Ecologistas en Acción, junto a decenas de organizaciones europeas, manifiestan su profunda preocupación por la creciente influencia que están alcanzando los grupos de presión de la industria en la toma de decisiones en las instituciones comunitarias. En la actualidad más de 15.000 personas trabajan en grupos de presión alrededor de Bruselas, representando en su gran […]
Ecologistas en Acción, junto a decenas de organizaciones europeas, manifiestan su profunda preocupación por la creciente influencia que están alcanzando los grupos de presión de la industria en la toma de decisiones en las instituciones comunitarias.
En la actualidad más de 15.000 personas trabajan en grupos de presión alrededor de Bruselas, representando en su gran mayoría intereses empresariales. A pesar de esta situación, no existen verdaderos códigos éticos y normas sobre transparencia que regulen la actividad de lobby.
La Comisión Europea ha convertido en algo habitual el acceso privilegiado que disfrutan los intereses corporativos. Esta enorme influencia supone un grave debilitamiento democrático, al traducirse muy frecuentemente en el aplazamiento, debilitamiento o bloqueo de iniciativas urgentemente necesarias para avanzar en las políticas sociales, ambientales y de protección del consumidor de la UE. Ejemplos de esto hay muchos, pero probablemente uno de los más señalados es el de la directiva REACH sobre control de productos químicos.
Un primer paso para poner freno a estos problemas requiere que la Comisión ponga en marcha acciones concretas dirigidas a incrementar la transparencia alrededor del lobby, y que aseguren que los intereses empresariales no gozan de acceso e influencia privilegiadas en la toma de decisiones comunitaria.
Valoramos positivamente la «Iniciativa Europea por la Transparencia» (ETI), anunciada en Marzo de 2005 por el Comisario europeo Siim Kallas, en particular por su objetivo de solucionar la actual carencia tanto en normativa de obligado cumplimiento, como en la obligación de que los grupos de presión informen de sus actividades. En todo caso consideramos que sólo es un primer paso todavía insuficiente. Se necesita urgentemente un sistema obligatorio que garantice el acceso público a la información relativa al lobby ejercido, y que posibilite el escrutinio democrático de las diferentes aportaciones a los procesos de toma de decisiones.
Las organizaciones agrupadas entorno a la alianza ALTER-UE exigen los siguientes puntos, que también suscribe Ecologistas en Acción:
1. Legislación sobre divulgación de la información relativa al lobby en la EU, que debe incluir:
Un sistema obligatorio de registro electrónico y divulgación de información para todos los profesionales de lobby. Los informes deben estar disponibles en una base de datos on-line que permita su búsqueda, clasificación y descarga.
Reglas éticas de obligado cumplimiento para dichos profesionales (que por ejemplo prohíban emplear funcionarios de las instituciones o sus parientes para actividades de lobby).
2. Un Código de Conducta mejorado para los altos funcionarios de la Comisión Europea, que incluya:
La grabación de las reuniones formales e informales entre estos funcionarios y representantes de los grupos de presión, así como el registro de correspondencia que se produzca entre ambos (para su puesta a disposición en una base de datos on-line completamente pública).
La imposibilidad de que Comisarios y altos funcionarios puedan trabajar para grupos de presión o lobbying advisory firms antes de que haya transcurrido un periodo mínimo de tiempo desde su salida de la Comisión.
La Comisión Europea debería promover el desarrollo de reglas similares entre las demás instituciones comunitarias, especialmente el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
3. La Comisión debe poner fin a los casos de acceso privilegiado e influencia desproporcionada disfrutada por grupos de presión de la industria, como por ejemplo:
Grupos de trabajo colectivos en los que los intereses de la industria están representados, pero no así ONGs de interés público. Este es el caso de Cars 21, integrado por altos funcionarios de la Comisión,junto a directivos y representantes de grupos de presión de la industria automovilística, pero sin presencia de ninguna ONG ambientalista.
El estatus privilegiado concedido a federacionses empresariales, como el Foro Europeo de Servicios o el Trans-Atlantic Business Dialogue.
Los anteriores constituyen requisitos mínimos para que la «Iniciativa Europea por la Transparencia» pueda conseguir un avance democrático significativo . Determinados intereses creados están defendiendo continuar con el secretismo y el acceso privilegiado, al abogar por la «autoregulación», los códigos voluntarios de conducta y otras pseudo-soluciones que no consiguen ningún avance en el examen democrático del papel de los grupos de presión en la toma de decisiones en la EU. La inclusión de estas propuestas en lugar de normas éticas y de divulgación obligatorias socavaría profundamente la «Iniciativa Europea por la Transparencia».