«Queremos justicia, pero justicia clara, que agarren a los criminales y los sentencien como debe ser», reclamó Raúl Gómez, sobreviviente de la masacre perpetrada por la represión militar en 1982 en Dos Erres, una comunidad del norteño departamento guatemalteco de Petén. Gómez comentó a IPS que la condena que recayó sobre cuatro soldados, hoy en […]
«Queremos justicia, pero justicia clara, que agarren a los criminales y los sentencien como debe ser», reclamó Raúl Gómez, sobreviviente de la masacre perpetrada por la represión militar en 1982 en Dos Erres, una comunidad del norteño departamento guatemalteco de Petén.
Gómez comentó a IPS que la condena que recayó sobre cuatro soldados, hoy en retiro, involucrados en la matanza de Dos Erres significa que «se están esclareciendo las maldades que hacían nuestras autoridades militares, después de tanto tiempo que estuvimos arrodillados y humillados por ellos».
Manuel Pop, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y el teniente Carlos Carías, ex miembros de la fuerza militar de elite Kaibil, fueron sentenciados esta semana a más de 6.000 años de prisión por el asesinato de 201 personas en la comunidad Dos Erres.
Las penas impuestas son de 30 años de prisión por cada asesinato y otros 30 por el delito de crimen de lesa humanidad. Sin embargo, los sentenciados solo cumplirán 50 años de cárcel por ser el plazo máximo que se admite.
Aunque se manifiesta conforme por estas condenas, Gómez señala que también «deben dar la cara» los miembros de la cúpula militar acusados de haber cometido graves atropellos contra los derechos humanos durante la guerra interna, como el general golpista Efraín Ríos Montt, y sus pares Benedicto Lucas y Humberto Mejía Víctores.
«Quisiera oírlos ante este pueblo humilde que jamás usó las armas como ellos lo hicieron contra nosotros y nos traicionaron. Es duro», matizó Gómez, quien perdió a 15 familiares en la matanza ocurrida en Dos Erres, entre ellos a su hermano, dos tíos y varios primos.
Ríos Montt, quien posee inmunidad penal por ocupar un escaño en el unicameral Congreso legislativo, se defendió aduciendo que no fue «director de masacres o algo por el estilo». «Yo simplemente fui jefe de Estado (1982-1983) y hasta ahí me quedo», afirmó.
«Aunque esta sentencia es un paso adelante contra la impunidad en Guatemala, los soldados no cometieron estos crímenes por iniciativa propia, y las autoridades deben hacer comparecer ante la justicia a todos sus superiores que planearon y ordenaron los crímenes», dijo Sebastián Elgueta de la no gubernamental Amnistía Internacional.
El 7 de diciembre de 1982, unos 50 efectivos del ejército llegaron a la comunidad Dos Erres para aniquilar a sus habitantes, a quienes acusaban de pertenecer a la guerrilla izquierdista. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados a balazos, luego de ser torturados. Sus cuerpos fueron lanzados al pozo que surtía de agua potable a la localidad.
La represión del ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado contra la guerrilla provocó más de 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996 en Guatemala.
En ese enfrentamiento se sucedieron masacres y otros crímenes contra la humanidad, siendo responsables en 93 por ciento de los casos las fuerzas del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha, según documentó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Esta comisión fue creada a partir de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el ejército y la entonces guerrilla congregada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para aclarar «con toda objetividad, equidad e imparcialidad» las violaciones a los derechos humanos cometidas en los más de 30 años de conflicto armado.
Desde entonces, familiares de los desaparecidos y organizaciones de derechos humanos iniciaron una batalla legal por aclarar estos crímenes, de los que fueron víctimas en 83 por ciento de los casos los indígenas maya.
Pero no ha sido fácil, sobre todo, en el caso de Ríos Montt. «Su poder para penetrar las instituciones del Estado sigue siendo real y determinante, pues con el uso de recursos judiciales variados logró convertir la legalidad en un asunto de impunidad», dijo a IPS Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Durante el bienio en que Ríos Montt encabezó una sangrienta dictadura se produjo el peor periodo de violación de los derechos contra la población civil en Guatemala, a través de su política de «tierra arrasada» dirigida contra las comunidades mayas establecidas en el noroccidental departamento de Quiché.
Por esos crímenes, la Audiencia Nacional de España lo acusó del delito de genocidio, al igual que a otros altos oficiales, en respuesta a una demanda planteada en 1999 por la indígena Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y creadora de la fundación que lleva su nombre.
El juez español Santiago Pedraz ordenó el 7 de julio de 2006 la captura internacional de ocho acusados de genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales durante la guerra civil guatemalteca, entre ellos Ríos Montt, Mejía Víctores, el ex ministro de Defensa Aníbal Guevara y el ex director de la Policía Nacional Germán Chupina.
Al final, solo Guevara y Chupina fueron arrestados en 2006, pero el 13 de diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que la justicia española no tenía jurisdicción para procesar a militares y civiles por hechos ocurridos en este país centroamericano, con lo cual dejó sin efecto las acciones en su contra.
Actualmente ninguno de esos oficiales enfrenta causa alguna en la justicia, pese a que no hay ley de amnistía que los ampare. Incluso el propio Ríos Montt ha eludido la justicia por falta de voluntad política y de los tribunales para iniciarle un proceso que le quite la inmunidad legislativa y afronte las acusaciones como cualquier ciudadano.
«Un juicio contra estos personajes dejaría sentado para la historia, la conciencia y las futuras generaciones de este país el reconocimiento de que aquí hubo una política de Estado que masacró y que intentó exterminar a los pueblos indígenas para que eso no vuelva a suceder», dijo Morales.
Sin embargo y aunque la persecución penal contra ex militares de alto rango va cuesta arriba, otros casos han dado resultados positivos.
El último en ser capturado fue el exjefe policial Pedro García Arredondo, el 24 de julio, imputado de la desaparición forzada de un estudiante y del incendio que destruyó la sede de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, en la que murieron 37 ocupantes, entre ellos Vicente Menchú, padre de la premio Nobel de la Paz.
En junio también fue arrestado el ex general Héctor López Fuentes, de 81 años, sindicado de cometer el delito de genocidio contra más de 300 personas entre 1978 y 1985, así como el ex director de la policía Héctor Bol, de 71 años, por la desaparición de un sindicalista y estudiante universitario en 1984.
Antes, en 2010 el ex comisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a 150 años de prisión por el secuestro y desaparición entre 1982 y 1984 de seis campesinos indígenas, mientras que el coronel Marco Antonio Sánchez y tres ex comisionados militares fueron condenados a 53 años de cárcel por la desaparición de otras ocho personas detenidas en 1981.
«Estos casos permiten vislumbrar que hay oportunidad de que no queden en la impunidad la mayor parte de esos crímenes», señaló esperanzado a IPS Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo.
Para lograr enjuiciar a la cúpula militar, «lo ideal sería que los ahora detenidos se acojan a alguna figura legal para que los proteja y señalen a los principales responsables. Pero estoy convencido de que poco a poco tendrán que enfrentar la justicia», añadió.
Aura Elena Farfán, de la no gubernamental Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, indicó a IPS que sentencias como la alcanzada en el caso Dos Erres servirán para acumular elementos de juicio que permitan juzgar a Ríos Montt y a otros militares.
«No ha sido fácil el camino que nos ha tocado andar, pero la perseverancia y vencer tantos obstáculos como los 50 recursos que los abogados tuvieron que evacuar, las intimidaciones y allanamientos que sufrimos, dio sus frutos», relató Farfán, querellante adherente del caso.
La activista dijo que «llegará el momento» de juzgar a Ríos Montt, porque «él nunca participó directamente, pero sí fue el autor intelectual de la política de tierra arrasada», puntualizó.