Se han cumplido 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el instrumento normativo internacional más avanzado respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; que sin embargo aún no garantiza la obligatoriedad en su cumplimiento por parte de los Estados; siendo necesario para ello adoptar un Convenio […]
Se han cumplido 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el instrumento normativo internacional más avanzado respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; que sin embargo aún no garantiza la obligatoriedad en su cumplimiento por parte de los Estados; siendo necesario para ello adoptar un Convenio internacional que pueda proteger de manera efectiva a las poblaciones indígenas.
Mientras eso suceda estos diez últimos años han sido también un espacio de vulneraciones sistemáticas a los derechos de las poblaciones indígenas en nuestro país; que van desde los constantes conflictos territoriales por imponer alguna actividad extractiva, productiva o de infraestructura en tierras de comunidades; pasando por reformas legales sin participación que nos han llevado a conflictos como el de Bagua y llegando a nuestros días con impactos considerables a la salud por exposición de metales en pobladores de comunidades indígenas, siendo el caso de Cuninico en la amazonia o Espinar en los andes.
Pero ¿quiénes son los pueblos indígenas en el Perú y qué representan? Una de las respuestas nos puede llevar al 22 de octubre, fecha en que se realizará el censo nacional donde por primera vez se incluirá la pregunta de autoidentificación étnica, una primera iniciativa del Estado en que debemos ser muy cautos con los resultados; más aún en medio del racismo con el que convivimos. Pero más allá del número que en octubre muestre el censo, podemos decir también que existen 55 pueblos organizados con más de diez mil comunidades campesinas y nativas, propietarios y poseedores de cerca de la mitad de los 128 millones de hectáreas que posee nuestro país o mencionar que el 47% de los más de 73 millones hectáreas de bosques estarían en territorios de las comunidades nativas y ribereñas en nuestra amazonia [1].
De esas más de diez mil comunidades aún falta por reconocer sus derechos de propiedad colectiva cerca de tres mil comunidades; pero además de las comunidades con título, más de la mitad no cuenta con una demarcación y georreferenciación de su territorio. Contar con esta información no ha sido o es de muy poco interés del Estado, puesto que al día de hoy no se cuenta con información oficial actualizada; a pesar del esfuerzo del Ministerio de Cultura a través de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, que busca un reconocimiento más cultural que territorial de los pueblos indígenas; un ejemplo de ello es que aproximadamente 3 300 comunidades campesinas no figuran en la mencionada base. Eso significa en la práctica, que si hoy no estás dentro de esa base de datos, simplemente no se aplican derechos colectivos. Derechos como la consulta previa, libre e informada, donde ha habido una resistencia por parte del Estado, presionado por los gremios empresariales, de no consultar proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas.
Y es que cuando hablamos de tierra y territorio de comunidades campesinas o nativas, inevitablemente nos encontramos con intereses de proyectos de inversión sobre esas mismas tierras. Al carecer el Estado de información de comunidades y un catastro comunal, la superposición de derechos sobre territorios de comunidades se ha incrementado, esta situación se generaliza para el resto de las tierras rurales. Para «resolver» dicho desorden territorial los últimos gobiernos han emprendido cambios legislativos que darían cuenta de una «contrareforma agraria» con la finalidad de acceder por vía rápida a las tierras que sean necesarias para proyectos de inversión, cambios en las reglas de juego que si bien empezaron en los noventa, estos últimos cuatro años se han agudizado, perfilando una política clara por continuar reformas inconclusas; que coincide con la desaceleración económica por la caída de los precios de las materias primas que exportamos.
Desde el 2013 se han promovido a través de decretos supremos, leyes o decretos legislativos modificaciones profundas en los procedimientos, plazos, procesos y toda interferencia que pueda obstaculizar el acceso a la tierra para proyectos de inversión; los que han sido identificados como «paquetazos antiindígenas y ambientales», las modificaciones llegan al extremo de flexibilizar procesos o procedimientos reiteradas veces. El problema no solo estaría en la flexibilización del proceso, sino en que únicamente se haga para tierras que sean de necesidad de un proyecto de inversión u obra de infraestructura.
Varios de estos paquetes normativos se articulan a través de un reciente proyecto presentado por el actual gobierno que crea una nueva institución: Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados- APIP, a cargo de PROINVERSIÓN, que sin experiencia alguna en esta materia, ahora sería la encargada de delimitar un predio, sanearlo, dirigir un proceso de adquisición rápida y si es necesario expropiar el predio, pasando por encima de las competencias del Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales, SUNARP y toda institución estatal designada para la formalización de la propiedad. Un auténtico atropello a la seguridad jurídica, no solo de las comunidades indígenas sino de todas y todos los propietarios de este país.
Nota:
[1] Cifras de acuerdo al Mapa Tierras Comunales y Áreas Naturales Protegidas del Instituto del Bien Común. <
Luis Hallazi, es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.
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