Incómoda en su traje institucional América Latina ve romperse todos los hilos con los que los cosió, sin que ningún sastre sepa tomar las medidas del nuevo, que le hace falta. Agotado el corsé neoliberal, durante una década se estuvo probando nuevos, sin que ninguno encajara a la perfección. Esta semana, el de Venezuela saltó […]
Incómoda en su traje institucional América Latina ve romperse todos los hilos con los que los cosió, sin que ningún sastre sepa tomar las medidas del nuevo, que le hace falta.
Agotado el corsé neoliberal, durante una década se estuvo probando nuevos, sin que ninguno encajara a la perfección. Esta semana, el de Venezuela saltó en pedazos, en medio de renovadas tensiones políticas y económicas y de un escenario de graves dificultades para la vida diaria de la población.
La OEA divide a América Latina
La crisis es ya de larga data, pero el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, ha puesto en el centro del debate regional la de Venezuela.
Ya en mayo del año pasado había invocado la aplicación de la Carta Democrática del organismo contra ese país, para lo que convocó a una reunión del Consejo Permanente que se llevó a cabo en junio del 2016. Ahí no se aprobó la propuesta de Almagro, pero el proceso promovido por el Secretario General ha seguido su curso.
En un largo documento divulgado el pasado 14 de marzo, Almagro pidió nuevamente aplicar la Carta Democrática y suspender Venezuela de la OEA si no convocaba elecciones dentro de treinta días. La sesión del Consejo Permanente se celebró el 27 y 28 de marzo recién pasados.
Si antes de la reunión un grupo de 14 países -Costa Rica entre ellos- se había manifestado a favor de la convocatoria, al final 20 países -de los 35 activos en la organización- se pusieron de acuerdo en una declaración de pocos párrafos en el que se insta a la OEA a «seguir examinando opciones, con la participación de todas las partes» y a definir una hoja de ruta «en el menor plazo posible» para «apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho» en Venezuela.
El documento fue presentado por la embajadora canadiense Jennifer May Loten y, al contrario del ultimátum de Almagro, no hace alusión a la celebración de elecciones, ni la liberación de presos políticos.
Criterio diversos
El resultado de la reunión fue evaluado con criterios diversos. Para el presidente de la Comisión de Exteriores del parlamento venezolano, Luis Florido, la sesión representó «un paso adelante» en la lucha contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. «Queda muy mal Maduro en el concierto de naciones», afirmó. «Hoy fueron 20 países, muy probablemente, en el próximo Consejo Permanente, sean más».
En vísperas de la reunión del Consejo Permanente, el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, amenazó a Haití, El Salvador y República Dominicana con el recorte de programas de ayuda norteamericanos si no votaban a favor de la condena a Venezuela, una presión que, sin duda, irá en aumento, como lo revela la marcha de este proceso.
Para el presidente Maduro, Venezuela obtuvo «una gran victoria: ni se aprobó la Carta Interamericana, ni el comunicado infame de la coalición de países de derecha. Victoria popular para Venezuela», afirmó.
El internacionalista Luis Quintana, citado por la alemana DW, estimó que esa reunión «se utilizó para calibrar fuerzas y sentar las bases para una mayor presión más adelante». Pero -agregó- «ayer no pudieron avanzar».
El jueves 30, «un funcionario del gobierno estadounidense aseguró, bajo anonimato, que el texto no había sido sometido a votación porque ‘ya tenía el acuerdo’ de más de la mayoría».
Almagro se presenta públicamente en la OEA con representantes de la oposición venezolana que acuden a Washington en busca de apoyo y ha asumido la agenda de esos grupos en sus informes. A fines de marzo recibió en la sede de la OEA la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, preso que la oposición califica de «político»; así como el gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial, Enrique Capriles, o el mismo Florido.
Jacobo Shifter, presidente del «Diálogo Interamericano», una institución con sede en Washington que reúne a diversas personalidades del hemisferio, estimó que «Almagro no tiene un estilo típico al de sus predecesores en la OEA». » Quiere tomar posiciones públicas «.
Una vieja historia
La decisión de Almagro de asumir una representación política no solo ha dividido el hemisferio, sino que ha despertado viejos recuerdos sobre el papel de la OEA que parecían haberse ido disipando, en la medida en que se iba renovando el traje político del continente.
Ahora, que todas las costura se han roto, Almagro trata de acomodarle un viejo traje.
Su actuación ha despertado viejos recuerdos sobre el papel de la OEA en el hemisferio que estaban algo olvidados.
El argentino Javier Tolcachier , investigador, escritor y militante del Movimiento Humanista, recordó lo que calificó como «función histórica» de esa organización desde su fundación en 1948, «en términos de alineamiento con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos».
Basta recordar, agregó, el aval dado al golpe de Estado en Guatemala en 1954; al golpe militar contra Salvador Allende, en Chile, en 1973; y al golpe militar en Brasil, contra João Goulart, en 1964. La OEA tampoco se manifestó contra la invasión de Panamá (1964), o de República Dominicana (1965) o de Granada (1983), cuando fue asesinado el presidente Maurice Bishop.
Pasqualina Curcio, Profesora Titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela, desempolvó un informe del Grupo de trabajo interagencial sobre Chile y remitido al entonces Secretario de Estado Henry Kissinger, el 4 de diciembre de 1970. Allende había asumido el poder un mes antes. El memorando contenía un informe de 56 páginas, decía Curcio, «el cual, de manera detallada, presentaba las opciones que podían ser tomadas por el gobierno de los Estados Unidos ante la situación en Chile». Entre los nueve puntos que formaban parte del informe, el punto 2 estaba directamente relacionado con la participación de la OEA en los planes para derrocar a Salvador Allende.
Curcio afirma, refiriéndose a la actuación de Almagro: «Tanto el informe de mayo de 2016, como el reciente del 14 de marzo de 2017, carecen de toda rigurosidad». Abundan afirmaciones imprecisas basadas exclusivamente en opiniones, juicios y valoraciones de la oposición; en casos en los que se muestran cifras, estas son tomadas solo de estimaciones no oficiales, resultado de ejercicios sin rigurosidad metodológica, que tratan de mostrar condiciones sociales y económicas negativas en Venezuela, dice Curcio.
Costura rotas
Lo cierto es que las costuras se han roto no solo en Venezuela. El reciente golpe institucional en Brasil siguió al pie de la letra un modelo inaugurado en junio del 2009, en Honduras, seguido, tres años después, en Paraguay.
La semana pasada la aprobación por el senado paraguayo de una propuesta para reformar la constitución y permitir la reelección presidencial (maniobra similar a la realizada en Costa Rica hace unos años) terminó en protestas y el incendio del Congreso. Una provocación que analistas paraguayos se permitieron comparar con el incendio del Reichstag alemán, que permitió a Hitler asumir el poder en 1933.
Pero las costuras se rompen por todos lados. Un breve recorrido nos permite recordar la situación de México, con sus cerca de 30 mil desaparecidos, en medio de una ola de violencia incontrolable; o de Colombia, donde 156 líderes sociales han sido asesinados en los últimos 14 meses, según informe de la Defensoría del Pueblo.
En Venezuela, la reciente decisión del Tribunal Supremo, de declarar en rebeldía la Asamblea Nacional -que, entre otras cosas, había declarado vacante la presidencia de la República- y asumir funciones legislativas, planteó un conflicto político en otra dimensión.
La medida fue revisada tres días después, ante las reacciones que provocó, pero dio pie a que la derecha más rancia del continente renovara sus demandas contra el gobierno de Maduro.
En Costa Rica, Oscar Arias pidió el retiro del embajador costarricense de Caracas, una medida que el gobierno adoptó ya hace meses. En Colombia, el senador y expresidente Álvaro Uribe, vinculado a las más atroces violaciones a los derechos humanos, pidió la prisión de Maduro; y en Perú, el conservador Pedro Pablo Kuczynski anunció que el retiro provisional de su embajador de Caracas se hacía ahora «definitivo».
Pero la incomodidad en su traje institucional es también una vieja historia en Venezuela. Como lo recordó en un texto en Facebook publicado el 31 de marzo, Jm Abreu escribió: «UN POCO DE MEMORIA CORTA: el 12 de abril de 2002, Carmona Estanga, por decreto se autoproclamó presidente de «la República de Venezuela» y de un solo plumazo disolvió, eliminó todos los Poderes del Estado… La historia es ampliamente conocida… Y la entonces la Corte Suprema de Justicia, en sentencia firme, declaró que en Venezuela no había ocurrido ningún golpe de estado… Todo el mundo lo vio por TV, menos los magistrados de la CSJ… Y entonces, en un gesto de profundo sentido democrático Chávez declaró: «No estoy de acuerdo con la sentencia, pero la acato porque es sentencia del máximo tribunal de la República»… Eso nunca lo ha hecho ahora la AN».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.