El 28 de abril se cumplen cuarenta años del asesinato político de Carlos Muñiz Varela por parte de elementos de la extrema derecha cubana en Puerto Rico como consecuencia de sus gestiones para viabilizar los viajes de cubanos a Cuba, la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y la Isla, y de sus […]
El 28 de abril se cumplen cuarenta años del asesinato político de Carlos Muñiz Varela por parte de elementos de la extrema derecha cubana en Puerto Rico como consecuencia de sus gestiones para viabilizar los viajes de cubanos a Cuba, la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y la Isla, y de sus posturas afines a la independencia de Puerto Rico y al proyecto social y político que se desarrollaba en su país de origen, Cuba.
Pero también se cumplen cuarenta años de carencia de justicia por parte del gobierno de Puerto Rico -que argumenta no tener evidencia suficiente para procesar a los seis culpables que aún viven-, y del gobierno federal, que a cuentagotas ha ido revelando información importante que obra en su poder, además de documentos desclasificados por vía de familiares y compañeros de Carlos a través del FOIA (Acta de Libertad de Información).
Lo que sabemos y podemos compartir con nuestros lectores a cuarenta años del asesinato de Carlos Muñiz Varela:
Sería el semanario La Crónica el que iniciaría las amenazas y ataques a Carlos. Solo para citar cuatro de ellos:
- En la columna anónima de «Who’s Mac» se afirmaba el 28 de septiembre de 1978: «El tiempo les tiene reservado a estos cobardes su momento. Todo es cuestión de esperar y ver. No creo equivocarme que ellos pagarán por lo que han hecho».
- En su edición del 19 de octubre, «Mac» afirmaba: «Nuestras fuentes de inteligencia nos informan de la formación de un grupito que visitará Cuba comunista. Dicho grupito está formado y organizado por uno de los nenes comunistas de Areíto. Sabemos su nombre, pero solo diremos que es de apellido Muñiz. El Sr. Muñiz ha hecho innumerables viajes a Cuba comunista con el grupo de Areíto y con su hermanito del alma, Raúl Álzaga».
- En la edición del 31 de octubre incrementaban sus amenazas cuando todavía no se habían realizado las primeras reuniones del Diálogo entre el gobierno cubano y cubanos residentes en el exterior en el mes de noviembre. La columna de Mac amenazaba a los posibles viajeros al decir que «se nos ocurre pensar que cualquier grupo de acción anticomunista podría convertir ‘un viajecito de placer en un tormento'».
- El 14 de noviembre La Crónica publicaba en portada una entrevista con un encapuchado. El titular decía: «No permitiremos que el Diálogo avance, afirma Z, jefe militar comando Omega-7: Dinamita único idioma con el que vamos a dialogar». El 4 de enero de 1979 explotaba la primera bomba de tres que serían colocadas en la Agencia de Viajes Varadero.
El 24 de enero de 1979, el Senado de Puerto Rico, por iniciativa de su portavoz, Nicolás Noguera Cartagena, aprobaba por unanimidad una resolución condenando el Diálogo y los viajes a Cuba, algo que en la figura de Carlos Muñiz se desarrollaba con mucha fuerza dentro de la comunidad cubana de Puerto Rico. En cierta forma el estamento político del país daba luz verde para que los terroristas cubanos actuaran impunemente.
Mientras tanto el floristero Julio Labatud Escarra, quien había cultivado una amistad cercana desde 1972 con el entonces oficial del CIC (Cuerpo de Investigación Criminal) Alejo Maldonado Medina, le ofrecía la cantidad de 25 000 dólares para eliminar -«tocar»- a Carlos Muñiz, haciendo extensivo el ofrecimiento al supervisor de la División de Homicidios, Luis Ramos Grateroles, quien con sus subalternos serían los primeros en llegar a la escena del crimen el 28 de abril.
Para agosto de 1984, el entonces acusado y luego convicto, Ernesto Abraham Arzola Martínez, confesaba al FBI que dos meses antes del asesinato de Carlos él se encontraba en el restaurante Metropol compartiendo con Julio Labatud y el senador Nicolás Noguera, y estos comentaron sobre el fallido atentado contra Carlos Muñiz, asegurando que en la próxima ocasión no fallarían. Abraham Arzola es hermano del policía Gil Arzola, ambos miembros de la ganga del entonces coronel Alejo Maldonado Medina.
El 2 de abril el agente de la División de Inteligencia, el exagente encubierto Alejandro González Malavé, quien llevara a la muerte a dos jóvenes independentistas (Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví) en el Cerro Maravilla, el 25 de julio de 1978, escribía un memorando al jefe de la División de Inteligencia, comandante Ángel Luis Pérez Casilla, donde, luego de visitar Viajes Varadero, le solicitaba, y cito: «Recomiendo se investigue más a fondo sobre esta agencia y su posible vinculación con movimientos subversivos». El 24 de abril, a cuatro días del atentado a Carlos, el agente de la DIPPR Aníbal Maldonado iniciaba una investigación contra Viajes Varadero y Carlos Muñiz Varela, la cual concluiría el 1 de mayo, día en que realizábamos los actos fúnebres en el cementerio. Lo interesante de esto no es solo la participación de Alejandro González Malavé sino, por declaración jurada, del propio agente Maldonado. Este utilizó a Julio Labatud Escarra para que lo guiara en la investigación, facilitándole el contacto con Gloria Gil Castillo, directora del semanario La Crónica, además de no mencionarlo en el informe que preparó.
Muy recientemente se confirmó, por vía del testimonio de un cliente que salía de Viajes Varadero luego de conversar con Carlos, que en la tarde del 27 de abril observó un carro estacionado en la acera de enfrente. Le llamó la atención la presencia de tres individuos dentro del carro y dos, uno alto, ya cerca de la puerta de la agencia, con cara de pocos amigos. Por haber bregado con él en el pasado reconoció a Julio Labatud como uno de los pasajeros. Esto abre la interrogante de si ese era el día seleccionado para asesinar a Carlos en el mismo sitio donde trabajaba, y al verse descubiertos por alguien que podía ser testigo, decidieron posponerlo para el día siguiente.
El escenario estaba montado por todas las partes, solo faltaba la ejecución y luego el encubrimiento y protección de los asesinos.
Son varias las irregularidades que comete la policía en la investigación del asesinato de Carlos que llevaron al actual fiscal del caso, Pedro Berríos Lara, a afirmar que «la escena del crimen fue manipulada con el propósito de encubrir a los responsables del delito».
La primera irregularidad que comete la policía en la escena del crimen es la entrega del carro de Carlos a los familiares, por el agente de Homicidios, Rupertino Aponte Canales, quien, según revelaron investigaciones posteriores, era amigo de Julio Labatud. El superior de Aponte era nada menos que Luis Ramos Grateroles, el mismo que había recibido, junto a Alejo Maldonado, la oferta de los 25 000 dólares para asesinar a Carlos. Ramos se percató del «error» cometido por su subalterno y se presentó en horas de la noche en el Centro Médico para lograr la recuperación del carro, pieza clave para cualquier investigación. No existe ningún informe de Ramos Grateroles donde relate lo sucedido con la entrega y luego la recuperación del carro de Carlos. Se ocultó ese incidente.
Mientras esto ocurría el coronel Alejo Maldonado se encontraba de fin de semana en un apartamento de playa de Isleta Marina, propiedad de Julio Labatud. Quién sabe si estaba esperando para intervenir si algo salía mal.
Con el tiempo y las sucesivas investigaciones realizadas a partir de 1988 se ha podido determinar que no hay informe de balística. No existió hasta 2006 una certificación de la autopsia de Carlos ni un sumario fiscal y/o expediente hasta prácticamente 2016. Había papeles y expedientes que aparecían y desaparecían con el tiempo.
El carro, un Cutlass Supreme verde que apareció el 1 de mayo en el área de Vacía Talega en Piñones con dos casquillos compatibles con los recogidos en la escena del crimen, fue identificado por la policía como el carro utilizado por los asesinos para dar muerte a Carlos. En posteriores investigaciones se determinó que ese era un carro de apoyo y que el «carro homicida» era otro modelo. Los investigadores de la policía asignados montaban una investigación oficial y por otro lado se encubría y dirigía la investigación para darles protección a los asesinos.
Días después del asesinato, el agente Emeterio Ortiz entregaba a la viuda Pilar Pérez y a Ricardo Fraga las pertenencias de Carlos, incluyendo tres plomos debidamente identificados y recogidos en la escena. Tal parecía que regalaban un «souvenir» del crimen. Raúl Álzaga alarmado por ese hecho se comunicó con el agente del FBI, Naval Ortiz, y le entregó los plomos.
Las entrevistas que la policía hizo a los testigos en la escena del crimen arrojaron informaciones distintas a las obtenidas por los fiscales en años posteriores. Uno de los ejemplos es el modelo de carro observado por los testigos que, en los informes iniciales, confirmaban la presencia del Cutlass Supreme verde, cuando en realidad era otro. Nunca se logró encontrar al carro homicida.
El boceto de uno de los pasajeros del hoy establecido carro de apoyo que se levantó en los primeros días por el agente encargado de la investigación, Enrique Ojeda Sánchez, desapareció. Fue reencontrado por la fiscal Sarimar Andreu en 2006, cuando se les ocurrió, junto al agente Edwin Torres, entrevistar a la persona que hace los bocetos en la policía, con tan buena suerte que el hombre guardaba todos los bocetos realizados por él. Pero el que estaba en el expediente original nunca apareció.
Durante los seis años siguientes no se movió un dedo para investigar el caso de Carlos. Eran los años de Miguel Jiménez Muñoz como secretario de Justicia, Pedro Colton Fontan como jefe de Fiscales y Ángel Figueroa Vivas como director del NIE (Negociado de Investigaciones Especiales), ambos desaforados por el Tribunal Supremo por su participación en el encubrimiento de los asesinatos del Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978, nueve meses antes del asesinato de Carlos. Realmente no había posibilidades de esclarecer nada. El encubrimiento por parte del Estado se disfrazaba de falta de profesionalismo y negligencia, con la esperanza de que los ratones se comieran lo poquito de evidencia que se había podido recopilar en las primeras semanas de los hechos.
En septiembre de 1982 se produce un hecho inesperado. El coronel Alejo Maldonado es arrestado por el FBI por su participación en el secuestro del hijo de un joyero cubano. Esto destapó la corrupción que imperaba en amplios sectores de la policía, y provocó el arresto y renuncia de varias decenas de agentes policiacos. Lo más llamativo del arresto de Maldonado fue que, de una fianza de 300 000 dólares, el floristero Julio Labatud aparecía aportando 215 000. Esto levantó sospechas del posible vínculo de la policía y del mismo Labatud con el asesinato de Carlos. Efectivamente, algunos de los policías arrestados empezaban a negociar sus testimonios de delitos a cambio de sentencias menores. En ese proceso empezarían a surgir las primeras pistas que nos ayudarían a avanzar en la investigación del caso de Carlos. Nos daban argumentos para exigir una investigación del mismo y debilitaba a la División de Homicidios.
También en ese período se llevó a cabo por la Comisión de lo Jurídico del Senado, controlada por la oposición, la investigación sobre el caso del Cerro Maravilla, que a todas luces parecía el ajusticiamiento de dos jóvenes independentistas por parte de la División de Inteligencia. Después de dos años de investigación y con los testimonios de los propios agentes, se logró determinar que fueron estos los que entramparon a los jóvenes que, luego de ser arrestados, fueron asesinados. Esto provocó una gran conmoción en el país ya que las vistas se trasmitieron en vivo por la televisión, lo cual ayudó a derrumbar prejuicios, abrir los márgenes de democracia en el país y crear las condiciones para que en 1987 fuera desmantelada la División de Inteligencia al descubrirse la existencia de miles de expedientes abiertos a ciudadanos por razones políticas y no delictivas. Otro brazo de la represión se debilitaba por el momento.
Tres investigaciones con resultados positivos se han desarrollado por el Departamento de Justicia sobre el caso de Carlos Muñiz, y una de la Comisión de lo Jurídico del Senado en su segunda etapa que, aunque no relacionada con el caso de Carlos, arrojó importantes evidencias.
La primera fue dirigida por el fiscal Federico Quiñonez Artau entre 1988 y 1992, la cual logró recuperar parte de la evidencia que evidentemente se pretendía desaparecer. Esto se consiguió pese a la poca colaboración del entonces jefe de fiscales, Luis Feliciano Carrera, y se logra que el FBI entregue algunas de las confesiones de los policías corruptos. En 1984 el floristero Julio Labatud le comentaba al aún no convicto, Luis Ramos Grateroles, que él no estaba preocupado por cualquier investigación que contra él realizara el Dpto. de Justicia ya que era amigo de Feliciano.
Paralelamente la Comisión de lo Jurídico del Senado desarrollaba su segunda investigación desde la perspectiva del encubrimiento de los hechos del Cerro Maravilla. El fiscal, Edgardo, Gary, Pérez Viera, logra descubrir para 1992, sin que fuera su objetivo investigativo, la existencia de un grupo de exiliados cubanos que, de acuerdo con los «policías corruptos», se hacían llamar «los Amigos para la Democracia» entre los que se encontraban Julio Labatud Escarra; el dueño de Lámparas Quesada, Waldo Pimentel Amestoy, y el dueño del restaurant Metropol, José, Pepe, Canosa Rodríguez. Los entrevistados indicaban que estas personas tenían participación en el contrato para asesinar a Carlos Muñiz y en actividades de carácter terrorista contra sectores del independentismo.
Durante los próximos ocho años, entre 1992-2000, los secretarios de Justicia, José Fuentes Agustini y Pedro Pierluisi Urrutia, hicieron muy poco, más allá de contestar las cartas que se les escribían. El fiscal Michel Corona Muñoz no fue lo suficientemente exigente a la hora de negociar con el coronel Alejo Maldonado los términos de su sentencia en la esfera local, desaprovechando el testimonio de Maldonado en cuanto al caso de Carlos. Durante esa década, el fiscal Pedro Goyco Amador logró que el FBI le permitiera entrevistar a Michael Townley, para ese momento con nueva identidad, quien había sido el organizador del asesinato del canciller chileno Orlando Letelier, junto a los cubanos Dionisio Suárez Esquivel y Virgilio Paz Romero en septiembre de 1976. La entrevista no produjo resultados en cuanto al caso de Carlos. Lo único importante que ocurrió en esa década fueron las gestiones hechas por el fiscal Ramón L. Torres, a finales de 1999, cuando redactó un inventario de las evidencias que sobre el caso de Carlos se encontraban en el Dpto. de Justicia. Las evidencias se volvieron a «extraviar» allí, hasta que la fiscal Sarimar Andreu Pérez, asignada por el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, entre 2006 y 2008, usó ese inventario como guía para volver a encontrar la «evidencia extraviada».
Esta investigación logró encontrar la copia del primer boceto «extraviado» de uno de los pasajeros del carro de apoyo, se legalizó el protocolo de autopsia, se tomaron declaraciones juradas de testigos y personas cercanas a Carlos y se entrevistó a los principales oficiales policiacos sospechosos de conspiración y encubrimiento, Enrique Ojeda Sánchez, Alejo Maldonado Medina y Luis Ramos Grateroles. Los tres se niegan a reconocer su participación, aunque aportan alguna evidencia. Esta actitud puede que sea porque los dos últimos, Maldonado y Ramos, llegaron a acuerdos de sus sentencias en el foro federal donde, como condición, tenían que confesar todos los delitos cometidos, decir toda la verdad y ahora, reconocer un nuevo delito podría poner en riesgo los acuerdos, implicando la anulación de estos y muy probablemente tener que cumplir toda la sentencia.
A partir de 2008, con el fallecimiento consecutivo (2005-2007) de los tres alegados miembros de los «Amigos para la Democracia», se nos ocurrió solicitar por vía del FOIA (Acta de Libertad de Información) la desclasificación de todo lo que el FBI tuviera sobre estas personas y sobre las organizaciones terroristas como el CORU (Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas), Comando Cero y FLNC (Frente de Liberación Nacional Cubano). Esto permitió conocer más sobre los sospechosos del asesinato de Carlos y sobre el papel jugado por dichas organizaciones terroristas en Puerto Rico.
Estas informaciones obtenidas por la desclasificación de documentos secretos (2010-2014) permitieron determinar el volumen de información que estaba en manos del gobierno federal (FBI). También dieron pie para argumentar ante el Dpto. de Justicia de Puerto Rico la necesidad de iniciar conversaciones con el FBI para que estos contribuyeran a desclasificar las partes tachadas de los documentos, donde aparecían los nombres de algunos de los sospechosos e informantes que narraban dicha información.
El secretario de Justicia, César Miranda Rodríguez, se reuniría con nosotros (Carlos Muñiz Pérez y Raúl Álzaga) el 9 de abril de 2014. Estaba presente toda la plana mayor del Dpto. de Justicia, que incluía al jefe de fiscalía, más los ayudantes especiales de ambos funcionarios. De todos los secretarios con que nos hemos reunido, seis en total, César Miranda fue con el que más encuentros sostuvimos, unas nueve veces entre 2014 y 2016, y con el que desarrollamos una buena relación de trabajo y respeto.
De entrada, se comprometió a nombrar al joven fiscal Pedro Berríos Lara como fiscal a tiempo completo, quien tendría como objetivo montar el sumario fiscal y/o expediente criminal «como Dios manda», además de digitalizar toda la información que se tenía más la que luego se encontraría, de forma que no se volviera a «extraviar». Sería el primer sumario fiscal que se digitaliza en la historia del Dpto. de Justicia de Puerto Rico. Se intentaría a partir de ese momento establecer una relación con el FBI. El único que había logrado alguna relación voluntaria con esta agencia había sido el fiscal Quiñonez Artau, a quien le entregaron algunas de las confesiones (formulario 302) de los policías y joyeros cubanos acusados de corrupción en las décadas de los 70 y los 80, donde resalta la figura de Julio Labatud, el floristero.
La relación entre el secretario César Miranda y el jefe del FBI en San Juan, Carlos Cases y luego Douglas Leff, ayudaron a desclasificar nuevas informaciones que fortalecían las ya encontradas por vía del FOIA en años anteriores, pero se quedaban cortos en cuanto a la identificación de los informantes y la autorización para entrevistar a los agentes del FBI que operaban para la época en Puerto Rico y cuyo testimonio debe ser relevante a la investigación.
A partir de 2017 fue electo un nuevo gobernador, y se levantaron dudas sobre si habría continuidad en la investigación. Gracias a las gestiones del senador Juan Dalmau, del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) y al propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se logró el compromiso de la nominada y luego confirmada secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, de darle continuidad a la investigación, además de mantener a Pedro Berríos Lara como fiscal del caso, algo que para nosotros es fundamental por el conocimiento que este tiene del mismo y la claridad de hacia dónde se tiene que dirigir la investigación.
Dos reuniones se han llevado a cabo con la secretaria, ambas evaluadas como positivas, una el 20 de abril de 2017 y otra el 27 de septiembre de 2018. De la primera no se obtuvieron muchos resultados ya que fue en momentos en que ellos empezaban a tomar control y familiarizarse con el departamento, más el ciclón María, que destruyó literalmente el edificio del Dpto. de Justicia, con todo lo que eso implicó para poder impartir justicia en el país.
En el verano de 2018 y antes de la reunión de septiembre, se logró un compromiso de colaboración entre el Dpto. de Justicia y el FBI para trabajar en conjunto la investigación del asesinato de Carlos, el cual se formalizó por escrito en meses posteriores. Esta sería la primera vez que se logra una colaboración de este tipo, la cual valoramos como positiva. Sin embargo, por lo poco que hemos podido averiguar, se avanza muy lentamente en unos puntos muy específicos que no dejan de ser importantes de cara al futuro, pero parecería que «arrastran los pies».
Por otro lado, en la última reunión del pasado septiembre se sometieron unas 14 recomendaciones de cosas por hacer que a nosotros nos parece factible desarrollar por parte del Dpto. de Justicia. Sin embargo, no se han hecho, ya que tienen al fiscal trabajando a tiempo completo en otros casos. También está la interrogante de qué hará el Dpto. de Justicia y el propio FBI ante la negativa de uno de los principales sospechosos, Reynol Rodríguez González, a ser entrevistado por el fiscal Berríos y haberse acogido por vía de su abogado a la Quinta enmienda, un derecho constitucional que todos podemos ejercer si existe el temor de incriminarnos en algún delito. Sobre este sujeto el FBI tiene un abultado expediente.
En meses recientes se ha logrado encontrar en la página de la Mary Ferrell Foundation documentos desclasificados que a primera vista aparecen bajo el expediente de Antonio Veciana Blanch, pero sin embargo tienen que ver con su lugarteniente y casi hermano, Félix «Tuto» Zabala Mas. Este documento, que tiene más de 150 páginas, incluye entrevistas por el FBI a Zavala en su formato de formulario 302.
Dichos documentos arrojan un gran volumen de información sobre las actividades terroristas en Puerto Rico durante los años de 1977 al 1980, de las que el propio Zavala fue partícipe. Incluyen nombres de terroristas cubanos que operaban en Puerto Rico, muchos de los cuales ya aparecen en documentos desclasificados en años anteriores, colocación de bombas y conspiración para asesinar a Raúl Álzaga junto al banquero Bernardo Benes el mismo día, a finales de junio de 1979. De esa situación ya se tenía alguna información, así como de otra conspiración para septiembre del mismo año en la que Zavala participó en el intento de montarla.
Llama la atención que, en estos documentos, al igual que en los anteriores desclasificados por nosotros, hay un gran volumen de información de actividades terroristas antes y después del asesinato de Carlos, pero sin embargo se produce un gran silencio informativo por los mismos que han estado produciendo la información casi en tiempo real.
Nosotros pensamos que, independientemente de las buenas intenciones del personal actual del FBI, la institución como tal no ha querido o no ha autorizado compartir toda la información que obra en su poder para facilitar en su totalidad el esclarecimiento y encausamiento de los asesinos de Carlos Muñiz Varela. ¿Por qué? ¿Habrán tenido un «asset» metido todo el tiempo dentro del grupo de asesinos y ahora no lo pueden reconocer, con todas las implicaciones que eso tendría?
Nosotros seguiremos trabajando por la desclasificación de más documentos y por lograr que se haga justicia encausando a los asesinos de Carlos, que sabemos viven aún, unos en Miami y otros en San Juan. No descansaremos hasta lograrlo. No quisiéramos llegar a la conclusión de que el FBI pudo haber esclarecido este asesinato y no lo hizo.
Seguiremos pidiendo, seguiremos exigiendo, seguiremos luchando hasta que se haga justicia. No es pedir demasiado.