Si la gobernabilidad es un momento de equilibrio entre el poder del Estado y los grupos de presión, económicos, sociales y políticos de un país, ¿podría existir una gobernabilidad sin contrapesos? Si hubiera un democraciómetro, ¿en qué rango estaría la democracia peruana? Y por último, ¿qué actores construyen la gobernabilidad en el Perú? Vamos a […]
Si la gobernabilidad es un momento de equilibrio entre el poder del Estado y los grupos de presión, económicos, sociales y políticos de un país, ¿podría existir una gobernabilidad sin contrapesos? Si hubiera un democraciómetro, ¿en qué rango estaría la democracia peruana? Y por último, ¿qué actores construyen la gobernabilidad en el Perú?
Vamos a tratar de responder estas interrogantes. Si existe una gobernabilidad democrática, entonces existe una gobernabilidad autoritaria.(1) Otros factores que no tienen que ver con los poderes formales se constituyen en los sostenedores de lo establecido. Este estado de cosas puede llevarnos a caracterizar a una sociedad como democrática y gobernable, aunque en realidad lo que haya sea una situación política que no cae, un Estado sin contrapesos, que no se desborda. México ha vivido 70 años en una gobernabilidad autoritaria durante la «dictadura perfecta» del PRI y es justamente México el espejo en el que deberíamos comenzar a mirarnos.
Lo que hubo y hay en México (y en diferentes magnitudes en otros países latinoamericanos) es una gobernabilidad construida por grandes intereses económicos y políticos y no corresponde a un equilibrio de poderes entre el Estado y los demandantes sectores de la sociedad. Lo particular del caso mexicano, es que el narcotráfico y la corrupción actúan con mucha fuerza en esta construcción. La ejecución de los normalistas de Ayotzinapa, por órdenes de una autoridad local, fuertemente ligada al tráfico ilícito de drogas, demuestra que el narcotráfico ya no actúa desde la clandestinidad.
Citemos a los poderes fácticos legales: la iglesia, los medios de comunicación, el gran empresariado transnacional y nacional. Para efectos del presente artículo, obviaremos mencionar a los gremios laborales de los que nos ocuparemos en otro momento. Citemos también a los poderes fácticos ilegales: la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción, como las fuerzas con más capacidad de presión. Este artículo va a analizar la presencia del narcotráfico y la corrupción como poderes de hecho que actúan desde la ilegalidad, con gran presión sobre la administración de la cosa pública, es decir, que se abren caminos y mimetizan con los poderes formales y podrían jugar a favor o en contra de la gobernabilidad.
El Congreso de la República del Perú, ha conformado una comisión que se encargará de investigar los nexos del narcotráfico con los partidos políticos.(2) Esta Comisión tendrá 180 días para desarrollar su trabajo. Las denuncias contra José León (Perú Posible) y Kenyi Fujimori (Fuerza Popular) han obligado a este Poder del Estado a hacerse un autoexamen. Ya algún especialista ha dicho que los congresistas relacionados con el narcotráfico serían 14.
El último proceso electoral municipal nacional da cuenta que 124 candidatos a alcaldes y presidentes regionales que «han sido o se encuentran sometidos a investigación, tienen procesos judiciales, impedimento de salida del país, conmutación de pena, se encuentran requisitoriados o sentenciados por tráfico ilícito de drogas y 2,131 candidatos en algún momento han cumplido condena por la comisión de actos ilícitos».(3) Esto es un escándalo. Nos falta saber cuántos de estos han logrado ser elegidos.
Las condiciones están dadas para que esto siga ocurriendo. La Ley General de Elecciones y la propia Ley de Partidos Políticos, ejercen control cero de los dineros que ingresan a las campañas políticas. ¿Cuánto dinero del narcotráfico se ha «lavado» durante la campaña en el último proceso electoral municipal y regional?
La violencia del último proceso electoral municipal en el Perú, nos ha dejado claro que el país está cambiando y que los tiempos violentos han vuelto, pero esta vez tiene como actores a la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción con fuertes interdependencias entre sí y un cada vez más notorio engranaje internacional.
Lo más grave, es que hemos permitido que las campañas políticas se hayan convertido en inaccesibles para el ciudadano independiente del poder económico. En el congreso peruano se hablaba de una bancada Yanacocha, transversal a varias agrupaciones políticas cuyas campañas, habrían corrido por cuenta de esta empresa minera. Valga el ejemplo para graficar lo señalado líneas arriba.
Entonces, la clase política se convierte en una suerte de casta de millonarios (con escasas excepciones) y esto abona en la deslegitimación de su representatividad y de la democracia.
Habría que poner un límite al dinero que se utiliza para las campañas políticas. La legislación nacional fija topes para las donaciones de personas jurídicas y privadas hacia los partidos políticos, pero siempre hay maneras de evadir estas exigencias. Si se pusiera un tope al gasto que hacen los partidos políticos en sus campañas, algo podríamos haber avanzado en el control del dinero que ingresa a los procesos electorales.
El JNE recibe de los partidos políticos las proyecciones de sus gastos de campaña y, luego de ellas, rendiciones de cuentas, pero no existen mecanismos legales que obliguen a los partidos políticos a cumplir esta norma.(4) ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? Los topes a los gastos a las campañas, pasan también por hacer públicos los costos de los espacios publicitarios por parte de los medios de comunicación, así como los contratos de publicidad, que deben coincidir con la pauta publicitaria de cada medio. Hay formas de ejercer control, lo importante es atreverse a hacerlo.
Las campañas políticas no tienen por qué ser millonarias. Debe privilegiarse el debate en los medios de comunicación y desarrollar procesos electorales, más equitativos y transparentes.
Si los poderes formales y no formales legales del país, se siguen beneficiando impunemente de este estado de cosas, estaremos como, otras naciones latinoamericanas, camino a convertirnos en un Estado fallido, con una gobernabilidad producto de la conjunción de intereses privados legales e ilegales, más que del equilibrio político, social y económico entre el Estado y los ciudadanos.
Notas
[1] http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Libro_Ley_Televisa2009.pdf
[2] http://peru21.pe/politica/congreso-crea-comision-investigar-nexos-narcotrafico-partidos-2200833
[3] http://www.rpp.com.pe/2014-08-12-ministro-urresti-entrego-lista-de-124-candidatos-con-nexos-de-narcotrafico-noticia_715757.html
[4] https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/Financiamiento_partidos_s.pdf
Yorka Gamarra Boluarte es abogada, periodista. Directora del Observatorio de la Corrupción.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.