Las últimas y escalofriantes noticias que circulan en el país dan cuenta del por qué Honduras se ha convertido en el país más violento del planeta con una tasa de homicidios que llegará a fin de año a 86 por cada cien mil habitantes. La media mundial es de 8. Ni siquiera Afganistán, tras una […]
Las últimas y escalofriantes noticias que circulan en el país dan cuenta del por qué Honduras se ha convertido en el país más violento del planeta con una tasa de homicidios que llegará a fin de año a 86 por cada cien mil habitantes. La media mundial es de 8. Ni siquiera Afganistán, tras una intervención armada de varios años tiene semejante índice.
El reciente asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional y un compañero ha «destapado la olla» de los crímenes de la policía y amenaza con ampliar el rosario de delitos en que la institución creada para velar por la seguridad y bienestar de los ciudadanos está involucrada.
Es secreto a voces que los oficiales de la policía gozan de un estándar de vida que no es compatible con sus ingresos. Hasta el mismo ex presidente Carlos Flores, en su columna Pildoritas ha comentado esto. Mencionó en una ocasión de forma sarcástica que un alto oficial de la institución estaba terminando de construir en el exclusivo vecindario Lomas del Guijarro una suntuosa vivienda y que el costo andaba por los 14 millones de Lempiras. El mencionado oficial dijo que era una herencia intentando justificar su propiedad. Esto mas que una excepción es la regla. Se sabe que apenas obtienen grado de oficial, a los policías su vida les cambia drásticamente. Pese a que sus salarios no son la gran cosa, exhiben un nivel de vida muy superior a sus ingresos. Entonces no hay que ser muy inteligente para sospechar que hay otro tipo de entradas. Si además de esto has sufrido en carne propia un asalto descarado por los uniformados, entonces uno puede sacar las conclusiones pertinentes.
Para ir a detalles, el director general de la policía preventiva gana un poco mas de setenta mil lempiras (aproximadamente 3,500 dólares). Este es el salario mas elevado de la institución policial. De ahí para abajo, un Comisionado General gana un poco mas de sesenta mil lempiras (US$ 3,000), un Comisionado gana un poco mas de cuarenta mil (US$ 2,000), un subcomisionado un poquito menos de cuarenta mil (US$1,800) y de ahí para abajo. Entonces la pregunta del millón, es ¿Cómo pueden justificar el nivel de vida del que gozan, los carros que ostentan, las mansiones en que viven?.
En Honduras no es fácil obtener una vivienda. El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), institución creada para ayudar a los asalariados a obtener créditos para comprar vivienda, un terreno y construirla, en el cual el empleado aporta 1% de su salario mensual y el patrono 2% no ofrece muchas posibilidades. Para el caso, el Director General de la Policía Preventiva podría aspirar a que le presten aproximadamente 1.9 millones con el nivel salarial que tiene. Para esto tendrá que pagar durante 20 años una cuota cercana a los veinte mil lempiras. En Honduras, una casa de dos millones no es una mansión, ni mucho menos. La casa en mención de Las Lomas del Guijarro no puede justificarse fácilmente.
Pero como estamos en Honduras, ni el Tribunal Superior de Cuentas (cuentos dice la vox populi), ni la Procuraduría General de la República, ni la Fiscalía contra la corrupción, ni el Consejo Nacional Anticorrupción, ni nadie es capaz de investigar a las instituciones armadas. Un ejemplo es que el presupuesto del ejército nadie lo conoce. Ni siquiera la secretaría de finanzas quienes solo autorizan el monto global y ellos deciden que van a hacer con esa cifra. No son auditados, no son controlados, nadie sabe lo que pasa. La razón es por cuestiones de «seguridad nacional». Ese nivel de discrecionalidad permite hacer cualquier cosa sin consecuencias. En Honduras decimos «en arca abierta hasta el más honesto peca».
Nadie se mete con la policía en Honduras. Han creado un temor creciente y generalizado por su modo delictivo de actuar. Si se decide investigar, la verdadera magnitud de la naturaleza criminal de la institución saldrá a flote. El asesinato brutal de los jóvenes universitarios Rafael y Carlos solo es «la punta del iceberg» de la delincuencia que se ha entronizado en la institución que fue creada para «servir y proteger». Este crimen brutal no sólo ha destapado el nivel delincuencial con que actúan los uniformados, sino que ha mostrado en las comparecencias públicas de su más alta dirección las aberraciones mentales de quienes la dirigen.
En la reciente conferencia de prensa del domingo pasado los altos mandos de la policía y el ministerio de seguridad aceptaron no solo que sabían que cuatro policías eran los responsables del asesinato de los jóvenes universitarios, sino que de forma completamente absurda, aseguraron que estaban actuando con celeridad «por la dignidad de la rectora» y «de la otra familia». Esto es injustificable pues la exagerada tasa de homicidios y la espeluznante impunidad es en buena parte su responsabilidad. Encima de eso, les dieron «pase de salida» a quienes sabían eran responsables de un doble asesinato, permitiendo con esto que se fugaran. ¿Cómo justifican esto? ¿En que mente cabe dejar libres a criminales probados? La única explicación posible es que necesitan cubrir sus propios delitos. Es necesario seguir «la madeja» que llevará al fondo del asunto.
Los altos mandos de la policía están más que claros de las violaciones que sus subalternos han cometido. Para ejemplificar con la Ley de la Policía, aquí abajo mostramos un listado -no exhaustivo- de los artículos violados, no solo por los implicados, sino por las mas altas autoridades:
Artículo 22. En el cumplimiento de sus funciones los miembros de la Policía actuarán de acuerdo con las normas siguientes:
3. Tratar los detenidos de acuerdo con la Ley; ello implica lo siguiente:
c) Cuidar y proteger la salud física y mental de las personas detenidas o sometidas a resguardo y respetar su honor y su dignidad mientras se mantengan bajo su custodia;
e) Dar cuenta a los familiares, inmediatamente que una persona resultare herida o muerta con motivo de una detención u operativo policial; y,
4. Relaciones adecuadas con la comunidad que implican:
a) Evitar cualquier actuación que conlleve abuso, arbitrariedad o uso excesivo de la fuerza;
ch) Actuar con la decisión necesaria y sin tardanza cuando de ello dependa evitar un daño. La actuación, en todo caso, deberá ser congruente y oportuna; Los medios a emplear deben ser proporcionales al peligro que se trata de neutralizar;
5. El empleo de las armas sólo se justifica cuando exista un riesgo grave e inminente para la vida o integridad física de la gente o de otras personas o cuando existan motivos racionales para suponer que está por producirse una grave alteración del orden público.
La policía no podrá disparar contra las personas sin advertir su presencia y sin previo requerimiento de la entrega de las armas, salvo para repeler un ataque en las circunstancias que establece el Código Penal en materia de legítima defensa. En todo caso los disparos y el empleo de la fuerza deben orientar a causar el menor caso (sic) posible.
La fuerza, en todo caso, sólo se empleará en la medida estrictamente necesaria para el eficaz desempeño de las funciones; Lo dispuesto en este párrafo se entenderá sin perjuicio del derecho que tiene el personal de policía de esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la oportuna defensa de las personas o derechos de terceros o los propios, ya sean personales o patrimoniales.
Artículo 26. Todos los órganos de policía están obligados a informar a la Fiscalía General del Estado por conducto de su dependencia más cercana y a los jueces que conocen del caso, de todo delito del que tengan conocimiento y sobre las detenciones practicadas en relación con los mismos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que determine la procedencia de la acción correspondiente; además, en todo caso están obligados a informarle del progreso, de las investigaciones en el plazo referido so pena de incurrir en responsabilidad.
Artículo 74. La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo.
El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determina esta Ley y sus Reglamentos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar.
Artículo 75. Los miembros de la Policía están obligados a:
1. Respetar y tutelar los derechos y libertades que la Constitución de la República les otorga a los habitantes del país;
5. Respetar y tutelar los derechos y libertades que la Constitución de la República y los instrumentos internacionales suscritos por Honduras le otorgan a los habitantes del país.
Artículo 76. Está prohibido a los miembros de la Policía:
6. Inducir a otro Policía a realizar un acto ilícito; a proceder en contravención de lo prescrito por esta Ley; así como cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito;
El artículo 81 y subsiguientes definen el régimen disciplinario de la institución. Se definen las faltas leves, graves y muy graves. Para las graves, se define la suspensión y pérdida del permiso de salida hasta por 8 días (medida administrativa). La pregunta que surge aquí es si considerando la gravedad y autoría del caso del asesinato de los dos estudiantes, aceptado por los más altos responsables de la institución ¿por qué les dieron permiso de salida?
Pero lo más preocupante es ¿Por qué en la conferencia de prensa del domingo las más altas autoridades de la policía salen a defender a los criminales y justificar lo injustificable? ¿Cómo es posible defender a criminales probados y justificar que no podían detenerlos administrativamente? La pregunta para la población al escuchar a los mas altos jefes policiales es ¿En manos de quienes está la seguridad del país? Intentando responder estas preguntas, fácilmente podemos llegar a una conclusión que contraste el nivel de criminalidad, la escalofriante tasa de homicidios y en manos de quienes está la función de seguridad en el país. Las conclusiones son obvias y muy pesimistas.
El golpe de estado no solo sacó del poder al ex presidente Zelaya. También devolvió a los cuerpos armados (ejercito y policía) su «gloria» pasada. Esta no es más que la potestad del abuso de poder, del uso excesivo de la fuerza de manera discrecional y de la equivocada idea de creer que por ser los que velan por la seguridad están sobre la ley. Los criminales están incrustados en la policía y el ejercito y ahora tienen permiso para actuar a sus anchas. La sociedad hondureña por fin se ha percatado de esto. Lamentablemente hasta que ocurrió un hecho que ha conmovido a la ciudadanía.
Se requiere no una reestructuración en la policía. Se impone de inmediato una suspensión de la cúpula policial mientras se establece una investigación para ir al fondo de la podredumbre que ha provocado semejante barbarie en el país. La policía es responsable de la mayor parte de crímenes por acción -como el caso de los jóvenes universitarios- o por omisión cuando se hacen de la «vista gorda» ante crímenes que por intereses no investigan. La impunidad es una espiral que cada día va creciendo. La paradoja es que la rectora mintió cuando en una protesta en la universidad en los días del golpe un policía la atropelló y la tiró al suelo. Ella declaró públicamente que tropezó cuando un video de una televisora local mostró lo contrario. Hoy, esa misma policía asesinó a su hijo menor. ¿Qué pensará ahora de ellos?
La pérdida de institucionalidad en Honduras se agravó con el golpe de estado. La ley de la selva prevalece. Si las autoridades que son las encargadas de velar por la ley y castigar los delitos se han convertido en criminales -no comunes- porque tienen licencia y monopolio del uso de la fuerza del estado, entonces ¿Hacia donde va nuestro país? La refundación del país urge. Al paso que vamos si no tomamos conciencia de esto, de la necesidad de desterrar a los criminales incrustados en toda la institucionalidad del estado, mañana será tarde para reaccionar. Quedaremos como las personas que lamentan no haber actuado antes. Como Bertolt Brecht dijera, «ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde».
No es posible llegar a sufrir el trauma de una pérdida familiar. Honduras está en guerra. Es una guerra no declarada pero tan efectiva como cualquiera. Si quienes nacimos y vivimos aquí no tomamos conciencia que debemos hacer hasta lo imposible por cambiar esta situación, tarde o temprano la violencia tocará nuestra puerta. ¿Por qué debemos esperar hasta entonces?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.