Tanto en el ámbito político como en el seno de la opinión pública, Polonia mantiene una posición ambivalente ante la Unión Europea (UE). Frente al discurso proeuropeísta mantenido por el anterior gabinete, los partidos de la derecha que integran la actual coalición gubernamental han expresado sistemáticamente reservas sobre el proyecto europeo. Sus reticencias se centran […]
Tanto en el ámbito político como en el seno de la opinión pública, Polonia mantiene una posición ambivalente ante la Unión Europea (UE). Frente al discurso proeuropeísta mantenido por el anterior gabinete, los partidos de la derecha que integran la actual coalición gubernamental han expresado sistemáticamente reservas sobre el proyecto europeo. Sus reticencias se centran ahora en el texto constitucional, cuya viabilidad continúa en entredicho tras el fiasco de los referéndum en Francia y los Países Bajos.
En esas fechas gobernaba en Polonia la ex-comunista Unión de Izquierda Democrática (UID). Pero los escándalos, resultado de numerosas tramas de corrupción, habían hecho descender su popularidad a un nivel tan bajo, que la principal aspiración de este partido ante las elecciones legislativas de octubre de 2005 era no desaparecer como grupo parlamentario. El ingreso de Polonia en la UE en mayo de 2004, que a priori era considerado como el gran logro de la UID, no sirvió para cambiar su tendencia a la baja. Es más, el entonces primer ministro, Leszek Miller, cuya dimisión había sido solicitada desde principios de su legislatura, acabó por comprometerse a dejar el cargo un día después de la entrada de su país en la Unión. Su sucesor, Marek Belka, no logró recuperar la confianza de los votantes ni hacer crecer la adhesión de los ciudadanos polacos a la Unión. Además, sus planes para hacer coincidir el referéndum sobre la Constitución Europea con la elección presidencial de diciembre de 2005 fueron cancelados.
El triunfo de la derecha radical
La formación Ley y Justicia (LJ) ganó por un estrecho margen las legislativas de 2005 y consiguió que su candidato fuera el más votado en la segunda vuelta de las presidenciales. A pesar de ello, la LJ tuvo que formar gobierno en minoría (156 de los 460 escaños parlamentarios). Las negociaciones para formar gabinete con el segundo partido más votado, la Plataforma Cívica (PC), centrista y laico, fracasaron. A partir de ahí, la derecha católica y defensora de los valores familiares y patrióticos que representa la LJ comenzó a buscar aliados entre los partidos de la derecha más radical. Así, formó coalición de gobierno con los nacionalistas ultracatólicos de la Liga de Familias Polacas (LFP) y la Samoobrona, formación campesina de corte populista. Ambos partidos se caracterizan además por su posición abiertamente antieuropeísta.
Los líderes tanto de la LFP como de Samoobrona son dos personajes controvertidos. El primero, Roman Giertych, acusado de antisemitismo y homofobia por parte de sus detractores, encabeza los sectores más conservadores, manteniendo una posición beligerante contra el aborto y la eutanasia. Su partido está vinculado a la emisora católica Radio Marja, cuyo carácter xenófobo y chauvinista ha sido reprobado por el propio Vaticano. A cambio del apoyo al nuevo gobierno, Gyertych ha obtenido el cargo de ministro de Educación. Mientras, Andrzej Lepper, dirigente de Samoobrona, se ha convertido en el nuevo ministro de Agricultura. Desde los comienzos de su carrera política en 1992, Lepper ha organizado numerosas protestas, algunas violentas, para denunciar la situación de los agricultores polacos. El ser condenado a 15 meses de prisión por difamar a dos ministros en 2001 no le ha impedido asumir su cartera ministerial.
Cabe preguntarse por qué la LJ ha optado por aliarse con estos partidos, considerados extremistas por una parte de los electores. La razón más evidente es el fracaso de los intentos anteriores, pero a su vez es resultado de las dificultades de los partidos polacos para llegar a soluciones conjuntas. La máxima del «todo o nada» hace difícil la negociación. Esta falta de cultura democrática ha dado lugar a continuos conflictos, que han acabado en una falta de credibilidad de los poderes públicos y en la apatía de más de la mitad del electorado.
Posición de los partidos
Ésta es la posición de los partidos que gobiernan hoy Polonia frente a la UE y, en concreto, frente a la Constitución Europea.
La formación LJ no está dispuesta a la cesión de soberanía nacional en determinadas materias. Como defensora de los valores patrióticos, cree que la Constitución Europea no hace sino ahondar en este conflicto y piensa que debe limitarse el ámbito de la llamada Cooperación Reforzada. La LFP rechaza la Constitución Europea y denuncia que el gobierno adoptara la misma en contra, según este partido, de la mayor parte de la opinión pública. Además ha sido muy crítica con el Tratado de Adhesión (que define las condiciones del ingreso de Polonia en la Unión), denunciando que contraviene la Constitución polaca. Por ello, llegó a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional que en mayo de 2005 emitió un veredicto por el que negaba la inconstitucionalidad del Tratado. Samoobrona ha seguido esa línea, con un rechazo frontal de la Constitución Europea precedido de críticas al mismo Tratado de Adhesión.
Principales reservas ante la Constitución Europea
Incluso antes de convertirse de manera oficial en miembro de la Unión, Polonia ya se pronunció en desacuerdo con los siguientes aspectos de la Constitución Europea:
La redacción del preámbulo, que no reconoce de manera suficiente la importancia de la tradición cristiana en la historia europea y su influencia en la evolución de Europa hacia la unidad. Se trata de una aspiración no sólo de los partidos de la derecha, sino también del anterior gabinete, integrado por la antigua formación comunista.
El nuevo procedimiento de toma de decisiones en el Consejo. La ponderación de votos establecida en el Tratado de Niza favorecía a Polonia (y España), colocando el número de sus votos en este órgano en 27 (cerca de los 29 de los socios con más población: Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia). Las tensiones entre los países pequeños y grandes a la hora de abordar las nuevas pautas del voto por mayoría cualificada no favorecieron a Polonia (ni a España). El nuevo mecanismo se basa en la doble mayoría, de modo que se precisa el voto del 55 por ciento de los miembros, los cuales deben reunir al menos el 65 por ciento de la población. Polonia pedía que este segundo porcentaje fuera mayor para reducir el margen de actuación de los Estados más pequeños (la mayoría de los nuevos socios). También estaba en desacuerdo con la minoría de bloqueo, fijada en un mínimo de cuatro países, que representen más del 35 por ciento de la población. Amenazó con no aprobar la Constitución si no se buscaba una alternativa a este principio general. De modo que se adoptó el llamado Compromiso de Ioannina, por el que si un grupo de países que rechaza un acuerdo suma tres cuartas partes de la minoría de bloqueo, por la vía de la población o por la del número de estados, el Consejo hará todo lo posible por conseguir un arreglo antes de votar.
Por último, Polonia ha visto caer el número de sus representantes en el Parlamento. La reducción de los mismos de 64 a 50 se acordó en las negociaciones previas a Niza a cambio del aumento de votos en el Consejo. Pero dado que esta ventaja queda neutralizada por las novedades en la toma de decisiones introducidas por la Constitución, se ha sentido perjudicada. Al igual que España, espera recuperar una parte de los 14 eurodiputados perdidos.
Indiferencia de la opinión pública
La vuelta de Polonia a Europa era una de las grandes aspiraciones de este país cuando comenzó su complejo proceso de reformas en 1989. Su ingreso en la Unión sólo 15 años después puede considerarse, en teoría, un éxito. Pero tal logro parece quedar bastante lejos del día a día de los ciudadanos. Según el último Eurobarómetro, los polacos se confiesan poco informados sobre la UE y, en concreto, en lo que tiene que ver con la nueva Constitución. El entusiasmo europeísta promovido por la UID se ha reducido considerablemente tras la salida de este partido del gobierno. Además, los malos resultados registrados en los referéndum de Francia y Holanda han creado un clima de incertidumbre, hasta el punto de que la consulta popular prevista en Polonia para finales de 2005 se ha aplazado sine die. Y dada la actual coyuntura política, en la que los partidos antieuropeos controlan el gobierno, los resultados de dicho referéndum pueden ser bastante imprevisibles.
Mercedes Herrero de la Fuente es doctora en Relaciones Internacionales y profesora de Periodismo Internacional en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Este artículo ha sido publicado en el nº 23 de la revista Pueblos, septiembre de 2006.