Estas últimas semanas ha habido mucho debate sobre las políticas europeas de inmigración. Alfredo Pérez Rubalcaba declaraba hace poco: «Si somos laxos con la inmigración ilegal, la avalancha no hay quien la pare». Mientras ciertos dirigentes del PSOE como María Teresa Fernández de la Vegadecían que la legislación española no iba a ser modificada en relación a […]
Estas últimas semanas ha habido mucho debate sobre las políticas europeas de inmigración.
Alfredo Pérez Rubalcaba declaraba hace poco: «Si somos laxos con la inmigración ilegal, la avalancha no hay quien la pare». Mientras ciertos dirigentes del PSOE como María Teresa Fernández de la Vegadecían que la legislación española no iba a ser modificada en relación a la posibilidad de aprobación de la Directiva Retorno, otros afirmaban lo contrario. Habrá que dejar de especular y opinar sobre la política del PSOE según lo que hagan y no lo que digan.
Incluso Rubalcaba llegó a defender el apoyo de España a la nueva directiva asegurando que, de aprobarse la propuesta, «no habrá un recorte de los derechos de los inmigrantes» sino que permitirá «superar obstáculos en el procedimiento». Según las autoridades españolas, los 40 días de detención son insuficientes, en muchos casos, para averiguar el país de destino.
Lo cierto es que el programa electoral del PSOE está lleno de ambigüedades en materia migratoria, por un lado proponen la ratificación de la Convención Internacional de Derechos para Trabajadores Inmigrantes y sus Familias y por otro armonizar la legislación española con la europea, lo que implica una modificación de los 40 días de detención antes de la expulsión hasta llegar a los 6 meses que es el máximo propuesto por la Comisión. En ese sentido una posible lectura de la armonización es aumentar el tiempo de detención de inmigrantes: de 40 días a 6 meses . El único objetivo es mandar un mensaje claro para parar la supuesta invasión. Que es la línea mayoritaria en Europa en estos tiempos de crisis.
Actualmente un total de 9 países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes. Algunos de ellos se ponen a recortar la potestad de los estados frente a la Directiva comunitaria.
Hay aspectos que se suelen obviar cuando se habla de este tema como por ejemplo que las condiciones en los centros de detención temporal de inmigrantes son muy similares a las que imperan en las prisiones, y a veces incluso peores.
Varias ONG, agencias internacionales, delegaciones parlamentarias y algunos periodistas han denunciado, después de haberlos visitado, su deshumanización y su degradación, ya que se violan con frecuencia los derechos humanos y las libertades fundamentales de los inmigrantes que son víctimas de violencia.
Existe incluso un informe del Parlamento Europeo que lo dice explícitamente, pero es un informe más de los que acabarán en las estanterías de los defensores de los derechos humanos mientras la legislación avanza en pos de la lucha contra la clandestinidad.
La detención administrativa planteada que se debate estos días es jurídicamente absurda, impone sanciones penales (detención) por delitos administrativos , como la entrada irregular en el territorio nacional o la simple expiración de visados y permisos de estancia. Para «solucionar» el problema, el nuevo gobierno italiano propone convertir dicha infracción en delito.
Pero hay más incongruencias. Dado que la «detención administrativa temporal» puede ser extendida a seis meses, ya no se puede seguir calificando de «temporal». Este instrumento, además de no permitir mantener bajo control la inmigración ilegal es ineficaz para la identificación de inmigrantes.
La Unión Europea en sus textos no vincula la inmigración «ilegal» con el mercado negro ni se abren canales de migración legal. Lo que es pura hipocresía. Es más importante una política de expulsión que de entrada, ya que es lo que conviene a los empresarios que son la verdadera fuerza motriz de esta unión.
Otro de los aspectos más polémicos de la Directiva de Retorno, además de la limitación a seis meses (a los que se pueden añadir otros 12 en casos excepcionales) del tiempo máximo de retención de los sin papeles, es la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años.
Se condena a los niños , sin tener en cuenta su temprana edad y se crea un grupo social que estará dispuesto a todo por no volver a sus países de origen, ya que la guerra y la pobreza les espera.
Esta Directiva ayuda a crear reservas de clandestinos. Esclavos del siglo XXI ideales para bajar los costes en períodos de crisis. Nadie puede decir que la Unión fomenta la existencia de dichos grupos, pero si hay que quitarse el sombrero ante los creadores de tal ingeniería social. Estos doctores Morreau no deben haber leído a HG Wells y no saben que al final los monstruos creados se acaban levantado y matando a los Montgomery de este mundo