Ausencia de protección policial desde hace año y medio
El lunes 18 de marzo de 2019, es asesinado en su casa de habitación Sergio Rojas Ortíz. Líder que había sido enfático en defender el derecho legitimo de su pueblo sobre la tierra dentro del territorio de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas.
En medio de este doloroso acontecimiento, queda claro que el Estado es responsable por el crimen de odio contra este defensor de Derechos Humanos debido a su inacción, inoperancia e incluso racismo institucionalizado.
Desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado costarricense a brindar protección a los defensores de derechos indígenas dentro de su territorio. En su resolución 16/15, la CIDH señala que: «es necesario que la Policía mantenga presencia en el Territorio Indígena Salitre, mientras el Gobierno asume la recuperación de tierras indígenas por las vías legales, mediante la instalación de los puestos de control solicitados y con patrullajes por parte de personal policial ajeno al cantón de Buenos Aires, se sugiere personal de la GAO.»(1)
Desgraciadamente en numerosas ocasiones representantes de los territorios de Salitre han denunciado el incumplimiento, por parte del Estado, de las disposiciones dictadas por la CIDH. Este organismo internacional obliga a Costa Rica a adoptar la medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indigena Bribri de Salitre. Según estipulada en la Medida Cautelar 321-12 del 30 de abril de 2015.
Esta violación es corroborada tanto por familiares cercanos como por organizaciones observadoras de Derechos Humanos. Según declaraciones dadas a la prensa por el hermano de la victima, Sergio Rojas hace año y medio dejó de contar con protección policial.(2)
Por su parte el Observa torio de los Derechos Humanos y la Autonomía Indígena (ODHAIN) en una misión, el pasado 4 y 5 de febrero 2019, confirman lo mencionado por el hermano del líder indígena:
«Térraba y Salitre desde el 2015 cuentan con Medida Cautelar 321-12, de la CIDH, en razón de los índices de violencia, presentados y denunciados entre los años 2013 y 2015, en ambos territorios. Urgimos a las autoridades del Estado costarricense (Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo) a garantizar los Derechos Humanos, acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en estos conflictos de las Fincas señaladas. Este llamado, a efecto de que se establezcan responsabilidades de los hechos que puedan sobrevenir, con el interés de estar a tiempo en una acción disuasiva en este conflicto.
Desde las organizaciones ecologistas levantamos la voz para señalar la doble moral por parte del Estado costarricense por la indefensión en la que viven los pueblos indígenas, perseguidos, criminalizados y asesinados por reclamar la tierra que les pertenece. Exigir el esclarecimiento inmediato de este crimen y juzgar a los autores materiales e intelectuales se hace urgente e imprescindible para hacer justicia.
Notas:
1) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 16/15 http://www.dhr.go.cr/
2) Hermano de Sergio Rojas señala que tenia más de año y medio sin protección policial. http://costaricanoticias.cr/
3) Boletín de ODHIN https://surcosdigital.com/
Henry Picado Cerdas es activista del moviento ecologista
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