La protesta es consecuencia del despido, anunciado en septiembre por el gobierno puertorriqueño, de más de 17 mil empleados públicos. Esta marcha fue anunciada el miércoles por representantes sindicales en cumplimiento con lo advertido al gobernador Luis Fortuño el pasado 1 de mayo. Los sindicatos puertorriqueños detuvieron parcialmente la actividad laboral del país este jueves […]
La protesta es consecuencia del despido, anunciado en septiembre por el gobierno puertorriqueño, de más de 17 mil empleados públicos. Esta marcha fue anunciada el miércoles por representantes sindicales en cumplimiento con lo advertido al gobernador Luis Fortuño el pasado 1 de mayo.
Los sindicatos puertorriqueños detuvieron parcialmente la actividad laboral del país este jueves con una huelga general contra el despido de miles de empleados públicos, aunque el Gobierno advirtió que esta acción no servirá para revertir sus planes.
La protesta es consecuencia del despido anunciado en septiembre de más de 17 mil empleados públicos, medida que el gobernador Luis Fortuño considera es la única vía para no cerrar el Gobierno por falta de fondos antes de las próximas navidades.
Fortuño, líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), hizo además aprobar la llamada Ley 7 para ahorrar dos mil millones de dólares con la intensión de reducir el déficit fiscal de tres mil 200 millones de dólares que heredó de la Administración precedente del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
Varias manifestaciones por separado de los principales sindicatos confluyeron al mediodía de este jueves en la Plaza Las Américas, el centro comercial más grande del Caribe, en el distrito financiero de Hato Rey, con la presencia de miles de trabajadores y estudiantes, sin que la Policía ni organizadores dieran cifras de participación.
Los sindicatos se apuntaron una victoria con la no apertura de la Plaza Las Américas, el icono del consumismo puertorriqueño, lo que lamentó el gobernador Fortuño pues asegura que este centro de comercios da empleo a más de 10 mil personas, por lo que pidió calma a la población y respeto para quienes decidan trabajar este jueves. Aeropuertos y muelles funcionaron con total normalidad.
Las empresas públicas permanecieron cerradas, aunque la mayoría de las compañías privadas y el comercio optaron por abrir sus puertas, a excepción de las situadas en el distrito financiero por donde discurrieron las manifestaciones.
Luis Fortuño dijo, además, que a pesar de las dificultades el país saldrá adelante e insistió en las ayudas que prestará el Gobierno a las decenas de miles de funcionarios públicos despedidos.
El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), uno de los más importantes de la isla, Roberto Pagán, dijo que esta huelga es la respuesta a una política de despidos por parte del Gobierno y asegura que esto traerá graves consecuencias para la economía de la isla.
Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Sindical y del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), Luis Pedraza Leduc, manifestó que la adhesión registrada este jueves indica que se consiguieron los objetivos marcados.
El sindicalista advirtió al Gobierno de que si no da marcha atrás en su decisión de poner en la calle a 17 mil funcionarios será convocada una huelga general indefinida, un paso que, como predijo, sí paralizaría entonces la actividad económica de la isla caribeña.
Ante esto, el secretario de la Gobernación, Marcos Rodriguez-Emma, fue más explícito al asegurar que no habrá «marcha atrás en los despidos».
Precisamente, Rodríguez Emma lideró en la década de los noventa la privatización de la red telefónica puertorriqueña, lo que provocó el 7 de julio de 1998 una huelga general de dos días convocada por más de 60 organizaciones sindicales.
Prometen más resistencia y desobediencia
El movimiento obrero proclamó que ayer no terminó la lucha en contra de las cesantías. Por el contrario, líderes, como el presidente de la Unión General de Trabajadores, Juan Eliza, y de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores, José Rodríguez Báez, señalaron que las condiciones están dadas para una huelga general.
Proclamaron el inicio de un «estado de insurrección pacífica» tras el paro nacional, si Luis Fortuño no accede a revertir el despido de miles de empleados públicos. «Iremos de la protesta, a la resistencia y de la resistencia a la desobediencia civil», advirtió ayer el obispo metodista Juan Vera, portavoz de la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico.
En un emotivo mensaje de cierre de las actividades del paro nacional, el líder religioso subrayó que no es hora de «pedir nada», sino de demostrarle al Gobierno «que el pueblo se cansó de los abusos y tomará en sus manos el timón de su destino».
La protesta de este jueves, que inició en la mañana con total normalidad, contó con el apoyo del colectivo de estudiantes y de un amplio número de asociaciones sociales y profesionales, en una jornada en la que la Policía informó que no se registraron incidentes de consideración.
La Policía movilizó a 15 mil agentes, principalmente en San Juan, y el Ejecutivo activó de forma limitada a la Guardia Nacional.
Sindicatos y algunos analistas acusan a Fortuño de querer desmantelar los servicios públicos para entregárselos a la iniciativa privada, mientras que el mandatario ha reiterado que una de las soluciones a los problemas de la economía de la isla pasa por las llamadas Alianzas Público Privadas, que permitirán operar activos públicos a empresas particulares y en su opinión generar miles de nuevos empleos.
Puerto Rico atraviesa por su cuarto año consecutivo de crisis económica, lo que ha elevado la tasa de desempleo al 16 por ciento entre la población activa y provocado una nueva «ola» de inmigración hacia los Estados Unidos.
El pasado 1 de mayo, Día Internacional de Trabajador, los sindicatos del sector público de Puerto Rico le advirtieron al gobernador Luis Fortuño que, de llevarse a cabo un plan de despidos de hasta 30 mil funcionarios y de privatización de las principales corporaciones del país, realizarían una huelga; lo que han cumplido, en parte, con la protesta de este jueves.