Manifestantes que cuestionan la megaminería fueron reprimidos en Perú. Al menos dos asesinados, una veintena de heridos y decenas de detenidos. La empresa cuestionada es la misma que opera en Catamarca el yacimiento Bajo la Alumbrera. «Presidente Ollanta, escucha. Yo he pedido para que ganes, ahora nos haces matar. Ollanta, qué cosa somos para que […]
Manifestantes que cuestionan la megaminería fueron reprimidos en Perú. Al menos dos asesinados, una veintena de heridos y decenas de detenidos. La empresa cuestionada es la misma que opera en Catamarca el yacimiento Bajo la Alumbrera.
«Presidente Ollanta, escucha. Yo he pedido para que ganes, ahora nos haces matar. Ollanta, qué cosa somos para que nos mates. Usted ha dicho en su campaña que iba a defender a los pobres de las minas. No queremos esa mina, que se vayan». Una mujer, al borde del llanto, gritaba ayer frente a la cámara de televisión. Recriminaba al presidente Ollanta Humala por la represión del lunes contra la población que cuestiona a la empresa Xstrata Copper. El saldo: dos asesinados (extraoficialmente se mencionan cuatro), decenas de heridos y detenidos, todos manifestantes. El Gobierno decretó el «estado de emergencia» (suspende los derechos civiles). La compañía suiza Xstrata es la misma que en Argentina explota el yacimiento Bajo la Alumbrera (Catamarca).
El proyecto minero Tintaya extrae cobre y oro en el distrito de Yauri, provincia de Espinar (sur de Perú). La etapa extractiva comenzó en 1985 y, veintisiete años después, la población ya no cree en las promesas de trabajo, bienestar y, mucho menos, cuidado del ambiente. Justamente, la contaminación, fue uno de los factores que determinó el estallido de esta semana (aunque no el único).
La Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani elaboró en 2011 un «Monitoreo ambiental participativo» en Espinar, donde determinó elevadas concentraciones de arsénico, aluminio, cadmio, cobre y cobalto (entre otros metales pesados) en suelo y agua. Distintos técnicos alertaron que el agua no era apta para consumo humano ni para uso agrícola.
En febrero pasado se difundió una investigación del Centro Nacional de Salud Ocupaciones y Protección del Ambiente. Reconoce que habitantes cercanos al yacimiento están contaminados con mercurio, arsénico y cadmio. También alerta que el agua contiene arsénico y mercurio por encima de lo tolerable, según las normas nacionales de ambiente y salud.
La ONG CooperAcción, que trabaja en la zona e impulsa «el desarrollo sostenible de las localidades donde se desarrollan actividades mineras», señaló que otro punto importante del conflicto también se refiere «a la reformulación del convenio marco entre Xstrata y el Municipio, que ha planteado un nuevo aporte de parte de la empresa. Este proceso de negociación ha reunido a un gran número de organizaciones de la zona y se convocó a la empresa en numerosas oportunidades, sin tener mayor éxito».
Mucho más dura fue la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami). «Responsabilizamos al presidente Ollanta Humala por los 14 muertos y centenares de heridos por los conflictos socio ambientales suscitados en los primeros nueve meses de su gestión. Exigimos la renuncia de Oscar Valdez (titular del Consejo de Ministros) y todo su gabinete, por incapacidad y desidia en la atención a las demandas de los pueblos».
Conacami aseguró que son al menos cuatro los asesinados por la represión del lunes, exigió el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas (entre los principales afectados por la minería) y aseguró que en Perú existe una «sistemática violación de los derechos humanos» de quienes se oponen a las industrias extractivas.
El presidente Humala decretó el «estado de emergencia» (similar a lo que en Argentina es el «estado de sitio»). Bajo esa figura se suspenden derechos constitucionales como la libertad de reunión y de tránsito. Y las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno (en las zonas declaradas en «emergencia»).
Xstrata Copper es la empresa suiza que explota el yacimiento de cobre y oro Tintaya, pero además construye (a sólo nueve kilómetros) otra mina: Antapaccay, que pretende comenzar a explotar a fines de este año.
Xstrata tiene presencia en Canadá, Australia, Chile y Argentina. En Catamarca explota Bajo la Alumbrera, donde posee el 50 por ciento de las acciones (el otro 50 por ciento está en manos de las canadienses Goldcorp y Yamana Gold). Y, también en Catamarca, el mismo consorcio trabaja para la construcción del proyecto Agua Rica (a 35 kilómetros de Alumbrera), muy cuestionado por la comunidad de Andalgalá, Belén, Santa María y Tinogasta porque la explotación estará próxima a las nacientes de ríos.
La represión también ronda los proyectos mineros de Xstrata en Argentina. En febrero de 2010, la Policía de Catamarca reprimió a vecinos que frenaron camiones y maquinaría que se dirigían hacia Agua Rica. En enero, febrero y mayo pasado se repitieron detenciones y represiones sobre asambleístas que rechazan a Alumbrera y Agua Rica.
«Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad, y derechos de las poblaciones nacionales», denuncia el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) en su informe «Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina».
Ocmal detalla que todos los gobiernos de la región actúan de la misma manera, los «noeliberales» como también los llamados «progresistas», y afirma que «cada derecho otorgado a una empresa extractiva transnacional significa la resta de uno o varios derechos a las comunidades afectadas».
Fuente: http://odhpi.org/2012/05/represion-a-cielo-abierto/
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