Lampedusa, una pequeña isla turística de 5.000 habitantes, a 200 kilómetros de Sicilia y 113 kilómetros de Túnez. Conserva todavía en la memoria a los cerca de 300 inmigrantes y refugiados muertos -frente a sus costas- durante un naufragio en octubre de 2013, cuando se desplazaban desde Libia hasta Italia. En la embarcación viajaban unas […]
Lampedusa, una pequeña isla turística de 5.000 habitantes, a 200 kilómetros de Sicilia y 113 kilómetros de Túnez. Conserva todavía en la memoria a los cerca de 300 inmigrantes y refugiados muertos -frente a sus costas- durante un naufragio en octubre de 2013, cuando se desplazaban desde Libia hasta Italia. En la embarcación viajaban unas 500 personas. O de los 800 muertos de otro barco a la deriva, que salió del norte de Libia y se hundió tras recorrer 135 kilómetros, en junio de 2016; centenares de cuerpos se hallaban bajo la cubierta, donde según el testimonio de los supervivientes, habían sido encerrados. El itinerario podría continuar en noviembre de 2016, con dos naufragios frente al litoral libio, que se saldaron con 240 muertos.
En Lampedusa permanecieron entre el cuatro y el 21 de julio cuatro activistas del estado español: Fernando Bermúdez, Francisco Jarauta, Antonia Bernal y Joaquín Sánchez. Trabaron contacto con personas refugiadas encerradas en el campo de «acogida» de Lampedusa -similar a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)-, ubicado en un extremo de la isla, a unos cinco kilómetros del núcleo urbano. En el «campo» estaban recluidas -bajo custodia policial y militar- unas 350 personas de diferentes nacionalidades, como Sudán, Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Costa de Marfil y Somalia. «Eran gente muy joven, sobre todo hombres», recuerda el sacerdote Joaquín Sánchez; «por las tardes saltaban la valla del ‘campo’ unas 50 personas, que se dirigían a la zona turística». Entonces uno de los objetivos era comunicarse con su familia a través del teléfono móvil (al tratarse de áreas con WiFi gratuito), en los bancos cercanos a la iglesia de San Gerlando. «Sacaban la fuerza a partir de la esperanza que las familias habían puesto en ellos, querían escapar de la guerra y el hambre», explica el cura sindicalista y activista contra los desahucios.
El grupo de activistas pudo tratar con los refugiados en el centro del municipio, ya que al «campo» de acogida no se les permitió entrar; es más, el policía del centro les preguntó si eran periodistas y les remitió a la Prefectura, donde tendrían que solicitar permiso. «En Lampedusa la personas refugiadas están como invisibilizadas -explica el sacerdote murciano en conversación telefónica; la gente no les saluda; y Europa les considera migrantes económicos, aunque lleguen escapando de matanzas y genocidios; su futuro es la deportación o la vida en la clandestinidad, en Italia no les conceden el derecho de asilo». Sánchez subraya que cuando los activistas preguntaban a las ONG que trabajaban en el «campo» de acogida, la respuesta era un muro de silencio. «No sabemos, o no podemos hablar», nos decían.
Algunos de los refugiados que los activistas conocieron provenían de Sudán del Sur, un país con recursos petrolíferos y en guerra civil desde finales de 2013. El pasado mes de febrero el gobierno declaró la situación de hambruna en varios territorios de un país en el que cerca de la mitad de la población (unos cinco millones de personas) pasa hambre. Asimismo huían de Nigeria, donde los crímenes que perpetran el ejército y la organización terrorista Boko Haram han provocado al menos dos millones de desplazados internos en el norte del país, según Amnistía Internacional. En campos como el de Maiduguri se producen situaciones de hacinamiento, sin que los refugiados tengan disponibilidad suficiente de alimentos, agua potable y servicios de saneamiento.
Algunos refugiados de Lampedusa cuentan que en el desplazamiento desde Sudán hasta las costas de Libia pueden pasar tres meses; es necesaria una buena preparación física, y el apoyo económico de las familias para pagar a las mafias. Afirman que la vía Libia es la única que permite acceder a la vieja Europa. Tras la agresión militar de 2011 encabezada por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, el país norteafricano se divide entre el Gobierno de Trípoli reconocido por la ONU, el Este controlado por el mariscal Jalifa Haftar y las áreas en las que operan Al Qaeda, el Estado Islámico y grupos salafistas. «Libia es un caos», reconocen los refugiados de la isla italiana, pero consideran que pueden aprovecharse de la situación para atravesar el país rumbo a Europa. Explican a los activistas que en el trayecto muchas personas mueren por falta de agua y alimentos, y también caminan sin calzado o sufren robos; muchas de las mujeres son objeto de violaciones. Además tienen que cruzar caminos sembrados de minas.
El sacerdote Joaquín Sánchez recuerda alguna de las conversaciones: «La palabra ‘Libia’ les produce terror, tiemblan, gesticulan como si realizaran un disparo de fusil». Sin gobierno ni ley, en Libia se les secuestra; y a continuación los captores llaman a las familias para pedir el pago de un rescate. «Nos dicen que a muchos de los que no tienen recursos, los ejecutan en el momento; y a los que consideran más fuertes, los encierran en ‘prisiones’, donde les maltratan y pegan con los fusiles», agrega el activista. Una comida diaria es la proporción que se considera adecuada para que no escapen. Para sobrevivir, tampoco pueden pensar en compartir la vitualla con el compañero rehén, ya que los «guardianes» podrían matarlos. Existe en Libia, además, un mercado público de esclavos (pueden pagarse 3.000 euros por una persona), en el que se trafica con seres humanos con el fin de que laboren -por ejemplo en la agricultura- a cambio de una comida. Una de las coyunturas que se aprovechan para la evasión, pese a que los «guardianes» podrían disparar, es el trayecto entre la prisión y el lugar donde los esclavos colectan fruta. Finalmente, son aquellos que consiguen escapar de las mafias, o pagar el rescate, los que toman en Libia los barcos y pateras con dirección a la costa italiana.
Además de los naufragios y los barcos a la deriva frente al litoral, en la isla de Lampedusa se han registrado puntas de mayor afluencia. Así, el 15 de marzo de 2011 ACNUR informó del desembarco en un día de 22 botes con más de 1.600 inmigrantes y refugiados, casi todos tunecinos. «La gente de Lampedusa es solidaria, pero se vio obligada a elegir entre la solidaridad con los refugiados y el turismo; nadie les ayudó, y los turistas dejaban de llegar a la isla, por lo que tuvieron que elegir». Estos refugiados (palabra que pocas veces se utiliza, en favor del término «inmigrante») hablaban de sus aspiraciones a los cuatro activistas del estado español. Uno de ellos, natural de Sudán, tenía el oficio de mecánico y quería una oportunidad para desarrollar su profesión en Italia. «Vengo a luchar y a trabajar», afirmaba. Otro sudanés, diseñador, miraba de reojo a Milán. Los había con alto grado de formación, quienes pretendían trabajar en el campo, los que decían ser buenos futbolistas… En el mirador de la playa de Lampedusa, un refugiado de Nigeria contaba que en la ruta de Libia a la pequeña isla italiana, el barco en el que viajaba se hundió; él sobrevivió, pero tres de sus amigos fallecieron ahogados.
«Hay una gran presión para el cierre de la frontera libia». Joaquín Sánchez llama la atención sobre el encuentro mantenido el 25 de julio en París entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los dos líderes actuales de Libia, Fayez al Serraj y Jalifa Haftar. Se trataba de encontrar una salida negociada a la crisis del país, bajo los auspicios de Naciones Unidas, que incluyera la celebración de elecciones. Pero en la agenda francesa figura también que Libia cuente con un ejército regular para combatir el terrorismo, el tráfico de armas y de inmigrantes. El hecho de que los contendientes en Libia no alcancen un acuerdo genera inquietud en la UE, pues de los más de 90.000 inmigrantes y refugiados que han llegado a Italia en 2017, la mayoría lo hicieron desde las costas libias. Además, el plan de «ayuda» a Italia promovido por la Comisión Europea frente a la llamada «presión migratoria» incluye la «externalización de fronteras» a países como Libia, Níger o Mali, lo que según las ONG implica que estos países actúen en calidad de «gendarmes».
¿En qué se traducen estas reuniones a tres bandas y la gran geopolítica europea frente al sur empobrecido? Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció el 14 de agosto que suspendía las operaciones de búsqueda y rescate que despliega uno de sus buques, después que Libia anunciara restricciones de acceso a los barcos «humanitarios» en las aguas internacionales frente a la costa del país. MSF informó en un comunicado de que tras producirse este anuncio, el 11 de agosto, el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma les advirtió de «los riesgos de seguridad derivados de las amenazas emitidas públicamente por la Guardia Costera libia, contra buques de búsqueda y salvamento que operen en aguas internacionales». La organización humanitaria resume la nueva coyuntura del siguiente modo: «Habrá más muertes en el mar y más gente quedará atrapada en Libia», según Annemarie Loof, responsable de Operaciones de la ONG. Los augurios se antojan siniestros. O perecer en un naufragio, o la deportación a Libia; un país donde «se producen detenciones arbitrarias y la violencia es extrema», lamenta Loof.
El 15 de agosto, informó Europa Press, las amenazas y el hostigamiento de la Guardia Costera de Libia se centraron en el barco de «rescate» de otra ONG, Proactiva Open Arms. Tras dos horas de hostilidades, el buque pudo proseguir su itinerario hacia Italia. En las redes sociales la organización de derechos humanos llegó a propalar el siguiente mensaje: «Amenazan con disparar si no seguimos órdenes». Un día antes Save The Children hizo público que, ante la «incertidumbre» generada por los procedimientos de la armada libia, suspendía las operaciones de salvamento en el Mediterráneo. La organización criticó la decisión de las autoridades libias de aumentar la zona de operaciones de 12 a 70 millas marinas, a partir de la línea costera; «una distancia que entra notablemente dentro de lo que se consideran aguas internacionales», explicó Save The Children.
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