresión de Sucumbíos. Se exhibe consternado, pero parece bastante mustio. Porque sólo merece ser perdonado quien muestre arrepentimiento y propósito de enmienda, además de que pagó la correspondiente penitencia; y nada de eso hace Uribe. Además, su canciller Jaime Bermúdez precisó que el ofrecimiento de dialogar con Correa no es incondicional, pues no incluiría negociar el acuerdo militar con Estados Unidos. Dijo que las «relaciones internacionales no pueden simplemente partir de un supuesto de que el diálogo per se es bueno» (Idem).
Calderón no está legitimado para mediar, porque es parte interesada. Ha usado a periodistas, como Jorge Fernández Menéndez, para atacar a Lucía Morett clamando implícitamente porque sea entregada a los carniceros colombianos. Ese personaje tiene una clara relación con el gobierno de Uribe, pues recibe información de «la mágica computadora de Raúl Reyes. Los panistas del tipo del diputado Cristian Castaño, manejan lo que dice ese pseudoperiodista como «prueba» de que Lucía Morett es terrorista.
Antes de «mediar» entre Uribe y Correa, Calderón debería cumplir su obligación de defender a los mexicanos ante agresiones de gobiernos y ejércitos extranjeros. Debería recordar que nuestro Himno Patrio nos llama a ser soldados cuando un extraño enemigo osare profanar con su planta nuestro suelo; y, agregamos nosotros, asesinar y torturar a nuestros compatriotas.
O sea, que primero debe hacer lo necesario para poner fin a la impunidad por lo de Sucumbíos. Y no andarse ofreciendo para una mediación para la cual no está moralmente capacitado.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.