Una polémica sentencia de casación contenciosa-administrativa de la Sala I del Poder Judicial de Costa Rica, vino recién a enmendar políticamente la plana de otra sentencia anterior de la Sala IV Constitucional, ambas sobre el proyecto minero Crucitas impulsado por la transnacional Infinito Gold y el sector más pro-imperialista y cipayo de la oligarquía nacional, […]
Una polémica sentencia de casación contenciosa-administrativa de la Sala I del Poder Judicial de Costa Rica, vino recién a enmendar políticamente la plana de otra sentencia anterior de la Sala IV Constitucional, ambas sobre el proyecto minero Crucitas impulsado por la transnacional Infinito Gold y el sector más pro-imperialista y cipayo de la oligarquía nacional, encabezado por el ex-presidente Oscar Arias e igualmente favorecido por la actual presidenta Laura Chinchilla. Ya entre los juristas del régimen se escucha decir que aquí no está ocurriendo lo que técnicamente se da en llamar «sentencias contradictorias» dado que, la Sala I se ocupa de asuntos de legalidad mientras que la Sala IV de los asuntos de constitucionalidad. Pero este argumento no es más que un intento de maquillar las aberraciones y contradicciones de un Derecho y un Sistema Judicial que sigue siendo esencialmente burgués y represivo. ¿O es que no es aberrante que ahora venga un tribunal contencioso-administrativo a echarse abajo un plan de inversión minera de esta envergadura, que ya tenía un voto constitucional favorable ? Aquí no se trata entonces de que cada Sala resuelve sobre su respectiva especialidad y que por tanto no hay sentencias contradictorias. Definitivamente estas sí son sentencias políticamente contradictorias porque al fin y al cabo todo Derecho es político y resuelve sobre relaciones y políticas públicas. ¿O es que no es cierto que -dejando de lado tecnicismos jurídicos- lo que principalmente se está quebrando aquí es la política ambiental recolonizadora de un capitalismo depredador, impuesta en los últimos lustros por gobiernos entreguistas a favor del Gran Capital imperialista de la industria extractiva?… Tampoco se trata aquí de que existan jueces decentes y democráticos (que los hay) y jueces corruptos y anti-democráticos (que también los hay) como tienden a vociferar ahora los ilusionistas del sistema judicial y de la institucionalidad democrático-burguesa del Estado costarricense. Esta otra idea -también traída a la luz por una justa euforia de los grupos sociales y ambientalistas ante la derrota del proyecto minero- hay que combatirla porque propicia una tramposa y arriesgada confianza en esa repodrida institucionalidad y sistema. Técnica y políticamente es lo cierto que la Sala I le enmendó la plana a la Sala IV en este asunto y todo el negociado de Crucitas y la oligarquía cipaya se está viniendo abajo. Esto es sin duda una importante estocada jurídica a la corrupta política ambiental del neoliberalismo imperialista.
TECHO Y TOLERANCIA DE LA DOMINACIÓN CAPITALISTA
Todos aquellos elementos de carácter democrático del llamado Estado Social de Derecho han sido en Costa Rica producto de luchas de los trabajadores y del pueblo costarricense a lo largo de las últimas 7 décadas. Desde el Código de Trabajo, pasando por la Salud y la Seguridad Social (Caja), el sistema electoral, la nacionalización de servicios estratégicos (banca, telecomunicaciones, electricidad, agua, puertos y aeropuertos), legislación agraria, educación pública, y hasta la legalización del Partido Comunista y la creación de la misma Sala Constitucional, son todas conquistas históricas y democráticas en los marcos de un Estado burgués. Estas conquistas -de puro reformismo burgués- deben hoy ser defendidas y más aún, profundizadas en tanto en su letra dan márgenes de acción política, organización y defensa de los intereses de los trabajadores. La burguesía nacional fue tolerante con estas conquistas en tanto no pusieran en entredicho su dominación y sirvieran incluso para su acumulación originaria de capital. Pero las mismas siempre han tenido un techo y este se achica especialmente en períodos de crisis capitalista. La tragedia del neoliberalismo en boga de las últimas dos décadas no es otra cosa que el asalto y el desmantelamiento de todo este andamiaje de conquistas democráticas que aún perviven a duras penas en el ordenamiento jurídico burgués costarricense y que a la postre, definían su llamado Estado Social de Derecho.
Desde esta perspectiva, el Derecho Ambiental -que es una de las ramas más recientes del Derecho- es otra conquista democrática en el marco del Estado burgués. Y hay que decirlo: en Costa Rica la legislación ambiental de las últimas décadas, surgida al influjo del desarrollo de las corrientes ecologistas universales, se ha convertido hoy por hoy y más rápido que ningún otro Derecho, en un franco estorbo para la implantación de los planes de super-explotación de un capitalismo imperialista y depredador de las riquezas naturales. El caso Crucitas es elocuente. El atropello técnico y legal de disposiciones y principios normativos ambientales y del Derecho Público fue tan grosero en este caso que, al más corrupto de los tribunales nacionales le sería muy difícil retorcer el Derecho -su propio Derecho- para favorecer a la transnacional minera.
Pero ese mismo sistema judicial que hoy parece sorprendernos con esta sanción a la corrupción ambiental, acaba de asestar un duro golpe a un amplio sector de comunidades organizadas que impugnan el peaje de la concesionaria Autopistas del Sol. Igualmente y después de verse obligado a procesar a dos expresidentes de la república y sus pandillas por corrupción, a todos ellos se les minimiza la pena y el sistema los deja impunemente libres. Las tendencias represivas y criminalizantes de las luchas sociales han sido sistemáticas en el Derecho y los Tribunales Penales costarricenses luego de las jornadas del Combo del ICE en el año 2000. En materia laboral y agraria son miles los casos de injusticias que se cometen diariamente en esos antros judiciales contra trabajadores y campesinos sin tierra, burlados todos en sus derechos. No por casualidad estos mismos tribunales en estos mismos días, declaran ilegales las huelgas en la Imprenta Nacional y de anestesiólogos de la Caja, así como el desalojo violento de las familias campesinas de Medio Queso de Los Chiles.
De todas estas contradicciones del Derecho y del Sistema Judicial burgués hay que sacar provecho y utilizarlas en todo lo posible. Pero de ahí a embelesar las bondades de un régimen repodrido que sigue siendo en su esencia burgués, anti-obrero, anti-ambiental, anti-popular y sistemáticamente represivo, hay un gran trecho. Con esto combatimos el ilusionismo y la confianza en ese Poder Judicial que tienden a tejer ahora cuanto progre y filisteo hay en el camino. Es necesario decir que las luchas legales, exitosas o no, son también esencialmente desmovilizadoras y tienden a convertirse en un mero «pleito de abogados» que inhiben la acción y organización de los sectores sociales en lucha.
Héctor Monestel es abogado, miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) de Costa Rica.
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