A John Stuart Mill se la atribuye la frase: “La única ventaja directa del comercio son las importaciones. Exportamos para poder importar”. En países periféricos o dependientes como los latinoamericanos, esto es más que evidente. Frente a los fracasos anunciados con la estrategia y modelo de sustitución de importaciones, las economías latinoamericanas son importadoras netas, ya que si no importan no podrían exportar al no producir la cantidad de insumos requeridos (bienes intermediaros) y maquinaria (bienes de capital).
Se pensó que la deslocalización de empresas transnacionales con la globalización comercial y productiva, iba a cambiar este patrón ya que generarían un encadenamiento a lo interno de las economías de los países y producirían no solo bienes de consumo masivo cuya demanda es mundial, lo cual no ha sucedido. La industria maquiladora transnacionalizada importa (¿trae?) entre el 75% y 80% de los insumos, dejando en los países el pago de salarios, servicios públicos, alquileres y pequeñas compras locales. En el caso de los agronegocios tóxicos, lo más visible es la destrucción de la fertilidad de los suelos y fuentes de agua; y en minería, destrucción del bosque, el agua y aumento de las enfermedades y muerte por el uso indiscriminado de cianuro.
Con los Tratados de Libre Comercio se observa un desplazamiento creciente de población campesina de sus tierras que abandona el campo, muchos de ellos (as) caen en maras y la prostitución, y también buscan el sueño americano. Es más, deciden salir por la falta de apoyo del Estado, reducción de las áreas de cultivos por importaciones masivas de granos básicos, sequía y pocos empleos de buena calidad. Estos tratados sustentados en leyes de ajuste estructural sepultaron los programas de reforma agraria y la institucionalidad publica de apoyo, sacándose de la agenda de los gobiernos, incluso de aquellos de corte progresista como el de Ignacio “Lula” en Brasil que optó por un concepto de reforma agraria asistida por el mercado promovida por el Banco Mundial.
En Honduras se ha abierto un debate sobre el uso productivo de las remesas familiares y sus impactos (¿positivos o negativos?) en la economía y familias. Las declaraciones del Ministro de Planificación Estratégica (PE), Ricardo Salgado del Gobierno del Poder Popular, que las remesas no sirven para reducir el desempleo y pobreza sino para que las usen los empresarios importadores que tienen mayor capacidad de compra de los dólares que subasta el Banco Central, y las gastan en comprar bienes de consumo mayormente, ha suscitado varias críticas y desacuerdos.
El Ministro considera que estas remesas deben ser manejadas por el Estado y utilizadas para importar bienes de capital y crear empresas públicas que les permita generar empleos y a la población en pobreza participar de sus beneficios.
Para economistas como Ismael Zepeda, del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), las remesas ayudan a las familias a tener acceso a bienes de consumo que, a falta de ello, sería poco probable que pudieran subsistir y mantener su calidad de vida, además que contribuyen a la estabilidad cambiaria. La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, considera que las remesas no generan desempleo más bien lo evitan; una especie de fondo de salarios transferidos que destina a la adquisición de bienes de consumo como alimentos, ropa, medicamentos. Para Roberto Lagos, el Estado no debe generar empleos, sino crear las condiciones para que la empresa privada lo haga, aun cuando desconoce que muchos negocios de los empresarios son generados con recursos del Estado, sea fondos provenientes de impuestos o préstamos.
Otras críticas refieren al control que ejerce la banca privada en la captación de las divisas y el cobro de una comisión por ello, lo que perfectamente puede hacerlo un banco estatal como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), pero que en la actualidad no tiene la capacidad técnica ni logística, ya que su institucionalidad a nivel nacional fue cercenada en el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH). La idea es conformar una amplia gama de instituciones públicas y del sector social de la economía como las cooperativas de ahorro y crédito, para avanzar en la ejecución de un Plan Piloto Regional (PPR) de manejo de las remesas familias entregadas a los destinatarios.
De hecho, ya antes se había recomendado “mejorar el proyecto del sistema de pagos del país que actualmente está impulsando en BCH, de tal forma que contribuya a expandir los canales de distribución de remesas mediante la integración de cooperativas de ahorro y crédito reguladas o no y OPDF reguladas a dicho sistema de pagos administrado por el Banco Central de Honduras, con lo cual se podrá facilitar el acercamiento de los pagadores de remesas a la población de receptores que viven en áreas alejadas de los principales centros urbanos.”[1]
En el caso de la empresa privada, las manifestaciones son en contra. Para Eduardo Facusse, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Cortes (CCIC), las remesas son las que sostienen la economía hondureña y debe considerarse a los migrantes como héroes nacionales. Honduras recibió 8 mil 686.2 millones de dólares en 2022 por concepto de remesas, que representan más de 25% de PIB, observándose una tendencia en aumento incluso en plena pandemia del Covid-19.
De acuerdo al último reporte del Banco Central de Honduras de 2023, el 87.4% de las familias reciben estos recursos para utilizarlos en gastos de alimentación, salud y educación, y un 7.5% para gastos de inversión (compras y mejoras de propiedades y obras comunitarias). “Los migrantes hondureños envían una vez al año dinero extra para construcción (29,5 por ciento), eventos familiares (19,9 por ciento), compra de terreno (18,8 por ciento), adquisición de vivienda (13,1 por ciento), gastos médicos (10,2 por ciento), servicios fúnebres (1,7 por ciento) y otros gastos no especificados (6,8 por ciento)” (Banco Central; marzo, 2023).
Ha faltado un análisis más amplio de la situación económica y social que se enfrenta, siendo Honduras un país dependiente del comercio y préstamos externos. Por el lado del gasto agregado interno, hay un déficit de “arrastre” en las cuentas fiscales que debe ser cubierto. Si el costo del dinero es alto en los mercados internacionales, el gobierno debe optar por recurrir al Banco Central como prestamista de última instancia, una función que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no está de acuerdo.
En 2022, se autorizó al gobierno poder acceder hasta 2,000 millones de dólares del Banco Central utilizando Reservas Internacionales (RI), activos financieros que el Banco invierte y mantiene en el exterior, y pagando una tasa de interés más baja que la existente fuera del país por la colocación de bonos soberanos, la cual (monto utilizado) deberá ser honrada, donde una mayor productividad de gasto de inversión pública debería ser considerada como política de Estado.
Pero, además, hay una brecha comercial externa en la balanza de pagos de 9,135.4 millones de dólares, donde las RI sirven para garantizar la demanda de las importaciones que los agentes económicos solicitan. A marzo de 2023, las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron los 8,280.8 millones de dólares equivalente a 5.6 meses de importaciones. Recuérdese que es una economía que depende de las importaciones para exportar, sin una producción manifiesta de bienes intermedios, mucho menos de bienes de capital. Lo preocupante es la brecha de endeudamiento, alcanzando la deuda pública externa en 2022 más de 9,500 millones de dólares, que el FMI exige sea garantizada con las RI por insuficiencia de ingresos tributarios.
Mucho de este sobreendeudamiento es ilegitimo, y el gobierno debe exigir una auditoria forense proyecto por proyecto. Pero, también, debería valorar la vigencia de estrategias de canje de deuda por protección de recursos naturales y desarrollo sostenible. Una mala práctica es asumir como válidos proyectos de inversión de arrastre, o sea proyectos negociados y aprobados en gobiernos anteriores, sin que exista una evaluación de fondo y reorientación de los recursos a las prioridades nacionales.
En segundo lugar, la concepción funcionalista de uso de las remesas por las familias receptoras es válida, en tanto les sirve para cubrir las necesidades más inmediatas, con lo cual ayudan al reducir la pobreza, desigualdad y estabilizar las familias.[2] Se necesita avanzar en la formulación, gestión y ejecución de proyectos de inversión productiva de mayor tamaño, que involucre a varias familias de migrantes a nivel de aldeas, municipios, departamentos y microrregiones. Se busca que los recursos tengan un mayor impacto en la mejora de las condiciones de vida de la población receptora, al grado de poder superaren forma sostenida la pobreza con la participación de programas del Estado, como las Transferencias Monetarias no condicionadas, sino que complementarias con acceso a tierras, créditos, asistencia técnica, capacitación, emprendedurismo e innovación tecnológica.
En tercer lugar, también es válida la concepción estructuralista[3], en tanto, el uso de las remesas puede tener un efecto negativo ya que la capacidad de las familias para el ahorro y la inversión es bajo, focalizando sus ingresos en gastos de consumo (necesidades inmediatas) y pequeñas obras de infraestructura, con lo cual se genera una fuerte dependencia de estos recursos, visualizándose como única opción la migración.
Las remesas sirven para aumentar la demanda de importaciones y profundizar la dependencia externa, en este caso, del principal país donde se localiza la mayoría de los migrantes: EEUU. En países como Honduras, en la medida que aumentan las exportaciones de bienes primarios, crecen más las importaciones y se ensancha la brecha externa. Las remesas deberían servir para cerrar esta brecha, no para ampliarla.
Hay un impacto positivo en la tasa de cambio real, lo que genera una apreciación del lempira frente al dólar, por lo menos en periodos donde el flujo de recursos es sostenido, lo cual es bueno para el país ya que abaratan las importaciones y no hay un deterioro manifiesto de los salarios por el aumento de la inflación que causa la devaluación en caso que los recursos no existieran. Los exportadores de bienes primarios no están de acuerdo, pero sí aquellos industriales que todavía se resisten a desaparecer.
En el marco de la llamada economía heterodoxa, se debe fortalecer el rol del Banco Central y su control en la administración y uso de los dólares, muchos de los cuales provienen de las remesas familiares, contrario a lo que ha venido sugiriendo el FMI de darle más autonomía al Banco y liberar el mercado cambiario para que los agentes económicos (mayormente exportadores de bienes agrícolas y comerciantes) puedan disponer libremente de los dólares. Es urgente, insistimos, revisar la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) y el RD-CAFTA que promueven la dependencia del comercio desigual, y avanzar más rápido en la conformación de un modelo de desarrollo industrial que promueva la ampliación del mercado interno, cambios de la matriz productiva y sustituya importaciones de bienes de consumo en una primera fase de ejecución.
Igualmente, el anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria debería socializarse más con asociaciones de productores, Mi pymes y Organizaciones de Sociedad Civil, ya que el ambiente en el Congreso Nacional y Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) no es muy favorable. El Estado urge de nuevos recursos, pero también de una política efectiva de reducción de gastos improductivos.
“El servicio de la deuda externa en 2022 totalizó USD772.3 millones, superior en USD196.3 millones, en comparación a lo cancelado en igual período de 2021. De lo pagado, el 63.9% (USD493.6 millones) se destinó como abono de capital; de los cuales USD243.3 millones se pagaron a acreedores multilaterales, USD184.2 millones a organismos comerciales y USD66.1 millones a bilaterales; mientras que, el 36.1% (USD278.7 millones) restante, fue utilizado para honrar obligaciones por costos financieros (intereses y comisiones): USD142.6 millones a organismos multilaterales, USD110.8 millones a acreedores comerciales y USD25.3 millones a entes bilaterales”.[4]
Finalmente, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Pino, ha dicho que no se gravarán las remesas familiares con un impuesto, por lo que la oposición política debe estar “tranquila”. Las condiciones no son las más favorables para ello, aunque no hay evidencia que el FMI lo haya sugerido como parte de las negociones de un nuevo convenio de préstamo.
Notas:
[1]“El Rostro de las Remesas: Su Impacto y Sostenibilidad”. BCH, 2007, pág. 43. Tegucigalpa, Honduras.
[2]Ver para ampliación a Ana María Aragonés, Uberto Salgado y Esperanza Ríos “A Quién Benefician las Remesas”. Economía unam Vol 5, número 14, ciudad de México, mayo/agosto, 2008.
[3]Op.cit Ana María Aragonés, Uberto Salgado ed-al
[4] Ver” Informe de Deuda Externa Sector Publico”. BCH, diciembre de 2022, Tegucigalpa, DC, pág. 2.
Tegucigalpa, DC, 7 de marzo de 2023
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
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