Respaldamos a la Corte de Constitucionalidad en su decisión de otorgar el amparo provisional solicitado por víctimas del conflicto armado interno, que suspende la discusión de la iniciativa 5377 de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. Esta iniciativa busca dejar en libertad a ex militares y paramilitares condenados y procesados por crímenes atroces como […]
Respaldamos a la Corte de Constitucionalidad en su decisión de otorgar el amparo provisional solicitado por víctimas del conflicto armado interno, que suspende la discusión de la iniciativa 5377 de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. Esta iniciativa busca dejar en libertad a ex militares y paramilitares condenados y procesados por crímenes atroces como el genocidio, las masacres, los asesinatos, las desapariciones forzadas, el robo y la desaparición de niñas y niños, la violación sexual de mujeres y otros delitos contra los deberes de humanidad. La decisión de la Corte de Constitucionalidad – CC es coherente con la Constitución Política de la República y los estándares internacionales sobre derechos humanos, que prohíben otorgar amnistía a los responsables de crímenes horrendos como los que ocurrieron en Guatemala. Además, esta resolución garantiza los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. El 12 de marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno. Además, requirió al Congreso de la República interrumpir el trámite legislativo y archivar la iniciativa de ley 5377. Por esta razón, consideramos que la decisión de la Corte de Constitucionalidad da cumplimiento a lo ordenado por el tribunal internacional. Rechazamos enérgicamente la solicitud de antejuicio presentada por el presidente del Congreso de la República en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela. Esta acción viola la independencia judicial de la CC y es un abuso de autoridad del presidente del Congreso porque la solicitud no fue consultada con el pleno. Además, es una clara desobediencia a sentencias de la Corte Interamericana, por lo que no descartamos presentar acciones legales contra el presidente del Congreso y los promotores de la amnistía.
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