Entre los días 16 y 18 de octubre, miles de personas votaron las resoluciones que formarán parte del futuro Programa Electoral de Podemos. Los miembros de Podemos estaban llamados a votar, de entre todas las resoluciones presentadas (casi cien), las cinco que les parecieran más adecuadas. De esas cinco, precisamente la que quedó en quinto […]
Entre los días 16 y 18 de octubre, miles de personas votaron las resoluciones que formarán parte del futuro Programa Electoral de Podemos. Los miembros de Podemos estaban llamados a votar, de entre todas las resoluciones presentadas (casi cien), las cinco que les parecieran más adecuadas. De esas cinco, precisamente la que quedó en quinto lugar es la resolución que aboga por realizar una «auditoría» de la deuda (tanto pública como privada) española y una «reestructuración» de la misma. Esta resolución está firmada por Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho Álvarez Peralta, y recibió el 23,5% de todos los votos emitidos.
Llevamos ya un tiempo debatiendo en España sobre esta cuestión, pero antes de entrar en los contornos que ha adquirido este debate, parece oportuno recordar de nuevo algunos datos. Según Eurostat (datos del primer cuatrimestre de 2014) el volumen de la deuda pública española equivale en estos momentos a casi el 100% de nuestro PIB (96,8%, exactamente, aunque faltan por publicarse los datos para España del segundo cuatrimestre en donde sin duda se anunciará que hemos llegado, cuando no rebasado, la barrera del 100%). En euros contantes y sonantes, esto equivale a la friolera de 989.925 millones de euros, es decir, casi un billón de euros. Por su parte, en lo que se refiere a la deuda privada, España debe el equivalente al 214% de su PIB. Los datos de EUROSTAT son datos de 2012, año en el que el PIB español fue de algo más de un billón de euros (1 billón 29 mil millones) con lo que los españoles deberíamos alrededor de 2 billones 200 mil millones de euros, que sumado a los 989 mil millones de deuda pública hacen un total de 3 billones 190 mil millones de euros. Es decir, algo más de tres veces nuestro PIB. Esa es la cifra mágica del endeudamiento español.
A partir de estos datos, Podemos ha planteado dos cosas, una auditoría de la deuda y su eventual reestructuración. Por razones de espacio dejo a un lado lo primero, y me centro en el segundo aspecto, que es el que ha levantado además más ampollas en el debate público español. Podemos ha sido calificado, por realizar esta propuesta (y otras), de populista por José Ignacio Torreblanca, de marxista-leninista por Federico Jiménez Losantos, de caudillista, mesiánico y de nuevo marxista por Francisco Marhuenda, y de «utópicos regresivos» (personalmente es la crítica que más gracia me hace) por el propio Felipe González.
Dejando a un lado los aspectos más técnicos de esta propuesta, que sin duda son complejos, lo que quiero señalar es simplemente que se está gestando un consenso entre economistas de distintas tendencias sobre la necesidad de abordar esta cuestión en la Unión Europea. La idea de que Europa no podrá evitar antes o después reestructurar sus deudas no solamente forma parte de conversaciones privadas, que por tanto no pueden ser desveladas en un medio de comunicación, sino que también forma parte de la investigación publicada que están realizando muchos economistas (a los que se les están añadiendo algunos juristas, que están analizando los aspectos legales que las reestructuraciones conllevarían).
Doy varios ejemplos de ello. Para empezar, Reinhart y Trebesch, en un reciente trabajo de 2014, ofrecen algunos datos históricos sobre reestructuraciones recientes. Por ejemplo, después de la primera guerra mundial, se produjeron amplias reestructuraciones de deuda (en realidad, impagos parciales) a favor de países tan importantes como Francia o Italia, por citar solamente a algunos. Concretamente, las reestructuraciones afectaron, respectivamente, a un 52% y a un 36% de la deuda pública de estos dos países sobre su PIB de 1934. Esta deuda, en su mayor parte, fue, de acuerdo con estos dos autores, «condonada y ampliamente olvidada«. El caso es que según se indica en este estudio, una vez completamente finalizado el proceso de reestructuración, «las condiciones económicas mejoraron en términos de crecimiento, servicio de la deuda, sostenibilidad de la misma y acceso a los mercados».
Como media, los países tardaron unos seis años en volver a niveles de crecimiento anteriores al evento. Es cierto que estos dos autores son cautos, puesto que advierten de que es mucho más fácil señalar ex post a partir de qué momento se endereza el rumbo macroeconómico de los países beneficiados por la reestructuración, que hacerlo ex ante, esencialmente porque la computación de la sostenibilidad de la deuda depende fuertemente de las asunciones que hagamos sobre crecimiento del PIB y disminución de la prima de riesgo. Por eso no podemos simplemente proyectar los resultados de las reestructuraciones de los años 30 a nuestros días (y dicho sea de paso, por eso es muy difícil estimar en términos económicos qué ocurriría si un país decidiera salir del euro).
En cualquier caso, lo que Reinhart y Trebesch nos dicen son dos cosas: primero, que de producirse una reestructuración, esta no sería la primera vez que ocurriría en la historia económica contemporánea reciente; y segundo, que los casos más recientes de reestructuración lo que nos dicen es, precisamente, que en determinadas circunstancias y condiciones, la misma puede ser la clave para volver a retomar una senda de crecimiento mucho más sostenible y razonable.
Por su parte, Pierre Pâris y Charles Wyplosz plantean, en un trabajo de enero de 2014, lo que los autores denominan como PADRE (Politically Acceptable Debt Restructuring). En esencia, la idea es que una agencia (concretamente, el BCE) adquiera una parte de la deuda soberana de los Estados miembros, a cambio de una especie de bono a perpetuidad, pero sin intereses. Por su parte, el BCE va imputando dichas deudas a los intereses que los Estados Miembros reciben por el capital que tienen en el BCE. No se produce transferencia de la deuda hacia otros Estados, se trata más bien de una transferencia «intergeneracional» de la deuda. Hay que decir que ambos autores son considerados como representantes de la ortodoxia económica.
Por ejemplo, Pierre Pâris es un banquero (concretamente, el consejero delegado del Banque Pâris Bertrand Sturdza). Y Wyplosz es una autor que defiende que, al igual que ha pasado con la política monetaria, la política presupuestaria debería ser delegada a una agencia independiente y extraída por tanto del circuito político. No son un par de marxistas, precisamente. Su propuesta es interesante porque, a diferencia de Paul de Grauwe (quien también aboga por una reestructuración, pero para resolver problemas de insolvencia, no de falta de liquidez) los dos autores anteriores plantean el problema de la reestructuración como un problema de «sostenibilidad» de la deuda: no es tanto que ésta no se pueda pagar, sino que pagarla reduce mucho las posibilidades de crecimiento de aquellas economías que están ya fuertemente asediadas por la crisis.
El documento más interesante que se ha producido en esta materia es, en mi opinión, el de Ashoka Mody, un miembro del servicio de estudios del FMI (actualmente profesor visitante de la Universidad de Princeton). Mody plantea un sistema de canje de deuda soberana por títulos que serían considerados equity (capital), lo que en la práctica implicaría un derecho residual a la reclamación de dichos títulos sobre el soberano. Lo más interesante del análisis del Mody es precisamente la parte que toca al corazón de este problema. De acuerdo con Mody, «la investigación histórica en materia de impagos muestra que los mercados, en determinadas circunstancias, entienden que la restructuración redunda en su propio interés«. Dicho de otra manera: son los mercados -y no sólo los Estados- los que piden las reestructuraciones de deuda. En efecto, a partir de un cierto punto, los mercados prefieren planes de restructuración creíbles (y en consecuencia, la posibilidad de cobrar algo, al menos) que los intentos no-creíbles de los Estados por pagar, sobre todo cuando ello se hace añadiendo políticas de austeridad.
La pregunta es: ¿es Mody un peligroso marxista? ¿es de Grauwe un temible populista? ¿son Reinhart y Trebesch los líderes de un grupo secreto leninista? ¿son Pierre Pâris y Charles Wyplosz un par de utópicos regresivos sin salvación? Quizá sea así y algún día salgan del armario y lo confiesen. Pero hasta que llegue ese día, lo que tenemos que pensar es que sus propuestas sobre reestructuración son de simple sentido común; como las de Podemos, el único partido político que se ha atrevido hasta ahora a hablar sin tapujos de esta cuestión en España.
Antonio Estella es catedrático Jean Monnet ad personam de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado recientemente España y Europa. Hacia una nueva relación (Tirant Ediciones, 2014).
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