Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti
El Consejo de Estado, mediante una sentencia publicada ayer, anuló un decreto del ministerio del Interior de septiembre de 2008 que concedía a los ayuntamientos la posibilidad de dotar a los agentes de la policía municipal de Taser, la controvertida pistola que funciona con descargas eléctricas. El Consejo de Estado afirma que la policía nacional tiene la preparación suficiente para emplear la Taser, mientras que la municipal carece de ella. La policía nacional francesa cuenta ya con 4.600 pistolas Taser, que descargan 50.000 voltios y bloquean el sistema nervioso. Algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Niza, ya habían empezado a distribuir esta arma a los policías municipales. La decisión de anteayer del Consejo de Estado es la respuesta a una cuestión planteada por una organización de defensa de derechos del hombre.
Según Amnistía Internacional, la pistola Taser figura como causa de la muerte de 334 personas en EEUU entre 2001 y 2008 (en 50 casos fue la única causa). Según el Consejo de Estado, «las peculiaridades de este nuevo tipo de arma imponen que su uso esté limitado y controlado de modo preciso»: La ofensiva de los productores y representantes de esta nueva arma llegó en Francia a rozar el ridículo con el caso Besancenot: el presidente de SMP Technologies, la sociedad que importa la Taser a Francia, contrató a un detective privado para espiar al entonces portavoz de la LCR (ahora líder de la NPA), Olivier Besancenot, responsable, según su entender, de haber favorecido la difusión en Francia de reportajes estadounidenses que cuestionan el uso de la Taser al señalarla como responsable del fallecimiento de cientos de personas que padecieron sus efectos en detenciones de la policía.