“Con el socialismo democrático no se trata de profundizar el ajuste estructural neoliberal en el agro, sino del contra ajuste que demandan los campesinos e indígenas” (Marco López, economista global)
En Latinoamérica los gobiernos progresistas de primera generación (Lula, Correa, Evo y Chávez principalmente) le apostaron también a políticas redistributivas de tierras y demás servicios de apoyo a la producción que, en la tradición reformista de los años 70 y parte de los 80s, eran contentivos de programas de reforma agraria liderados por el Estado. Hoy, es un tema poco visible en la agenda pública, e incluso, han desaparecido programas y proyectos de entrega de tierras a campesinos mediante mecanismos de mercado, pero la presión de organizaciones campesinas es manifiesta.
La creencia que los campesinos minifundistas e indígenas son “ineficientes” y deberían seguir sembrando, en la pocas tierras que les quedan, granos básicos y hortalizas para suplir parte de la demanda de consumo interno, se posiciona en las agendas de los gobiernos y organismos y agencias de cooperación externa, dejando mayormente la producción de bienes tradicionales y no tradicionales de exportación en manos de empresas transnacionales y productores con fincas de mayor tamaño y con acceso a tecnologías y recursos financieros garantizados.
Un enfoque de dualismo estructural, donde los campesinos producen alimentos y las empresas y medianos y grandes productores bienes que generan divisas y empleo, sin valorar que están conectados. Los ingresos monetarios por ciclos agrícolas y cosechas por las fincas pequeñas generadoras de alimentos básicos no son suficientes, por lo que hay que trabajar como asalariados (as) en las fincas grandes y obtener ingresos monetarios complementarios, siendo visibles diversos grados de sobrexplotación del trabajo.
Con los programas de reforma agraria, los campesinos se organizan en cooperativas y empresas asociativas, produciendo para el mercado interno y la exportación. El problema es que las empresas transnacionales controlan el mercado y son las que exportan. Una especie de agricultura de contrato donde el riesgo de producir se traslada por el Estado a los campesinos. No obstante, hay experiencias exitosas donde los propios campesinos controlan la producción y comercialización, exportando directamente a mercados internacionales, caso de los productores de banano en Costa Rica por ejemplo.
En Brasil, el presidente Lula da Silva complementó los programas de reforma agraria asistidos por el mercado, con políticas y programas de generación de alimentos y medidas compensatorias para la población en pobreza extrema. Hay interés de seguir con la entrega masiva de tierras a los campesinos para producir alimentos y lograr la seguridad alimentaria. Con el nuevo triunfo de Lula en octubre de 2022,se puso en marcha un Programa de “Tierra para la Gente” aprobado por las organizaciones campesinas que incluye acciones de recuperación de tierras[1], rescatando uno de los objetivos de gobiernos progresistas latinoamericanos, caso de la garantía de acceso a tierra productiva para los sin tierra.
Hugo Chávez en Venezuela, promovió políticas redistributivas con la reforma agraria, pero estableció también un puente para la negociación con propietarios de tierras, buscando garantizar un acceso efectivo a este recurso por los campesinos. Al Igual que otros países donde es manifestó el problema agrario, Chávez sabía que no podía impulsar una reforma agraria tradicional-sostenible, sin un mecanismo sustentado en el diálogo directo -poco visible- con empresarios y latifundistas incluso.
En Bolivia “la política de tierras del primer período de gestión del MAS, fruto de la potencia desplegada por las organizaciones sociales y fuertemente motorizada a partir de la Ley de Reconducción Comunitaria aprobada en el 2006, sentó las bases del reconocimiento por parte del Estado a la tenencia colectiva de la tierra, avanzó en su redistribución y permitió cierta instalación contra-hegemónica en las zonas opositoras, esencialmente en las tierras bajas. Así, la consolidación de la territorialidad pasó a ser central como soporte económico y modelo de una nueva institucionalidad”[2]
En Honduras, la maldición de Roger Norton, el enterrador de la reforma agraria hondureña, conjuntamente con dirigentes campesinos corruptos, y contratado por la AID, sigue vigente después de más de 31 años. Esta reza: Al aprobarse la nueva política agrícola para Honduras y sustentada en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de 1992, es poco probable que volvamos a ello, ya que no habrá interlocutores válidos que la defiendan. En realidad, el movimiento campesino fue castrado y varios de sus principales líderes se hicieron terratenientes, funcionarios públicos o empresarios, promoviendo la venta de tierras a nivel nacional. La reconcentración de la propiedad rural es visible, y constituye un obstáculo para promover cambios estructurales.
La “castración” incluye también a dirigentes políticos que son abanderados de las políticas de ajuste estructural en el agro hondureño, e incluso profesionales ligados a la Academia, que consideran que no es necesario modificar la estructura de tenencia de la tierra para crecer en forma sostenida y aumentar los niveles de desarrollo económico, social y ambiental, reduciendo los niveles de pobreza y las desigualdades económicas y sociales.
La poca atención al problema de tenencia de la tierra, es una de las debilidades del gobierno del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), aun cuando la presidenta Xiomara Castro ordenó al Instituto Nacional Agrario (INA) que resuelva el problema de raíz. La baja producción de alimentos e inseguridad alimentaria que genera, tiene en la falta de tierras un factor causal no descartable, ya que constituye el principal activo productivo que demandan los campesinos, sobre todo las mujeres que explotan los predios y producen los alimentos.
En Honduras, al igual que en Colombia, Guatemala, Haití y República Dominicana, hay más un millón de personas que sufren una crisis alimentaria grave[3], lo que justifica la producción de alimentos y la importación masiva. En realidad lo que justifica es una revolución agraria de cambio estructural en la tenencia de la tierra que posibilite ampliar la oferta de alimentos básicos, donde los campesinos e indígenas sean los principales actores.
Xiomara Castro debe actuar con decisión para cumplir con este objetivo de desarrollo, incluso utilizando mecanismos de mercado como el fondo de tierras para favorecer a los que demandan este recurso, especialmente mujeres campesinas. Se sabe que en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya el tema agrario no tuvo la atención debida, aun cuándo se aprobó en marzo de 2008, el decreto 18-2008, conocido como la “mora” agraria y considerado inconstitucional por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), por promover la expropiación de tierras; cuestionándose la cantidad de recursos, unos 300 millones de lempiras, que el gobierno debería asignar al INA para pagar a los afectados. El presupuesto actual de institución ha aumentado, pero todo parece indicar que el problema de tenencia de la tierra continuará.
Uno de los principales instrumentos del Socialismo del Siglo XXI es la reforma agraria de segunda generación, donde no importan los medios para dotar de tierra a campesinos, campesinas e indígenas que demandan este recurso. Se argumenta por dirigentes de Libertad y Refundación (LIBRE) que ello se logrará con la Refundación de Honduras, al reformarse o aprobarse una nueva Constitución, lo cual puede alargarse, cuando se reconoce que todavía no hay condiciones para ello.
Las organizaciones campesinas deben renovarse o reinventarse. No es posible que haya dirigentes con más de 15 años en ejercicio de funciones como presidente o coordinador. La consigna este 1 de Mayo debió ser: Reforma Agraria o Miseria Rural. Una luz en el camino es que, las centrales obreras y los miembros del Frente de Resistencia Popular (FRP), demandan que se derogue la LMDSA y se conforme un nuevo proyecto de Reforma Agraria Integral.
Notas:
[1]Es una presencia campesina e indígena que se repite cada 17 de abril, día Internacional de la Lucha Campesina, exigiendo tierra y demás servicios al gobierno por miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
[2]Ver a Bruno Fornillo ¿Existe una Reforma Agraria en la Bolivia del Movimiento al Socialismo? Iconos, 42, pág. 43.Boliva, 2012.
[3]Ver informe de la Red contra la Crisis Alimentarias (GNAFC), apoyado por FAO.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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